31-03-14.-La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela expresa su preocupación por el apoyo tácito que algunos medios de comunicación en España, están brindando a la violencia promovida en Venezuela por algunos sectores de ultraderecha, después que se cuadruplicara la diferencia de votos con la oposición a favor del presidente Nicolás Maduro en las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2014, planteadas por la oposición venezolana como un plebiscito.

Entre los puntos que destacan de la nota aclaratoria, se encuentran puntos como los siguientes:

Se invisibilizan de manera permanente las acciones de violencia letales cometidas por grupos de extrema derecha y de la oposición no democrática.

Se invisibiliza o relativiza el carácter democrático del gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus esfuerzos por promover espacios de diálogo, así como sus resultados; además del apoyo obtenido de los países y organismos de la región.

Se intenta criminalizar al Estado por la aplicación de la Ley para garantizar la paz social, victimizando a los grupos violentos y sus cómplices, buscando generar condiciones que les permitan actuar con impunidad.

Se oculta el escaso apoyo social que tienen las actuales protestas violentas contra el gobierno.

Se transmite una imagen de desgobierno y de caos generalizado que no se corresponde con la realidad.

No se informa de las acciones del gobierno para prevenir y castigar, según lo establece la Ley, los casos de abusos por parte de algunos funcionarios de las fuerzas del orden.

A continuación se presenta la Nota Aclaratoria de la Embajada de Venezuela en España.

En este contexto queremos aclarar hechos clave de los últimos días:

1. Acciones de violencia focalizada, incluyendo quema de edificaciones y transportes públicos y de alimentos, cierre de calles con quema de basura y levantamiento de alcantarillas, así como asesinatos, envenenamiento de embalses de agua y provocación de incendios forestales –acciones terroristas que han sido englobadas bajo el término “guarimbas”—, han continuado en zonas de clase media alta de algunos municipios controlados por la oposición (menos del 2% de los municipios del país).

2. Dos alcaldes han sido sentenciados por el Tribunal Supremo de Justicia, Daniel Ceballos (San Cristóbal, estado Táchira), y Enzo Scarano (San Diego, estado Carabobo), debido al incumplimiento público y notorio de amparos cautelares que les exigían garantizar en sus municipios la preservación de los derechos ciudadanos. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, explicó que los amparos cautelares respondieron a demandas de protección de derechos ciudadanos y de la constatación del incumplimiento de algunas de las funciones de los alcaldes, establecidas en el artículo 178 de la Constitución. La sanción aplicada a los alcaldes está ajustada a derecho y cumple con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre derecho y garantías constitucionales.

3. La ciudadana María Machado, siendo diputada de la Asamblea Nacional, aceptó asumir un cargo como representante alterno de un país extranjero (Panamá) ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Este acto viola los siguientes artículos de la Constitución:

a. Artículo 149: “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional”.

b. Artículo 191: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva”.

4. Algunos medios pretenden ahora hacer ver a la señora Machado –ex dirigente de la organización Súmate, que pretendió suplantar al Consejo Nacional Electoral venezolano con apoyo de la administración de George W. Bush— en líder de la oposición venezolana, lo cual contrasta con el hecho de que quedó en el último lugar en las elecciones primarias realizadas por la oposición para elegir su candidato a las presidenciales.

5. El gobierno anunció el 26 de marzo la detención de 3 generales de la aviación venezolana, por los indicios que los implican en un plan para promover una sublevación de las Fuerzas Armadas, para apoyar el golpe continuado que se intenta concretar en Venezuela. Los señalados fueron puestos a la orden por los tribunales militares.

6. Entre el 12 de febrero y el 28 de marzo, las acciones de violencia promovidas por la ultraderecha venezolana han dejado un lamentable saldo de 37 personas fallecidas y 525 lesionadas. La mayoría de los fallecidos y heridos ha sido por causa directa de las llamadas “guarimbas”, en aquellos casos excepcionales en los cuales las investigaciones han determinado la responsabilidad de funcionarios de las fuerzas del orden público, éstos desde el principio de los acontecimientos han sido puestos a la orden de la justicia. De los fallecidos 8 son funcionarios (varios de ellos asesinados por francotiradores, mientras cumplían con su deber), incluyendo una detective que fue asesinada por policías del municipio Chacao (controlada por un alcalde opositor), cuando detenía infraganti a un ciudadano para ser presentado ante los tribunales; además se cuentan 180 funcionarios heridos.

7. Han sido presentadas ante la justicia, entre el 12 de febrero y el 28 de marzo, por indicios de sus responsabilidades en acciones de violencia, 2.153 personas. De éstas sólo 164 personas han sido privadas de libertad, por la gravedad de los indicios criminalísticos en su contra. Se encuentran 17 efectivos policiales detenidos, presuntamente vinculados a violaciones de los derechos humanos. Apenas 39% de los privados de libertad son estudiantes.

8. Las instituciones del Estado han ejercido una labor escrupulosa y eficaz, a través de los mecanismos que establece la Ley, para controlar la violencia y preservar el orden. Medidas judiciales están siendo aplicadas con igual rigor a ciudadanos particulares y a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Contrario a lo que se ha señalado en algunos medios, la Fiscalía venezolana ha actuado de manera ejemplar desde el principio de estos acontecimientos, investigando y procesando todas las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos, fuesen presentadas ante la Fiscalía o sólo en los medios de comunicación.

9. Varios ciudadanos de doble nacionalidad española/venezolana o española se han visto implicados en hechos de violencia. En todos los casos el gobierno está coordinando su actuación con los consulados y la Embajada española en Venezuela, en orden a esclarecer los hechos y garantizar el mejor tratamiento posible, dentro del respecto a la legislación venezolana y a los acuerdos suscritos entre ambos países. Sobre el caso del ciudadano español Wilmer Carballo de 43 años, la fiscalía informó que murió el 24 de febrero en el sector Fundación de Cagua, municipio Sucre del estado Aragua, tras recibir un disparo. El Ministerio Público comisionó a los fiscales 32º de Aragua y 3º de Táchira, Rolando García y Nelson Montero, respectivamente, a fin de dirigir la investigación para esclarecer su fallecimiento.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha expresado públicamente y en reiteradas oportunidades su más enérgico rechazo al empleo de la violencia, así como a cualquier recurso ilegal o inconstitucional por parte de cualquier sector político. Así mismo, ha exigido la actuación ejemplar y sin distingo de las instituciones de justicia. Igualmente, ha expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de que cualquier delito cometido por funcionarios policiales en el transcurso de sus actuaciones sea castigado de inmediato.

11. Preocupa que algunos medios pretendan criminalizar al Estado por la aplicación de la Ley para garantizar la paz social y controlar a los grupos violentos, mientras estos mismos medios minimizan o justifican estas acciones de violencia o incluso sentencian como responsables a simpatizantes del gobierno.

12. A pesar de esta feroz campaña de desinformación, el país está funcionando con normalidad y el gobierno sigue desarrollando su gestión, por ejemplo, se acaba de crear una nueva misión para fortalecer el transporte público masivo; y se lanzó un tercer sistema cambiario de libre flotación, que ya ha logrado disminuir significativamente la cotización que tenía el dólar estadounidense en el mercado negro.

13. El gobierno además sigue avanzando en la promoción de espacios de diálogo con todos los sectores de la vida nacional y ejecutando los acuerdos a los que se ha arribado. Desde la instalación el 26 de febrero de la Conferencia Nacional de Paz, se han desarrollado múltiples encuentros con las fuerzas políticas democráticas, empresarios, estudiantes, comunas, mujeres y pueblos indígenas; y en distintos estados como Táchira, Carabobo, Anzoátegui, Zulia, Mérida y el Distrito Capital. En la Conferencia de Paz para la Economía se aprobaron 53 acuerdos (de los 59 propuestos), sobre los que ya se está trabajando –(incluyendo la firma de importantes convenios con sectores económicos como el farmacéutico y el textil). El 27 de marzo se anunció la creación de un Consejo Nacional de Derechos Humanos, como resultado de la Comisión Política de la Conferencia de Paz. Leopoldo Puchi, dirigente del partido opositor Movimiento al Socialismo (MAS), y miembro titular de la Comisión Política de la Conferencia de Paz, resaltó el esfuerzo y la importancia del trabajo realizado y que la presencia de los cancilleres (de la Unasur) forma parte de esta acción destinada a preservar la paz en el país. Sin embargo, la oposición no democrática se sigue negando a incorporarse a los distintos espacios de diálogo abiertos.

14. Los organismos multilaterales regionales siguen condenando la violencia y apoyando el diálogo promovido por el gobierno venezolano. Entre los días 25 y 26 de marzo los Cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) estuvieron en Venezuela apoyando la Conferencia Nacional de Paz y se reunieron con diversos sectores de la política venezolana. La Comisión fue recibida por el presidente Maduro y mantuvo reuniones con las Comisiones Política y Económica de la Conferencia Nacional de Paz, donde participaron diputados de diversos partidos tanto del gobierno como de la oposición, así como representantes de los sectores productivos y gremios económicos del país. También se reunieron con líderes de partidos políticos que conforman el Gran Polo Patriótico (GPP) –que es la coalición de partidos que apoya al gobierno—, y la Mesa de Unidad Democrática (MUD), - coalición de partidos opositores—, con el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría del Pueblo, con el Nuncio Apostólico y representantes de distintos credos religiosos, además de organizaciones de derechos humanos y líderes estudiantiles. La Comisión registró la disposición al diálogo de todos los sectores democráticos y el reconocimiento de la importancia de promover un ambiente pacífico que favorezca las conversaciones entre el Gobierno y los distintos actores políticos, económicos y sociales del país. Asimismo, la Comisión ha identificado en sus contactos un firme rechazo de todos los sectores a los lamentables actos recientes de violencia, condenando cualquier tentativa de ruptura del orden democrático y manifestando su compromiso con el respeto de todos los derechos humanos.

15. En contraposición a la actitud constructiva y respetuosa de la democracia venezolana por parte de los países de América Latina y organismos regionales como la OEA, la Celac o la Unasur, preocupa que el gobierno de Estados Unidos y algunos sectores desde la Unión Europea insistan en la promoción tácita de estas acciones vandálicas, que buscan la desestabilización del Estado, procurando la ruptura de la institucionalidad democrática.

16. La última encuesta del grupo privado International Consulting Services revela que 55,8% de los venezolanos votarían actualmente por el presidente Nicolás Maduro, si se hicieran elecciones, datos que desmienten –al igual que las sucesivas elecciones ganadas por el presidente Maduro— la tesis de la falta de apoyo popular al gobierno legítimo y democrático de Venezuela. Otra encuesta del grupo privado Hinterlaces señala que el 87% de los venezolanos rechaza las protestas violentas o guarimbas.

El gobierno venezolano seguirá actuando, de acuerdo a la Constitución y las leyes, para cumplir con sus responsabilidades en la preservación de la paz, el bienestar de la ciudadanía y la salvaguarda de los derechos humanos.