El llamado del presidente Mesa a un referendo en octubre agudizó la agitación social - Después de 13 días de paro y bloqueos de ruta, la escasez de comida y de nafta comienza a sentirse en la capital.

El llamado del jueves del presidente de Bolivia, Carlos Mesa, a votar en un referendo el 16 de octubre la convocatoria a una Asamblea Constituyente y a las autonomías departamentales (de provincias) no calmó los ánimos de los bolivianos, que a derecha e izquierda criticaron la medida y siguieron sus demandas en medio de renovados rumores de golpe militar y de un llamado concreto a la puerta de los cuarteles por parte de un grupo minoritario de militares retirados y de civiles.

La capital La Paz sigue bloqueada; el aeropuerto de El Alto casi sin actividad, ya se siente ausencia de alimentos y los combustibles se agotarían mañana por la falta de acceso de transporte, tras trece días de paro.

Ayer, los trabajadores que abastecen de carne a los mercados de La Paz y El Alto se sumaron al paro y ordenaron restringir el ingreso de ese producto a la sede de gobierno. En Santa Cruz de la Sierra hay tomas de pozos petroleros de la empresa Chaco; en la zona cocalera de Chapare (entre Cochabamba y Santa Cruz) hay cientos de camiones varados sin poder llegar a destino; los piquetes también se extienden a Yapacaní, al norte cruceño, región en la que también se cerró la carretera con Trinidad; y en total hay 52 puntos de bloqueo en las rutas de todo el país, y ya no queda departamento libre de agitación.

Ayer la cúpula de la Iglesia aceptó la mediación propuesta por el presidente Mesa. Pero puso como condiciones para el diálogo el aporte de todos "al bien común de Bolivia con generosidad y desprendimiento"; el abandono de "toda actitud de violencia e intransigencia" y "ceder en la radicalidad de las demandas". Los movimientos sociales y el partido MAS, liderado por Evo Morales, que reclaman una Constituyente, dijeron que la movida del presidente Mesa tras varias semanas de inacción "llegó tarde" y que habría que adelantar elecciones generales, según distintas opiniones de varios líderes.

Y al oriente, en Santa Cruz de la Sierra, también rechazaron esperar hasta octubre por las autonomías pues allí ya el Comité Cívico —en abierto desafío al resto del país— confirmó que hará su referendo el 12 de agosto, cuando todos los departamentos elijan por primera vez en modo directo a sus gobernadores.

En rueda de prensa ayer, en el palacio presidencial, el viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, defendió la "plena constitucionalidad" del decreto de Mesa. "El presidente de la Nación tiene la atribución para establecer la fecha de convocatoria. Y no podía esperar un día más: esa situación de incertidumbre ponía en estado crítico al país", señaló.

Pero la situación continúa muy grave, ya con casi dos semanas de paro en la ciudad de El Alto, y tensión generalizada por la parálisis del país. También hubo manifestaciones ante las puertas del Estado Mayor del Ejército donde pedían un gobierno cívico- militar.

Waldo Albarracín, defensor de la Nación, dijo a este diario que "la oferta de Mesa es más política que jurídica, debería convocar el Congreso. Pero es que los tiempos se acortan y hay que actuar". Por su parte, el analista Carlos Toranzo opinó para Clarín que "debe terminarse con la radicalidad, tanto de El Alto o los grupos violentos como las brigadas regionales" (las guardias de choque de Santa Cruz) y criticó a los "partidos que ya no tienen legitimidad desde 2003 y se aferran al poder", asegurando que "las eventuales nuevas elecciones cambiarían drásticamente el mapa del poder político".

Justamente ésa es una clave de la crisis: Mesa no tiene apoyo casi de ningún sector, pero nadie apura su caída porque la oposición está muy fragmentada, ninguno garantiza más de 20% de las preferencias y con el surgimiento de nuevos líderes empresarios, vecinales y campesinos. Para el gobierno, ahora el Congreso deberá establecer las características del referéndum de octubre, pero el futuro es incierto.

En la central obrera (COB) siguen pidiendo el cierre del Parlamento, nacionalizar los combustibles y avanzar en una línea de clara insurgencia, en la cual califican de "traidor" (lo dijo esta semana su cuestionado líder Jaime Solares) al MAS de Evo Morales.

El comandante de la Policía en la sede de gobierno, coronel Hernán Jaimes, informó ayer por la tarde que las actividades en La Paz y El Alto —donde está el aeropuerto internacional, cuyo acceso está muy complicado— están semiparalizadas: hay "maestros rurales, campesinos, hay también de otros sectores que van a marchar por el centro paceño", aseguró a la agencia DPA.

Román Loyza, un dirigente social muy visible estos días, descalificó la convocatoria de Mesa. "Es ahora tarde para que el Congreso y el gobierno viabilicen una agenda. Gobernantes y congresistas ya no pueden garantizar nada. La única solución es a través de las urnas, adelantando elecciones generales", aseguró.

A su vez, Germán Antelo, jefe del Comité Cívico de Santa Cruz, calificó de "trampa antidemocrática" el decreto presidencial, que "violó la la Constitución" y "restringe la voluntad popular". Su guardia de jóvenes "camisas negras" amenazaron con enfrentarse armados a marchas de protestas en su departamento.

"El problema de llamar a referéndum en agosto —dijo Albarracín— es la falta de tiempo. Para la Constituyente aún no se resolvieron los cupos de indígenas y mujeres; no se decidió si serán votados por corporación. Y con las autonomías pasa igual. La propuesta de Mesa de octubre es más lógica. Pero debería llamar el Congreso". YD