Es lamentable la situación que hoy atraviesan los dirigentes indígenas Yukpa en su larga lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales en el piedemonte de la Sierra de Perijá del estado Zulia; nunca como antes han estados tan divididos, aislados e indefensos, una sociedad que los ignora por completo, un Estado que no resuelve y termina en una relación de complicidad con los ganaderos que con sicarios los desalojan a la fuerza de las haciendas ocupadas desde hace varios años.

Sus organizaciones son aún muy débiles sin capacidad de respuestas inmediatas y de conformar alianzas entre sí o con otros sectores populares en lucha, terminan traicionados por las organizaciones indígenas de carácter regional y nacional, y por la burocracia indígena parlamentaria preocupada sustancialmente por seguir ocupando cuotas de poder dentro del aparato del Estado y por los procesos y pugnas electorales.

Son falsas las afirmaciones formuladas en la prensa por parte de sectores de la burocracia parlamentaria indígena regional de que la ocupación de tierra o fundos en baja producción y semi abandonados se deba a “una equivocada interpretación de la Ley Hábitat Indígena y por la manipulación de algunos dirigentes indígenas” (Wayúunaiki, junio 2005: 3). La ocupación de estas tierras obedece a un largo período que en esta reciente etapa lleva más de 20 años de lucha por parte de la más genuina y valerosa representación indígena Yukpa, es la expresión histórica del pueblo Caribe rescatando las tierras que a sangre y fuego hace algunos años le quitaron los ganadero de Machiques. Esta pugna a muerte entre Yukpa-Ganaderos lleva ya casi un siglo de historia, que sólo una mente no informada asegura que tiene a pena cuatro años.

En esta última etapa de la lucha Yukpa por sus tierras se volvió a restablecer el sicariato en Machiques, ya los dueños de los fundos agropecuarios al no poder contar con la participación directa in situ por parte de la Guardia Nacional o del Ejercito, recurren de nuevo al sicariato que tan útil les resultó en los años 80-90, ya que desee los 40-70 fueron las famosas correrías de indios. Fue durante el gobierno de la Gobernadora Lolita Aniyar de Castro cuando se rompe en Machiques la unidad anti indígena Sicarios-Guardia Nacional-Ganaderos y durante este Gobierno de Chávez cuando se desactiva la agresiva unidad Guardia Nacional-Ganaderos, por ello la reaparición de la unidad Sicarios-Ganaderos. Sólo que en esta oportunidad se da con el apoyo del INTI-Zulia/Alcaldía/Gobernación, organismos encargados de sanear al Zulia no del latifundio sino las haciendas de Yukpa ocupantes.

Las instituciones del Estado venezolano y el Gobierno ante esta irregular situación toma una posición de absoluta indiferencia, deja que el poderoso haga “justicia con sus propias manos”, y ya comienza a verse el resquebrajamiento de la Guardia Nacional de Machiques al detener el 17 de abril de 2005 por acusaciones del ganadero Noe Machado de la hacienda ocupado Ceilan al Cacique Yukpa de la comunidad Koruval José Herrera (Pipo) en el momento de acudir a buscar ayuda en dicha institución.

Con la más absoluta libertad los ganaderos de Machiques recuperan sus haciendas ocupadas acompañados por sicarios armados hasta los dientes, encargados de quemar casas, cosechas y asesinar indígenas. Pero esta penosa situación la calla también la dirigencia indígena regional y nacional.
Con la desaparición del Instituto Agrario Nacional (IAN) y el raquitismo de las Comisiones Indigenistas del Ministerio de Educación Cultura y Deporte no existe en Venezuela un organismo de Estado que vele por las tierras de los indígenas y la lucha por su recuperación.

El coordinador de la Comisión Regional de la Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas siguiendo la misma línea de la burocracia indígena parlamentaria afirma que los indígenas deben permanecer tranquilos y seguir esperando la demarcación de tierras, y no hace respetar la Ley de Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas exigiéndole al Estado evitar estos irregulares procedimientos hasta tanto no se demarque las tierras indígenas, tal como se hacia durante los tiempos de la Oficina Indígena del IAN-Zulia. Al no intervenir y aplicar las leyes se hacen cómplices de estos delincuentes.