La Paz, junio 7, 2005.- Ni elecciones ni sucesión constitucional. La única salida de fondo a la profunda crisis y a favor de los más pobres es la toma del poder por obreros, campesinos y clases medias empobrecidas, aseguró anoche la Federación de Mineros, la vanguardia revolucionaria del rebelde pueblo de Bolivia.

"Estamos seguros que nuestra lucha actual junto a millares de bolivianos conducirá a cambios estructurales y, ante el vacío de poder, los sectores movilizados debemos discutir e imponer el gobierno popular y revolucionario que debe sustituir al (renunciante presidente Carlos) Mesa", señala un comunicado emitido en las últimas horas por la dirección del proletariado minero, que tiene enorme influencia política e ideológica en todos los sectores que virtualmente se han apoderado de las ciudades de La Paz y El Alto.

Tras que el presidente Mesa presentara anoche su renuncia a consideración del Congreso y diera cuerpo a la cruzada nacional en la que está empeñada la Iglesia Católica, para apagar la insurgencia popular y unir a todos los poderes público en torno a la convocatoria a nuevas elecciones antes de fin de año, los sindicatos y organizaciones sociales y populares dejaron ya en claro que no levantarán las manifestaciones ni la presión por la nacionalización de los hidrocarburos.

"Con las elecciones, la clase dominante quiere evadir la demanda del pueblo para nacionalizar los hidrocarburos", advirtió Miguel Zubieta, ejecutivo de la Federación de Mineros.

LÍNEA REVOLUCIONARIA

A su turno, los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), de la Central Obrera Regional de El Alto, de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto y todas las organizaciones que luchan para recuperar los más de cien mil millones de dólares que están en manos de las transnacionales, ratificaron que el adelantamiento de las elecciones no resuelve nada y se pronunciaron, con algunos matices, a favor de la línea revolucionaria planteada por la Federación de Mineros.

Ayer, en horas de la noche, un ampliado de la COB determinó conformar el "Comando Revolucionario del Pueblo", que tendrá la misión de comenzar a articular a los sindicatos, organizaciones populares y sectores políticos y gremiales en torno a una estrategia de poder de obreros, campesinos y clases medias empobrecidas.

"Debemos convocar a los movimientos combatientes a ser parte de la Gran Asamblea Popular Nacional que desplace al actual Parlamento corrupto y neoliberal", señala el documento de la Federación de Mineros, avalado por un imponente Cabildo Abierto, celebrado este lunes en el centro de la sede de gobierno y que convocó a por lo menos 400 mil trabajadores y vecinos del campo y las ciudades de las ciudades de La Paz y El Alto.

MÁS PRESIÓN SOCIAL

El ampliado de la COB determinó también, antes de oficializarse la renuncia de Mesa, no asistir al diálogo propiciado por la Iglesia, que busca afanosamente desarmar la protesta y alinearlos en torno a las elecciones. Los cobistas decretaron, por el contrario, agigantar las movilizaciones por gas, petróleo y revolución. El llamado tuvo eco inmediato en miles de campesinos de las provincias de La Paz y miles de mineros asalariados y cooperativistas que ya han arribado a la ciudad, al son de dinamitas.

En el centro de la ciudad, ya los esperan otros miles de manifestantes de otros sectores como maestros urbanos y rurales, universitarios, trabajadores y vecinos de varios barrios de La Paz y El Alto, ciudades paralizadas, sin transporte ni alimentos y cercada por bloqueos, que se extienden a lo largo y ancho del territorio nacional.

Los reportes oficiales del Servicio Nacional de Caminos dan cuenta que existe 61 puntos de bloqueo y que están totalmente cortadas las principales carreteras de ocho de los nueve departamentos de Bolivia. Las manifestaciones a favor de la nacionalización sacuden ya a seis de las diez grandes ciudades del país y ya hay varios pozos petroleros tomados por campesinos e indígenas.

EVO, EL ELECTORERO

En el campo popular, sólo los sectores de campesinos, cocaleros y colonizadores vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS), del diputado Evo Morales, apoyaron la realización de elecciones, aunque supeditada a la renuncia simultánea de los presidentes de la Cámaras de Diputados y de Senadores, vinculados al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado en octubre del 2003 por una insurrección popular.

Según el planteamiento de Morales y el MAS, el Congreso debería aceptar la renuncia de Mesa y ungir como nuevo Presidente al primer hombre del Poder Judicial, el abogado Eduardo Rodríguez, que tendría la misión de convocar a nuevas elecciones. Este también es el plan de la Iglesia Católica, desarrollado desde el fin de semana y que contaría con el aval de los partidos neoliberales que sustentan a los presidentes de Diputados y Senadores que renunciarían a suceder en el cargo a Mesa, tal como los faculta la Constitución Política del Estado.

A ESPALDAS DEL PUEBLO

"La Federación de Mineros advierte que no permitirá que se negocie a espaldas del pueblo como está sucediendo en Santa Cruz ante llamado de la Iglesia. No puede ser que Hormando Vaca Diez, Presidente del Congreso, Mario Cossío, Presidente de diputados, Eduardo Rodríguez, Presidente de la Corte Suprema y Carlos Mesa definan el movimiento gigantesco de masas a lo largo y ancho de Bolivia. Estos personajes no hicieron nada en sus funciones en sus respectivos Poderes y ahora, ante la convulsión desatada por la pobreza y desempleo, pretenden ante el Cardenal (y la Iglesia) dar soluciones sin contemplar el pedido central de los movilizados: nacionalización de los hidrocarburos", dice el comunicado.

Según el análisis de los mineros, "el adelanto de las elecciones nacionales es una figura por demás superficial y temporal. El sistema democrático vigente ha degenerado y está colapsado porque no defiende para nada los intereses de las mayorías que fueron las que lograron arrebatar a las dictaduras la ansiada democracia. Hoy se ha convertido en la sustentadora de un sistema oprobioso, injusto, prebendalista, y tremendamente discriminador".

"Elecciones dentro de ese marco sólo significa que se mantengan los eternos dueños del país, los que tienen los recursos para manejar los medios y en fin, para perpetuar la injusticia del sistema imperante. En concreto, es una maniobra para evitar llevar adelante la gran medida que proclaman las masas: nacionalización", agrega.

Las críticas contra el Presidente saliente, que se mantendrá en el cargo hasta que haya una decisión expresa del Congreso, son también directas. "Carlos Mesa es el nefasto personaje, culpable del futuro desangramiento del país. Con el engañoso pretexto de no tener muertos en su gobierno arma a los grupos fascistas y paramilitares para ocasionar una guerra civil que está a punto de producirse. Denunciamos ante el mundo que este gobernante, vendido vergonzosamente a las petroleras, es el promotor del enfrentamiento regional, bajo el argumento falso de las autonomías. Esta bandera es impulsada y manejada por las trasnacionales como otra forma de eludir el tema central de la nacionalización", agrega el documento de la Federación de Mineros, que cree que "ha llegado el momento del gran salto cualitativo y revolucionario encarnado en la gran consigna de nacionalización de hidrocarburos".