05/02/12.-El Movimiento “Occupy Wall Street” (OWS) protestó este viernes contra la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), que asigna millonarios recursos al sector de defensa del país.
La protesta se llevó a cabo en la ciudad de Rockford, en el Estado de Illinois, según reseñó la agencia Prensa Latina.
La normativa fue firmada por el presidente Barack Obama el último día de 2011 y asigna unos 662.000 millones de dólares al ámbito militar.
La ley además permite la detención indefinida de personas acusadas de ser “sospechosas de terrorismo” sin presentar cargos y el encarcelamiento de ciudadanos estadounidenses sin someterlos a un proceso judicial y remitirlos a fuerzas militares.
Desde el Movimiento Occupy denunciaron que la norma es inconstitucional porque viola la cláusula de derecho a un debido proceso sancionado por la Constitución estadounidense.
El activista Gillian Zekos declaró que “la gente está preocupada de que cualquier incidente abra las puertas a las disposiciones del proyecto. No quisiera ver a los soldados en las calles fungiendo como policías”.
Por su parte, Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu), señaló que “la acción de Obama constituye una mancha en su legado, porque siempre será conocido como el presidente que firmó la detención indefinida de personas sin cargos ni juicio”.
“Esta medida supone un ataque enorme al país y su patrimonio, así como un paso significativo hacia el fascismo, expresó David Gespass, presidente de la Asociación Nacional de Abogados (ANA).
El mecanismo de detención de personas de manera indefinida se comenzó a aplicar en Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono.
Esta metodología fue puesta en marcha por la entonces administración del presidente George W. Bush, bajo el argumento de la lucha global contra el terrorismo.
Debido a esta medida, Estados Unidos mantiene todavía cárceles ilegales donde son recluidos los supuestos sospechosos, como es el caso de la Base Naval en la bahía de Guantánamo, Cuba.
Informes de prensa aseguran que la Casa Blanca mantiene en ese penal a más de 170 reos en un limbo judicial, donde se han producido severos casos de torturas y abusos a los derechos humanos.
