Bogotá, abril 27 - Además de una detención que más bien pareció secuestro, de un alarmante silencio oficial en torno a la entrega y de la nula opinión de fiscales, ministros, personeros, medios de comunicación, e incluso de la Alba, Venezuela no pidió ninguna garantía a los Derechos Humanos de Joaquín Pérez Becerra, comunicador sueco de origen colombiano detenido en Maiquetía luego de una conversación directa entre Juan Manuel Santos y el presidente Hugo Chávez. Colombia, en cambio exige todas las garantías para poder enviar a Makled a Venezuela.
El abogado de Walid Makled, Miguel Ángel Ramírez, sostuvo que un juicio oral y público entraría entre las garantías que debe dar el Gobierno de Venezuela a Colombia para que se cumpla la extradición.
La defensa manifestó que esperan que se ratifiquen los compromisos para que se consolide el traslado de Makled a Venezuela.
Este martes, el Ministro colombiano de Interior y Justicia, Germán Vargas Llera, enfatizó que la extradición espera por las garantías de Venezuela de cumplir con la preservación de los derechos humanos del solicitado.
Ramírez indicó que los compromisos están relacionados con “no someter al señor Walid Makled a una desaparición forzosa; no someterlo a tratos crueles e inhumanos; no darle pena de muerte si llegase a ser condenado; además, darle un juicio público y oral que pueda controvertir la prueba”. Es decir, todo lo que faltó para Joaquín Pérez Becerra por parte del gobierno venezolano.
Por otro lado, el abogado de Makled aseveró que no posee ninguna información sobre una posible entrevista entre el presunto narcotraficante y autoridades estadounidenses. “Si ha hecho estas reuniones no ha sido por el canal de las firma de abogados, ya que él tiene la autoridad de hacer sus gestiones independientes”, sostuvo.