Por: Omar Vera

Una delegación de 83 desplazados de la finca Las Pavas, junto a otros campesinos y mineros del sur de Bolívar, el Movimiento Nacional de víctimas de Crímenes de Estado y defensores de derechos humanos, hizo presencia en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el pasado 14 de diciembre, para exigir al gobierno que respete la verdad sobre el desplazamiento forzado que vivió esta comunidad en 2003, cuando los paramilitares reunieron a los pobladores para decirles que debían irse si no querían ser asesinados.

La protesta se dio mientras representantes de las cuatro principales plataformas de defensa de los derechos humanos en Colombia y Misael Payares, uno de los voceros de los campesinos de Las Pavas, se reunían con el gobierno para exigir claridades ante las declaraciones del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien señaló, el pasado 1 de diciembre, que dentro de estos campesinos se encontraban unas falsas víctimas que habían usado argumentos “fraudulentos” y que estaban “fabricando víctimas de desplazamiento para interponer recursos y reclamar millonarias indemnizaciones del Estado”.Las acusaciones ocurrieron después de que el polémico grupo Daabon denunciara penalmente a los campesinos por el delito de despojo de tierras, luego de su retorno a Las Pavas en el pasado mes de abril, y la fiscal Myriam Martínez, de Cartagena, emitiera un informe en el que señalara que en la zona no hubo presencia paramilitar ni desplazamientos forzados por esta causa, y que varios de los líderes de la comunidad de las Pavas tendrían vínculos con la guerrilla. Sin embargo, las declaraciones de varios jefes paramilitares confirman que no sólo han operado en esta región desde inicios de los años 90 sino que instalaron una base de operaciones allí. Para las 123 familias de Las Pavas estas acusaciones sólo aumentan la persecución que han sufrido durante los últimos años por el simple hecho de reclamar su tierra y han exigido protección por el grave riesgo que corren sus vidas.

Al grupo Daabon, de propiedad de la familia Dávila Abondano de Santa Marta y beneficiario de millonarios subsidios de Agro Ingreso Seguro, las denuncias por el caso de Las Pavas ya le había costado uno de sus principales negocios en 2009, cuando la oficina principal de The Body Shop, multinacional productora de cosméticos, le cancelara los contratos como proveedor del aceite de palma usado en sus productos, pues según diferenes campañas internacionales esta sustancia provenía de cultivos ubicados en terrenos usurpados por acción de los paramilitares o reclamados por campesinos desplazados en el norte de Colombia, como es el caso de Las Pavas, que Daabon había comprado en 2007.

Este caso hizo que la Corte Constitucional ordenara al Incoder adelantar un proceso de extinción de dominio que, debido a problemas en el trámite por parte de funcionarios de esa entidad, aún no ha sido llevado a cabo. Actualmente, Las Pavas son explotadas por la empresa Aportes San Isidro, coopropietaria de Daabon, que ha extendido los cultivos de palma aceitera sobre algunas de las tierras que los desplazados reclaman como propias y ha pedido la intervención de las autoridades para expulsar a los campesinos retornados.

Para Eliud Alvear Cumplido, un labriego que además es educador y uno de los líderes de Las Pavas acusados por la fiscal Martínez, los señalamientos del grupo Daabon, la Fiscalía de Cartagena y el ministro Vargas Lleras ponen en gran riesgo a la comunidad de campesinos desplazados y “son como si nos pusieran una lápida en el pecho”, pues “en los alrededores todavía hay algunos grupos al margen de la Ley”. Agrega que el informe de esa Fiscalía “hace referencia a un caso de 2009, que es diferente a lo que nosotros estamos reclamando” y que, por ello, los campesinos no se explican las acusaciones que contra ellos formuló el ministro del Interior. Por su parte, la fiscal general de la nación, Viviane Morales, visitó Las Pavas el pasado 8 de diciembre, donde escuchó a la comunidad y pudo comprobar la situación en la que se encuentran. Sin embargo, aclaró que la Fiscalía General de la Nación se encargaría sólo de investigar si en el caso de 2009 la fiscal de Cartagena había realizado una investigación adecuada y que no se encargaría de los anteriores desplazamientos, donde la justicia ya ha fallado a favor de los desplazados.

A este respecto, Etni Torres, criador de ganado a pequeña escala desde hace veintiún años y otro de los líderes de Las Pavas señalados por el informe de la fiscal Martínez, señala que lo que buscan es. precisamente, que se investiguen estos hechos “para que se llegue a la verdad y para que la opinión pública, tanto nacional como internacional, se dé cuenta de que los campesinos de Las Pavas son campesinos reales y que son víctimas de la violencia en Colombia”. Por eso, insiste, “estamos aquí, mostrando la cara para que el país se dé cuenta de que no nos estamos escondiendo: no tenemos miedo ni tenemos por qué tenerlo y estamos pidiendo que el gobierno rectifique las palabras que han dicho en contra de nosostros”.