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| Reunidos en La Paz, los movimiento populares, indígenas y sindicales, plantean sustituir el actual sistema con un gobierno verdaderamente del pueblo. Credito: Indymedia Bolivia |
"Esta tarde instalaremos la Asamblea Popular Nacional", dijo el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Jaime Solares, ante el aplauso de la delirante muchedumbre concentrada en la abarrotada Plaza de San Francisco en la asediada ciudad de La Paz.
"Todas las organizaciones sociales y populares nos vamos autoproclamar en una gran asamblea popular y forjar el nuevo gobierno que sustituya el vacío de poder. Las petroleras quieren otro payaso en el gobierno para defender sus intereses, pero nosotros haremos el nuevo gobierno del pueblo que surge hoy de la Asamblea Popular bajo la línea de la nacionalización de los hidrocarburos", proclamó el ejecutivo de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, Miguel Zubieta.
Todos los discursos de los dirigentes de los sectores en lucha apuntaron hacia el mismo objetivo. "No hay solución en esta podrida sociedad (...) Los bolivianos tenemos que expulsar a las transnacionales y recuperar nuestras riquezas naturales. Los trabajadores nos estamos orientando a tomar el poder político y económico del país y a construir el gobierno de obreros y campesinos", dijo ante la multitud la dirigente de los maestros de La Paz, Wilma Plata.
Lo propio clamaron los dirigentes campesinos. "Es hora de que el pueblo y las organizaciones sociales elijamos a nuestro propio Presidente", aseguró Rufo Calle a nombre de la Federación de Campesinos de La Paz y de la Central Obrera Departamental.
SALIDA REVOLUCIONARIA
"Que levanten la mano los que quieren seguir luchando por la nacionalización", interpeló al agitado mar humano repleto de banderas, vhipalas y palos el dirigente de la Central Obrera de El Alto Roberto de La Cruz. "Que levantan la mano los que quieren un gobierno popular salido del pueblo", volvió a interpelar, y la Plaza San Francisco aprobó con gritos y aplausos la salida revolucionaria, en tácito rechazo ante la posible convocatoria a nuevas elecciones, alternativa que barajan los poderes públicos y la Iglesia.
"El llamado a nuevas elecciones es otro engaño, como ha sido el decreto convocado a la Asamblea Constituyente. No queremos ni elecciones ni la sucesión constitucional porque estaríamos repitiendo los errores del pasado", agregó el minero Zubieta. La Plaza se agita.
RUMBO AL PALACIO
"Vamos a la Plaza Murillo, que me sigan los que quieran", retó por su parte el principal dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Abel Mamani, que proclamó la urgencia de que "el pueblo debe ser gobierno (...) Hay que unirnos todos para ser gobierno". Y varias columnas de manifestantes comenzaron a marchar las cinco cuadras que median hasta la Plaza Murillo, donde están los edificios del Congreso y el palacio de Gobierno.
Al promediar la una de la tarde, tras una hora de Cabildo, los trabajadores y vecinos, vanguardizados por los más jóvenes comienzan a cercar el Palacio y a chocar con los policías y militares. Estallan los gases, las dinamitas y se lanzan petardos y balines. Todas las calles adyacentes a la Plaza Murillo huelen a gas y hay grandes humaredas e improvisadas barricadas.
Los choques son intensos y las fuerzas del gobierno de Carlos Mesa tratan de dispersar a los manifestantes que corean estribillos y se burlan del Presidente, del Congreso y de la Iglesia. Hay varios heridos y muchos caen detenidos por los efectivos policiales.
En otras zonas del centro de La Paz, más y más manifestantes lanzan estribillos y recorren las calles y avenidas, en las que ha desaparecido el tráfico y todas las oficinas públicas y privadas están cerradas. No hay combustible, no hay gasolina y escasean los alimentos.
En las zonas más residenciales, los vecinos de la clase media más acomodada también se organizan ante la previsión de nuevos enfrentamientos y el temor a las marchas de campesinos y trabajadores.
BLOQUEO TOTAL
En la ciudad de El Alto, el paro es total, lo mismo que el cerco que asfixia a la sede de gobierno. Hay barricadas y olla común para alimentar a los vecinos que luchan por la nacionalización. Lo mismo ocurre en los barrios más pobres de La Paz, ya organizados para dar batalla al agónico régimen de Mesa.
Hasta ahora, han sido vanos los intentos de la Iglesia Católica por desarmar la rebelión popular que se extiende a lo largo y ancho de todo el país. En las ciudades de Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre, las organizaciones sociales y populares han comenzado a ganar las calles enarbolando la bandera de la nacionalización del gas y el petróleo, que están en manos de las transnacionales como Repsol, Petrobras, Total, British Petroleum, Enron, Shell y otras.
Los campesinos e indígenas ya han tomado pozos petroleros de la British Petroleum en el oriente de Santa Cruz y otros comunarios han hecho lo propio en Cochabamba con la estación de bombeo de gasolina y carburantes de Enron-Shell en la localidad de Sayari, cortando la exportación hacia Chile.
En las carreteras del altiplano, los valles y oriente, también reinan los bloqueos y los pedidos para nacionalizar la riqueza hidrocarburífera, valuada en por lo menos cien mil millones de dólares. Todas las principales carreteras de Bolivia están tomadas por campesinos, colonizadores, indígenas y maestros rurales, que no dan tregua a Mesa, el sucesor del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado en octubre del 2003 por una insurrección popular.
En rigor, Mesa ya no gobierna. Ha perdido el control de los caminos y de la ciudad de El Alto y de gran parte de la ciudad de La Paz. A mediodía ha tenido que salir atropelladamente de Palacio, ante la avalancha humana que intentaba entrar a la Plaza Murillo.
EVO Y LAS ELECCIONES
De nada ha valido la cruzada lanzada por la Iglesia Católica para aplacar la rebelión popular ni tampoco la promesa aún no oficializada de acortar el mandato de Mesa y llamar a elecciones a fin de año. De poco sirve también el pedido del diputado cocalero y jefe del Movimiento al socialismo (MAS), Evo Morales, que esta mañana pidió la renuncia de Mesa y el adelantamiento de elecciones.
Morales exigió a los presidentes de las Cámara de Senadores y de Diputados que renuncien a la sucesión constitucional a la que tienen derecho en caso de la dimisión del Jefe de Estado para hacer viable una convocatoria a comicios generales, a tono con las tratativas de la Iglesia, que hoy ha sido cuestionada abiertamente en el Cabildo.
"La Iglesia no puede chantajear al pueblo humilde", dijo Solares al rechazar vehementemente la demanda eclesial de suspender las protestas que se extienden por más de tres semanas. "Nadie debe dar un paso atrás. Si no nacionalizamos ahora, estamos perdidos", agregó.
"Estamos firmes en la lucha. No retrocederemos", afirmó Edgar Patana, dirigente de la Central Obrera de El Alto
GUERRA AL IMPERIALISMO
"Esta es una guerra que hemos declarado a los oligarcas imperialistas que han regalado nuestros recursos naturales y debemos decir basta a este sistema opresor y vendepatria que explota nuestras riquezas", dijo Gualberto Choque, dirigente de la Federación de Campesinos de La Paz que llamó a recuperar no sólo gas sino también la tierra, las minas, el agua y el todo el territorio.
"Venga lo que venga, venga un golpe militar o vengan catástrofes, los aymaras estamos jurando recursos naturales, nuestra Pachamama (madre Tierra), porque sin ella no somos nada", dijo Choque.
Según la dirigente del POR, Wilma Plata, esta es una "verdadera guerra entre ricos y pobres. Los empresarios, los latifundistas, las logias y los oligarcas quieren seguir concentrando los recursos naturales y la propiedad de los medios de producción a favor de las transnacionales. Es una guerra a muerte", dice mientras la multitud corea la consigna de "obreros al poder", "campesinos al poder".
En el oriente, la consigna que predomina sin embargo es otra. Las élites de oligarcas han logrado arrastrar detrás de sí a la población de Santa Cruz, en torno a la defensa de la propiedad privada, de las tierras y de los recursos naturales, aunque ya los sectores campesinos, indígenas y de trabajadores buscan quebrar esta hegemonía. En las últimas horas, el Comité Cívico de Santa Cruz, que lidera la oligarquía, ha emitido un comunicado declarando estado de emergencia para preservar la democracia neoliberal e impedir la nacionalización del gas y el petróleo. Allí también se habla de guerra.