La Paz, junio 3, 2005.- Los sectores populares más radicalizados y combativos de Bolivia rechazaron este viernes la convocatoria a una Asamblea Constituyente con la que el poder neoliberal intenta aplacar las crecientes protestas y convocaron, por el contrario, a no desmayar en la lucha por el gas y la revolución.

En la vanguardia, dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), mineros, maestros urbanos y vecinos de El Alto llamaron a intensificar las protestas, tras evaluar el decreto emitido en la medianoche de este jueves por el presidente Carlos Mesa y que precisa de una Ley que posiblemente sea promulgada el próximo martes por el Congreso.

"Con Decreto o Ley, la Constituyente es una trampa, es un engaño de la burguesía para desviar el clamor popular por la nacionalización del gas. Todo el pueblo tiene que comprender que al plantear la nacionalización de los hidrocarburos, se está planteando la revolución, ya que la burguesía es incapaz de expulsar a las transnacionales. La única alternativa es que el pueblo tome en sus propias manos la solución de sus problemas", dijo la dirigente del magisterio de La Paz, Wilma Plata del trotskysta Partido Obrero revolucionario (POR).

Según Plata, "la lucha por la nacionalización es una lucha contra el imperialismo que no se detendrá hasta derrocar a la burguesía. Ahora hay que organizar la toma del poder a través de la insurrección".

En El Alto, una ciudad totalmente paralizada, los ampliados de la federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y de la Central Obrera Regional (COR) instruyeron la radicalización de sus medidas de protesta y organizan para el lunes una gigantesca manifestación sobre La Paz, para doblegar al Congreso y al gobierno neoliberal. "Se mantiene el paro cívico durante el fin de semana y las vigilas nocturnas para que nadie rompa el bloqueo y se corte totalmente el suministro de carburantes y gasolina a La Paz", dijo Edgar Patana, ejecutivo de la COR alteña, a la cabeza de una multitudinaria manifestación que recorre calles y avenidas de la urbe de casi 800 mil habitantes.

A 12 kilómetros de allí, en el centro de la ciudad de La Paz, miles de gremiales, maestros urbanos y rurales, campesinos, mineros y estudiantes marchaban por las calles repudiando la maniobra presidencial, que intenta que los bolivianos de abajo se olviden del gas a cambio de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que es una demanda secundaria para los trabajadores y campesinos del país.

EVO AGACHA LA CABEZA, PERO NO SE RINDE

La consigna de la nacionalización del gas y el petróleo ya ha penetrado a fondo en la conciencia de los trabajadores y vecinos que se movilizan en La Paz y El Alto y ha obligado, incluso, a los partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), del diputado cocalero Evo Morales a tomar distancia del decreto de Mesa, a pesar de que éste se asimila casi en su totalidad a sus demandas.

La propuesta de Morales apunta a conciliar las demandas populares en torno a una Asamblea constituyente con las exigencias de la oligarquía del oriente y sur del país que busca una autonomía que preserve el uso y explotación de los hidrocarburos, la tierra y los bosques para beneficio directo de las transnacionales y la burguesía regional.

"El Decreto es una buena intención del Presidente, pero no es la solución", dijo Morales al urgir a la Iglesia Católica y al Cardenal Julio Terrazas para que intervengan directamente en la solución del problema. "Hay que hacer un encuentro social para buscar una salida política", agregó, mientras sus partidarios hacían enormes esfuerzos en el interior del país, especialmente en Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz para relegar a segundo plano la demanda de la nacionalización y exigir de inmediato que el Congreso apruebe la convocatoria a la Constituyente.

FRAGOR REVOLUCIONARIO

Hasta ahora, la ofensiva popular desatada para expulsar de Bolivia a las transnacionales como Repsol, Petrobras, Total, Enron, British Petroleum, Shell y recuperar los más de cien mil millones de dólares en reservas de gas y petróleo, ya tiene un carácter nacional, pero presenta dos niveles diferentes de radicalidad y orientación ideológica.

En las ciudades de La Paz y El Alto y en muchas poblaciones del Altiplano la prédica revolucionaria ha calado a fondo, tras casi un mes de movilizaciones y protestas. Allí, se agita ya la consigna de la revolución, del cierre del Congreso y de un gobierno obrero campesino, a partir de la lucha por la nacionalización que cobra más y más adherentes. Esta mañana, miles de vecinos y trabajadores de la población altiplánica de Viacha, encabezados por todas sus autoridades municipales y regionales, marchaban en las calles de La Paz exigiendo la nacionalización.

En Cochabamba, en cambio, donde la movilización es menos intensa y hay fuerte presencia de reformistas e indigenistas ligados al MAS, los dirigentes de fabriles, campesinos, regantes y de la Coordinadora de Defensa del Gas demandaban por igual la Constituyente y la nacionalización. Lo propio acontecía en Chuquisaca y Potosí, aunque era evidente que hora que pasa la línea revolucionaria, guiada más por el instinto y la experiencia que por la acción de los activistas, emergía cada vez más potente en las manifestaciones, en las asambleas de base y en los puntos de bloqueo.

En el norte de Santa Cruz, cerca de dos mil campesinos, colonizadores e indígenas iniciaron la toma de pozos petroleros y cierre de válvulas de gasoductos de campos de la empresa British Petroleum en la provincia Sara, en la comunidad de San Luis, exigiendo la recuperación de los hidrocarburos y la convocatoria a la Constituyente.

MESA COSECHA MÁS REPUDIO

La convocatoria simultánea a una Constituyente y al referéndum autonómico para el 16 de octubre ha sido, hasta ahora, rechazado por los sectores sociales y empresariales, en una muestra de la creciente impopularidad y resistencia que despierta el endeble gobierno de Mesa, al que se tipifica como "gerente de las petroleras". Hoy, las fisuras del régimen neoliberal se hicieron más evidentes al presentar renuncia el ministro de Desarrollo Económico, Walter Kreidler, que sigue los pasos de su colega de Educación, que abandonó a Mesa la pasada semana.

Las críticas contra el sucesor del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada también son cada vez más ácidas y duras en las clases medias de La Paz, desesperadas por la falta de transporte y la aguda escasez de carburantes. Ya no hay gasolina y escasea el gas licuado doméstico por el bloqueo de la Planta de Senkata en El Alto. Allí, donde está la fuente de abastecimiento de carburantes para la sitiada ciudad de La Paz, los vecinos han cavado una enorme zanja que impide la salida de los carros cisternas. Hay fogatas y vigilias para que nadie rompa el cerco, justo allí donde los militares carapintadas incendiaron la protesta social en octubre del 2003, cuando intentaron abastecer de carburantes a La Paz.