El encuentro fue instalado por el representante a la Cámara Hernando Hernández Tapasco, la senadora Gloria Inés Ramírez, un delegado de la INSPP (USA), una delegada de Justicia por Colombia (Londres) y la dirigente política Piedad Córdoba Ruiz, esta ultima quien denuncio los tratos crueles y degradantes a los que son sometidos los mas de 7500 prisioneros políticos en Colombia.
El encuentro permitió que se hiciera un contexto nacional sobre las condiciones de reclusión a las que son sometidas y sometidos los prisioneros políticos, dando paso a que familiares de prisioneros políticos expusieran a viva voz sus dolidos testimonios.
Durante la jornada, se denunciaron los casos emblemáticos de la prisionera de guerra Marinelly Henrnadez, declarada en ruptura y condenada a cadena perpetua de facto, el de la prisionera de conciencia Liliany Obando, defensora de derechos humanos y dirigente sindical detenida arbitrariamente con pruebas declaradas ilegales por la corte suprema de justicia, el del prisionero Wilfredo Díaz Bermúdez campesino agricultor víctima de montaje judicial, el del prisionero de conciencia David Rabelo, defensor de derechos humanos detenido arbitrariamente como forma de persecución política, el prisionero de guerra Jairo Fuentes, condenado a cadena perpetua de facto, el prisionero de guerra Diomedes Meneses, torturado y lisiado por el estado colombiano, entre otros.
Del mismo modo, se denuncio la Penitenciaria de Valledupar “La Tramacua” como caso emblemático de la aplicación de la política de tortura y tratos crueles contra los reclusos, rechazando los crímenes de lesa humanidad que el INPEC viene consumando y la omisión a las justas peticiones de los reclusos en el marco de la jornada de desobediencia pacifica que adelantan en exigencia de trato digno, traslados por cercanía familiar y cierre de dicho penal.
El evento culmino con una declaración política donde se anuncio la conformación de la coalición nacional e internacional “Larga Vida a las Mariposas” que se encargara de hacer un seguimiento a la situación de las y los prisioneros políticos en Colombia, al tiempo que se concentrará en el desarrollo de acciones para reclamar su trato digno y su libertad.
La declaración política también incluyo un llamado al gobierno venezolano para que cese la entrega de prisioneros políticos al gobierno colombiano, en consecuencia con sus manifestaciones de apoyo a la solución política y negociada al conflicto colombiano y del acuerdo humanitario.