12 de Abril, 2011 - El banco público para el desarrollo DEG (Deutsche Entwicklungsgesellschaft), con sede en Colonia/Alemania, informó el día de ayer en un escrito dirigido al secretariado internacional de FIAN que después de analizar en profundidad la situación del conflicto agrario en el Bajo Aguán, Honduras, tomó la decisión de no seguir la relación contractual con la Corporación Dinant en Honduras.
El DEG declara que, por lo tanto, no desembolsará el préstamo acordado anteriormente con esta empresa. El propietario de la Corporación Dinant, Miguel Facussé, había indicado en una entrevista con la prensa nacional en 2010, que el préstamo acordado con la DEG era de 20 millones de USD.
Previamente a esta decisión, FIAN Internacional había presentado al DEG el “Informe Preliminar de la Misión Internacional” que entre el 25 de febrero y 3 de marzo del 2011 había investigado las violaciones de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, en el litoral atlántico de Honduras. Esta misión se realizó como un esfuerzo conjunto de las redes internacionales APRODEV, CIFCA, FIAN Internacional, FIDH, Rel-UITA y Vía Campesina, contando con el apoyo de las organizaciones nacionales de derechos humanos COFADEH, CDM, CIPRODEH, Comisión de Verdad y FIAN Honduras. El informe preliminar de la misión se había entregado también el 25 de marzo de 2011 en Washington al Relator para Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ante las graves violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, así como las evidencias recogidas sobre el involucramiento de servicios de seguridad privada contratados por las empresas de Miguel Facussé en abusos de derechos humanos , en particular, en asesinatos de campesinos en el Bajo Aguán, FIAN había solicitado al DEG revisar su relación contractual con estas empresas, especialmente con la Corporación Dinant, y suspender su cooperación financiera con ellas.
FIAN saluda esta decisión importante del DEG, ya que sigue las recomendaciones emitidas por la Misión Internacional: “Solicitamos que en el caso particular del Bajo Aguán la cooperación bilateral y los bancos multilaterales revisen todos sus acuerdos de cooperación financiera con las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas presuntamente involucradas en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región.”
Martin Wolpold Bosien, coordinador de FIAN para Centro América, considera que la decisión del DEG es un paso muy importante: “FIAN da la bienvenida a esta decisión, porque puede tener un efecto positivo para prevenir más violaciones de derechos humanos contra las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, al hacer entender a los actores que generan la represión que tal comportamiento tiene costos financieros”. “También”, sigue Wolpold-Bosien, ”refuerza peticiones similares presentadas a otras agencias de cooperación que siguen financiando las empresas denunciadas, tal como es el caso de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo, y el gobierno británico en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio.“