La Paz, mayo 30, 2005.- Es una de las pocas mujeres que dirige la lucha revolucionaria que se libra en Bolivia contra el imperialismo y las transnacionales. Marcha siempre al frente y es la primera en chocar con los policías y militares que resguardan la Plaza Murillo, donde se encuentran el Parlamento y el Palacio de Gobierno.

En las dos últimas décadas ha caído varias veces en la cárcel y ha sido golpeada y torturada, pero no se rinde y sigue proclamando la urgencia de hacer la revolución ahora y de que obreros y campesinos tomen el poder. Cree que es la única solución para acabar con el hambre y la miseria, que agobian a casi siete de cada 10 bolivianos, que, paradójicamente, viven en un país inmensamente rico en gas, minerales, tierras, bosques y biodiversidad, y con mucho más para alimentar y hacer felices a su nueve millones de habitantes.

"Es que las transnacionales saquean nuestro país y se llevan todo. Sólo dejan migajas para los bolivianos", explica Vilma Plata, militante del trostkysta Partido Obrero revolucionario (POR), a la que encontramos en pleno centro de La Paz, a la cabeza de miles de maestros y profesoras que claman por la nacionalización del gas y el petróleo y por la revolución.

EXPULSIÓN DE TRANSNACIONALES

"La lucha tiene un solo objetivo y es expulsar ahora a las transnacionales y no para las calendas griegas. Llamamos al pueblo boliviano a no dejarse engañar con las direcciones traidoras de organizaciones como el MAS (Movimiento al Socialismo)que pretenden desviar esta gran movilización hacia la Asamblea Constituyente", asegura al cuestionar como "traidores" a los seguidores del diputado cocalero Evo Morales, que tienen mucha influencia entre campesinos de los valles y el oriente, colonizadores y cocaleros.

"Dicen que la Asamblea Constituyente será el paraíso, dicen que allí vamos a resolver nuestros problemas, pero eso es mentira, mil veces mentira. La Constituyente no va a solucionar el hambre y la miseria del pueblo, lo único que hará será unos retoques a la Constitución Política del Estado, porque mantendrá intacta la protección a las transnacionales y a la propiedad privada burguesa que son las causantes del estado de miseria en Bolivia", agrega.

En el análisis de los sectores más radicalizados del movimiento obrero y popular boliviano, como son los mineros, maestros urbanos, campesinos del altiplano y vecinos y trabajadores de los barrios más pobres de La Paz y El Alto, la lucha por alcanzar la nacionalización de los hidrocarburos está empujando a los bolivianos a derrocar a la burguesía y a instaurar el gobierno de obreros y campesinos. Los dirigentes de estos sectores descartan que el gobierno del presidente Carlos Mesa y Congreso, dominado por los partidos neoliberales que gobernaron con el ex presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada, derribado en octubre del 2003 por una insurrección popular, tengan la voluntad y/o la capacidad para reconquistar los más de cien mil millones de dólares en reservas de gas y petróleo que están en manos de las transnacionales como Repsol, British Petroleum, Petrobras, Total, Enron, Shell y otras.

Por ello, frente a la disyuntiva de que el movimiento obrero y popular se encamine, como lo está haciendo ahora, hacia el cierre del Parlamento y a liquidar la democracia burguesa, el MAS, Mesa y el Congreso han comenzado a trabajar desde hace una semana en la convocatoria a una Asamblea Constituyente, con la esperanza de desinflar la ola revolucionaria que convulsiona Bolivia desde hace dos semanas y que mantiene cercada a La Paz por más de una semana.

CRECE LA MOVILIZACIÓN

Desde las primeras horas de este lunes, grandes columnas de manifestantes, conformadas por trabajadores, maestros, desocupados, comerciantes minoristas y universitarios comenzaban a descolgarse desde la ciudad de El Alto sobre el centro de La Paz. El objetivo, como el de todos los días, es intentar tomar la sede del Congreso y el Palacio de Gobierno, protegido por centenares de policías y militares.

"Pedimos el cumplimiento de la agenda de octubre (del 2003) que es la nacionalización de los hidrocarburos, la industrialización del gas, el cierre del Congreso y cárcel para Sánchez de Lozada y para todos sus colaboradores", dice Edgar Patana, el principal dirigente de la Central Obrera de El Alto, al inicio de la marcha de 12 kilómetros que separan esa ciudad del centro de La Paz.

El Alto, una urbe de casi 800 mil habitantes y que tiene la llave de los principales accesos terrestres y aéreos de La Paz, está en paro cívico vecinal desde hace una semana y amenaza con cortar del todo el abastecimiento de alimentos y carburantes para doblegar al gobierno y al Congreso, que aún creen que con la Asamblea Constituyente podrán poner a buen recaudo la democracia formal y los intereses de las transnacionales y de la dividida oligarquía nacional.

ASAMBLEA Y PROPIEDAD PRIVADA

La Constituyente no tiene, hasta ahora, definidas las formas de elección de sus representantes ni el alcance de sus atribuciones, aunque se conoce que mantendrá en gran medida las características del actual Parlamento, elegido por voto directo de los ciudadanos y donde los sectores obreros, campesinos e indígenas pierden su predominio. Los propugnadores de la Constituyente buscan, además, una fuerte presencia de los empresarios, de la oligarquía y de los partidos neoliberales para lograr la adhesión de las clases dominantes asentadas en el oriente del país y que hasta ahora son reacias a
esta Asamblea, por considerarlas como peligrosas para las empresas, la democracia y la propiedad privada.

Hasta ahora han sido vanos los intentos del MAS de Evo Morales para convencer a los sectores cívicos y empresariales del oriente, especialmente de Santa Cruz, que la Constituyente no confiscará los latifundios ni estatizará los medios de producción ni nacionalizará los hidrocarburos ni menos tocará la propiedad y riqueza de los oligarcas. Hasta ahora, Morales tampoco ha podido convencerlos que su partido, el MAS, sólo lleva el rótulo de socialista de adorno y que si llega a la presidencia, a través de elecciones, propugnará un capitalismo de Estado, con una economía mixta y con pleno respeto para la banca, las transnacionales y la empresa privada nacional.

ACCIÓN DIRECTA

Exactamente todo lo contrario de lo que buscan los sectores más radicalizados del movimiento obrero y popular boliviano. "La única forma en la que expulsaremos a las transnacionales será a través de la acción directa de los trabajadores, por la vía insurreccional", dice Vilma Plata, dirigente de uno de los sectores que ha hecho alianza con los mineros y ha dejado en segundo plano la demanda de un incremento salarial.

"No estamos dispuestos a transar por cuestiones secundarias, que nos vaya a plantear el Ministerio de Educación. Aquí lo que hay resolver es la nacionalización e industrialización de nuestros hidrocarburos. Y a partir de ahí, tendremos el dinero necesario para satisfacer las necesidades de pan, trabajo y educación".

"Las elecciones o la Asamblea Constituyente son pura distracciones. No vamos a pedir elecciones para que otro vivillo politiquero de la misma clase dominante suba otra vez al poder. Ya hemos tenido la experiencia de octubre. Octubre ha dejado inconcluso algo: los trabajadores hacemos la lucha y los trabajadores debemos conquistar el poder político y el poder económico para ser gobierno, porque somos los únicos que generamos la riqueza en este país", agrega, mientras estallan, otra vez, los cachorros de dinamita y los gritos de "obreros al poder", "campesinos al poder, "el pueblo al poder".


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