Maracaibo.- El pasado viernes 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, fecha en la que los movimientos ecologistas de todo el mundo se manifiestan en contra de las distintas actividades productivas que depredan el medio ambiente, en Maracaibo los diputados indígenas promovieron una movilización a favor de la explotación del carbón en la Sierra de Perijá.

Esta movilización pro-carbón es algo que en la Cuarta República nunca pudieron lograr las multinacionales y sus socios-representantes criollos.

A lo largo de la década del 90, durante los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, se llevó a cabo en el estado Zulia toda una movilización social en contra de la explotación del carbón en Perijá. Los protagonistas de esa lucha pasada son los mismos que hoy encabezan la lucha contra la ampliación de la explotación carbonífera en el Zulia: las comunidades indígenas y las organizaciones ecologistas. En el bando contrario, muchos personajes son los mismos, como Luis Soto Luzardo, adeco infiltrado en Corpozulia desde tiempos del puntofijismo, pero hay muchas caras nuevas, los supuestos “bolivarianos” que han terminado representando los intereses de las compañías multinacionales del carbón.

Detrás de la ampliación de la producción de carbón en el Zulia están diversas compañías multinacionales como Anglo American Coal, Ruhrkohle, TransMar Coal, Tomen, Excel, Corporación Vale do Rio Doce, COSA/Cipower Service Limited, Maicca, Royal Haskoning, Corporación Carbones de Perijá, Transportes Coal-Sea de Venezuela, C.A., Alkyon Hidraulic Consultancy & Research, Inter American Coal, y otras. Las mismas responden básicamente a intereses exógenos por apropiarse de fuentes de energía que no son necesarias en Venezuela.

Estos intereses foráneos son los que están movilizando engañosamente a masas de desempleados en el Municipio Mara para que se enfrenten a las organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas que se oponen a que se amplíe la producción de carbón en el Zulia.

Como ya dijimos, esta sincronía entre multinacionales, corporaciones del estado (Corpozulia, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía) y líderes políticos pseudobolivarianos nunca se había manifestado antes con la fuerza que hoy desarrolla. En la cuarta república siempre hubo persecución contra los ambientalistas y aislamiento contra las comunidades indígenas que se oponían a estas explotaciones mineras y defendían sus territorios. En ese entonces nos acusaron de trabajar para la guerrilla colombiana, pero a la vez, de estar al servicio de compañías colombianas de carbón y de petróleo que supuestamente tenían interés en que esas explotaciones no se realizaran del lado venezolano. Al profesor Lusbi Portillo, según un informe de inteligencia que manejaba la Guardia Nacional (defensora en ese entonces de los intereses ganaderos y mineros en el Zulia), se le catalogaba en 1997 de “subversivo peruano”, según nos informó en ese año la fiscal de ambiente Josefa Camargo. Esa acusación la ha revivido el diputado indígena “bolivariano” Arcadio Montiel, al repartir un volante en la movilización del 22 de abril en la cual se acusa al profesor Portillo de peruano. En días pasados, el señor Orangel Paz, quien dice ser profesor universitario, calificó en forma despectiva y poco seria al profesor Lusbi Portillo como “comandante putumayo”, con lo que da a entender un supuesto origen extranjero (colombiano, en este caso) del conocido luchador zuliano en materia de ambiente e indigenismo.

Los pseudo-bolivarianos repiten las viejas acusaciones que los adecos y copeyanos nos hacían en los 90. No es por casualidad. Porque detrás de personajes como Arcadio Montiel y el general Martínez Mendoza (presidente de Corpozulia), se encuentran los mismos intereses multinacionales que en los 90 utilizaban a los dirigentes de AD y COPEI como representantes de sus intereses económicos en Venezuela.

La marcha pro-carbón del 22 de abril expresó un peligroso matiz persecutorio contra los dirigentes ambientalistas. El volante mencionado declara “persona no grata” al profesor Lusbi Portillo. Manipulan falsas informaciones, diciendo que los ambientalistas están proponiendo el “cierre de las minas de carbón”. En realidad, la propuesta que se ha levantado es que NO SE AMPLÍE LA EXPLOTACIÓN DE CARBÓN, que actualmente es de 8 millones de toneladas al año, y que Corpozulia ha fijado una meta de llegar a entre 20 y 30 millones de toneladas al año. Al mentirle a los obreros del carbón, y a la gran masa de desempleados del municipio Mara, diciendo que los ambientalistas están proponiendo algo que prácticamente los dejaría sin trabajo, se está exponiendo a los dirigentes ambientalistas, como Lusbi Portillo, a sufrir no sólo el repudio, sino también la agresión física de parte de esta gran masa de desempleados.

Con la protesta contranatura del 22 de abril, la dirigencia pseudo-bolivariana ha iniciado una campaña persecutoria contra las organizaciones ambientalistas y contra las comunidades indígenas que se oponen a la ampliación de la explotación carbonífera en el Zulia. Es la primera vez que fuerzas gubernamentales y multinacionales logran un consenso para reprimir a los sectores populares que se oponen al carbón. Lamentablemente, esta alianza se ha logrado en medio del proceso revolucionario.

Mientras los movimientos indígenas de toda América Latina se han manifestado reiteradamente en contra de explotaciones de petróleo y de carbón (entre otras) que afectan profundamente al medio ambiente y a sus territorios ancestrales, en Venezuela los dirigentes indígenas pseudo-bolivarianos marchan en sentido contrario, aliándose a las multinacionales y combatiendo a las organizaciones ambientalistas. Para estos falsos revolucionarios, Venezuela ahora es de todas... las multinacionales.


Nos negamos a que esta revolución bolivariana termine con estas consignas absurdas, antipopulares, antinacionales y proimperialistas. Que nos lleven presos.

Roberto López Sánchez
Miembro del Movimiento 13 de abril-Proyecto Nuestra América y miembro de la Coordinación de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)-Zulia.