Caracas- Algo más de 300 personas, el 13 de abril de 2002, aplaudieron y suscribieron el decreto que, de un plumazo, terminaba con los poderes constituidos. Varios de los firmantes, entre ellos el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, se mantienen en la oposición al Gobierno del presidente Hugo Chávez.
“Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga (...) presidente de la República de Venezuela (...). Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional”.
“Se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, al defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral”.
Cuatro años han pasado de la firma del decreto por el cual se nombraba al ex presidente deFedecámaras como nuevo mandatario venezolano, mientras los poderes democráticamente elegidos eran sustituidos con cabezas escogidas a dedo por la autodenominada Junta de Transición.
Algo más de 300 personas, el 12 de abril de 2002, se congraciaron, aplaudieron y suscribieron el decreto que, de un plumazo, terminaba con los poderes constituidos. Más de 20 millones de venezolanos vieron atónitos cómo un reducido grupo de “notables” decidía por ellos, sin siquiera consultarles.
Aunque el Gobierno duró menos de 48 horas, quedaron al descubierto quiénes apoyaron la medida anti democrática de Carmona Estanga.
Severidad
Para el analista político Carlos Romero, los procesos en contra de los firmantes han sido muy duros, pues después de las negociaciones se había prometido una amnistía para ellos, cosa que no se cumplió.
“Es algo severo para muchos de los firmantes, pues ellos no tuvieron quizás la misma inteligencia o perspicacia para retirarse a tiempo y creyeron de buena fe que estaban ayudando al nacimiento de una nueva Venezuela”, señaló Romero.
El analista recordó que muchos de los implicados tienen prohibición de salida del país.
Hay retrasos
En tanto, el director del diario Vea, Guillermo García Ponce, afirmó que la relevancia de los sucesos de abril queda demostrada por la respuesta popular.
“Los hechos no se borrarán de la memoria del pueblo, ya que representan una respuesta contundente al último intento fascista de los grandes empresarios, los generales golpistas y los medios de comunicación bajo la inspiración de Estados Unidos para deponer al presidente Chávez y exterminar el proceso revolucionario”, dijo.
No obstante, García Ponce critica las trabas en los procesos legales contra los autores y cómplices de los hechos de abril. “Lamento que los culpables aún no hayan recibido el castigo que se merecen, violando el consejo de El Libertador durante la caída de Primera República, cuando dijo que la impunidad es el peor crimen que se le puede hacer a la Patria”.
“Hay retrasos en el procedimiento de la justicia venezolana, debido al apego al formulismo y la poca eficacia para aplicar los correctivos necesarios para que aquel crimen no quede impune”, agregó el director.
Cuatro años después, las investigaciones continúan aunque, según analistas, no con la celeridad ni el interés que merece el hecho.
Los sucesos
El 11 de abril de 2002, las protestas cerca de Miraflores culminaron con por lo menos 14 muertos. Posteriormente, y luego de la presión mediática y militar, el presidente Chávez fue puesto preso. El día 12 asumió una junta de gobierno presidida por Carmona Estanga. Para el 14, Chávez había vuelto.
