Con la bendición del Papa Benedicto XVI, la influyente Iglesia Católica de Bolivia desató una mega campaña para detener la insurgencia popular, que crece aceleradamente en todo el país. La jerarquía eclesial intenta unificar a todos los poderes públicos en torno a una Asamblea Constituyente y a un referéndum autonómico, articulando los intereses de la oligarquía latifundista y pro petrolera del oriente con los demandas de los sectores reformistas y más moderados del movimiento popular.

En las últimas horas, el Cardenal Julio Terrazas y los obispos se han reunido con el presidente Carlos Mesa, con el presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, con el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío y con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez. El propósito es lograr un gran acuerdo nacional de pacificación, que obligue a los sectores más radicales y combativos de Bolivia a abandonar la idea de la nacionalización del gas y el petróleo. En estas reuniones se baraja, incluso, el acortamiento del mandato de Mesa y la convocatoria a elecciones antes de fin de año.

La cruzada en la que está metida a fondo la Iglesia Católica había sido demandada insistentemente por el presidente Mesa y por el diputado cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. Desde los púlpitos, los sacerdotes llamaron este domingo a la pacificación, a dejar los extremismos y a unir a ricos y pobres, a justos y pecadores. La mega campaña también se ejecuta a través de todos los medios de comunicación, grandes y pequeños, incluidos los denominados alternativos, que llaman a poner fin a los bloqueos y a sellar la paz entre los sectores en conflicto.

Todos buscan, en el fondo, quebrar la creciente unificación que se da entre los sectores revolucionarios de vanguardia, como son la Central Obrera Boliviana (COB), las Federaciones de Mineros y Maestros urbanos y rurales de La Paz, la Central Obrera Regional de El Alto y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, con las bases cada vez más radicalizadas de trabajadores, campesinos y vecinos de los barrios más pobres, tras tres semanas de imponentes movilizaciones que ya han puesto al Estado en virtual colapso y en tela de juicio el poder político.

Empuje revolucionario

Al enarbolar la bandera de la nacionalización de sus reservas de gas y petróleo, valuadas en más de cien mil millones de dólares, el pueblo más pobre y rebelde de Sudamérica está siendo empujado a rebasar la democracia neoliberal, a cerrar el Congreso y a tomar el poder, ante la evidencia que ni el Gobierno ni el Parlamento podrán recuperar los hidrocarburos que están en manos de Repsol, Petrobras, Total, Enron, Shell, British Petroleum y otras. Los trabajadores, campesinos y vecinos que luchan por la nacionalización creen que sólo al recuperar las riquezas naturales podrán superar el estado de pobreza y humillación que agobian a siete de cada diez bolivianos.

No extraña, por ello, que en El Alto y en las laderas y barrios más pobres de La Paz este fin de semana hubiera comenzado a emerger el poder popular, ejercido por los vecinos organizados que controlan todas las calles y avenidas. Desde la noche del viernes, los distritos y Juntas se turnan para cercar La Paz y se hacen vigilias de día y de noche. En las precarias barricadas hay fogatas, whipalas, palos y un creciente rencor contra el gobierno y el Congreso, todos se preparan para marchar este lunes sobre La Paz donde harán un gran cabildo abierto. Hay aire de insurrección. 'El cabildo es el poder popular que reemplazará al poder neoliberal', dice Edgar Patana, dirigente de la Central Obrera de El Alto, al explicar la importancia del Cabildo de este lunes en la Plaza de San Francisco.

'Más mineros están llegando para reforzar la lucha del pueblo. Los compañeros se están plegando a la lucha', agrega Miguel Zubieta, dirigente de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia.

En el distrito 4, en el norte de la ciudad de El Alto, los vecinos con lágrimas en los ojos han jurado no retroceder en la lucha por la nacionalización. Una asamblea que reunió a casi 10 mil mostró que ya no importa si el presidente Mesa cae o renuncia. Recordando las heroicas jornadas de octubre del 2003, cuando enfrentaron las tanquetas del Ejército y a los militares carapintadas con piedra y palo, los vecinos resolvieron marcar las viviendas de aquellos policías y repriman al pueblo. También criticaron acremente a Evo Morales por intentar desorientar la lucha popular por la nacionalización con la Asamblea Constituyente.

En la Central Obrera de El Alto esta decisión ya había sido asumida plenamente. 'Con la convocatoria a la Asamblea Constituyente o sin ella, El Alto seguirá en la lucha y con el paro cívico laboral porque estamos peleando por la nacionalización y la industrialización de nuestro gas', aseguró Patana.

Al borde de la asfixia

La tensión es creciente en todo el país, especialmente en las grandes ciudades, especialmente en La Paz y El Alto, que están al borde de la asfixia, sin carburantes y desabastecidos de alimentos.

En la Planta de Senkata, en El Alto, desde donde se distribuye toda la gasolina, diesel y gas licuado que consume la ciudad de La Paz, hay un masivo cerco de vecinos que impide la salida de los cisternas. 'A las dos de la mañana, la Policía ha intentado sacar un convoy de cisternas para abastecer a La Paz, pero hemos reforzado el bloqueo y no ha salido ni una gota', relata Roberto de la Cruz, dirigente de la Central Obrera de El Alto.

En La Paz, una ciudad de 800 mil habitantes, hay una aguda escasez de gasolina y carburantes y circulan pocos vehículos. Este domingo no hay manifestaciones, aunque en varios sindicatos se ven a dirigentes reunidos, organizando las protestas de este lunes. También evalúan las acciones de la Iglesia. 'Llamar a elecciones no resuelve nada, queremos la nacionalización', dicen en la Confederación de Gremiales.

En el resto del país se mantienen firmes los bloqueos carreteros. El último informe del Servicio Nacional de Caminos establece que 55 puntos de bloqueo impiden el paso regular de vehículos de transporte de carga y de pasajeros en siete de los nueve departamentos de la república. Los campesinos, colonizadores y maestros rurales tienen cortadas dos de cada tres caminos en el Altiplano y los valles.

En el oriente, reducto de la oligarquía latifundista y pro petrolera, las protestas y bloqueos también se hacen sentir. Los campesinos, indígenas y colonizadores ya ocuparon en el norte de Santa Cruz los pozos petroleros de la empresa British Petroleum en la provincia Sara, en la comunidad de San Luis, exigiendo la recuperación de los hidrocarburos y la convocatoria a la Constituyente. Nuevos pozos serían ocupados en las próximas horas

Mientras tanto, en la ciudad de Santa Cruz, el gobierno municipal con el apoyo del Ejército, prohibió ayer la realización de marchas, huelgas, mítines y otras protestas en el centro de la ciudad, tratando de evitar que maestros, campesinos, fabriles e indígenas se manifiestan en contra de la oligarquía y a favor de la nacionalización. La prohibición cuenta con el apoyo directo del Comandante de la Octava División de Ejército, Tomás Peña.