Bolivia manifestó hoy su disposición a negociar con las empresas petroleras foráneas los nuevos términos de sus operaciones en Bolivia, sobre la base del acatamiento a la nacionalización de los hidrocarburos.
El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, negó además
gravedad a las reacciones de las transnacionales y los gobiernos de sus países sede, ante la medida anunciada ayer por el presidente Evo Morales y pronosticó un pronto inicio de conversaciones.
En un encuentro con la prensa extranjera, Soliz explicó que las pláticas se darán en dos niveles, uno referido a los nuevos contratos de servicios que las compañías extranjeras deberán firmar en un plazo de 90 días y otro sobre la adquisición por el Estado de paquetes accionarios decisivos en empresas privatizadas en la última década.
En el primer caso, habrá previamente auditorías de cada empresa, para esclarecer montos de inversión y costos y determinar el rendimiento de cada yacimiento y la participación estatal, fijada en principio en un máximo de 82 por ciento del valor de la producción.
Apuntó Soliz que si las auditorías lo determinan, esa participación podrá subir inclusive a 90 por ciento, o ser menor de 50 por ciento, según el caso.
Sobre a cinco empresas privatizadas en las que el Estado deberá ser socio mayoritario, indicó que habrá un proceso de conciliación previo para determinar los valores de los pequeños paquetes que pasarán al Estado.
Lo ideal, dijo, es concertar con las compañías privatizadoras el monto a pagar por esas acciones, pero si no hay acuerdo, se aplicará un artículo constitucional que autoriza la expropiación por necesidad y utilidad pública.
Al proyectar con serenidad las negociaciones, el ministro consideró naturales las reacciones de los países interesados y apuntó que es normal que los ejecutivos de Repsol (española) exprese tristeza por la nacionalización, de la misma manera que el pueblo se regocija.
Descartó la posibilidad de que Brasil deje de adquirir gas boliviano, pues lo necesita sobre todo para el emporio industrial de Sao Paulo y para el futuro.
Desalentó eventuales procesos de arbitrajes de las transnacionales contra el Estado boliviano, y dijo que la ejecución de los fallos demora años, lo que no es conveniente para las compañías, que evitarán por tanto el procedimiento.
Soliz reveló que el gobierno, para los procesos de auditoría, conciliación de información económica y control de las transnacionales, contará con asesoramiento de expertos de Noruega y Canadá, países con experiencia y sin empresas en Bolivia.
Al defender la intervención militar de las instalaciones petroleras, señaló que se decidió por seguridad y en forma disuasiva, ante la posibilidad de que las empresas negaran el ingreso a los técnicos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Agregó que las tropas fueron movilizadas, también, porque el gobierno quiere proyectar la imagen de unidad entre las Fuerzas Armadas y las organizaciones sociales y de recuperación del espíritu patriótico entre los uniformados.
