El ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada reconoció que el gobierno no pudo ir más allá con el Decreto Supremo (DS) 28701 de nacionalización de los hidrocarburos, dictado el lunes, que no incluye ni la confiscación ni la expropiación a las petroleras. Soliz Rada respondió de esa manera a varios cuestionamientos de la COB y otros gremios que calificaron a la medida gubernamental como una "nacionalización a medias" y lejana a la demanda planteada durante la insurrección popular de octubre de 2003.

Mario Justiniano, jefe departamental del MNR en Santa Cruz, el partido que privatizó la industria energética boliviana, opina que la nacionalización no es tal porque el DS no dispone la apropiación total de las empresas petroleras.

La COB considera que la nacionalización de los hidrocarburos fue realizada "a medias" porque no recuperó el 100 por ciento de los hidrocarburos para el Estado. El secretario Ejecutivo de la COD de Oruro Miguel Zubieta comentó que la nacionalización es una medida acertada, pero incompleta. Según el dirigente, el Presidente Morales sólo dio cumplimiento a lo que dispone la Constitución Política del Estado y la Ley de Hidrocarburos. La COD de Cochabamba criticó el DS asegurando que no se trata de una nacionalización sino de una recuperación de los hidrocarburos.

La nacionalización es una medida acertada en el campo político, pero tiene que ser profundizada y radicalizada en el ámbito económico, opinó el analista en temas energéticos Mirko Orgaz.

Se trata de un avance profundo y significativo, pero "nosotros vamos a profundizar más adelante para que lleve esta nacionalización al Parlamento. El Parlamento debe ser quien lleve adelante una nacionalización con confiscación y sin compensación", dijo el secretario general de la COB Luis Choquetijlla.

El gobierno actuó dentro de lo posible y racional, recuperó los hidrocarburos para los bolivianos y acabó con el abuso de las petroleras. Los contratos de riesgo compartido suscritos entre las petroleras y los anteriores gobiernos dejaron de tener vigencia a partir de la aprobación del decreto, explicó el ministro de Hidrocarburos.

"La nacionalización de los hidrocarburos no es simbólica", dijo Solíz Rada, tras recordar que el decreto dispone la recuperación del 51 por ciento de las empresas. El Ministro aclaró que no se está confiscando los activos de estas empresas, "no se les está expulsando, se les está imponiendo nuevas reglas de juego en las que ahora Bolivia tiene la mayoría de las acciones".

El comandante en jefe de las FFAA Wilfredo Vargas informó que se militarizaron 56 instalaciones petroleras, además de 26 centros de distribución de combustibles en zonas urbanas. La presencia militar en las instalaciones petroleras se extenderá por el tiempo que sea necesario. El ministro de Defensa Walker San Miguel aseguró que las tropas militares permanecerán en los megacampos para evitar cualquier intento de sabotaje. Advirtió que aquellas personas que intenten actos contrarios al decreto de nacionalización serán sancionadas como lo establece la ley. San Miguel garantizó que no existirá ningún tipo de desabastecimiento de carburantes en el país.

Las reacciones

La empresa boliviana Transredes emitió un comunicado referido a la nacionalización en el que promete respeto a las decisiones soberanas del gobierno, mientras que la española Repsol afirmó que la nacionalización no le tomó por sorpresa. El presidente de la petrolera dijo semanas atrás en Bolivia que estaba dispuesto a renegociar las condiciones de su permanencia en Bolivia. En principio, Repsol descartó abandonar el país.

Las empresas multinacionales han reaccionado con cautela a la medida nacionalista del gobierno boliviano que afecta a unas veinte de ellas, como Repsol (España), Petrobras (Brasil), British Gas y British Petroleum (Gran Bretaña) y Total (Francia).

Las acciones de algunas de ellas no han sufrido cambios traumáticos en las bolsas de valores mundiales. El descenso de las acciones de Repsol bordeó el 1,7 por ciento, que es la mitad de lo máximo que llegó a caer en algún momento del martes. Es sin duda un descenso significativo, pero no se puede hablar de un desplome.

El presidente de Repsol YPF Antonio Brufau dijo que la decisión boliviano causó "consternación," es "injusta" y está fuera de la lógica de los negocios. "Lo que hay que hacer es estudiar el tema encima de una mesa con papeles, lo que significa el decreto y luego tener la oportunidad en estos 180 días de comentar con las autoridades y ya veremos", comentó el ejecutivo.

Brasil calificó de gesto "no amistoso" la nacionalización del gas y el petróleo. El presidente de Petrobras Sergio Gabrielli afirmó que Brasil tomará todas las medidas necesarias para preservar sus derechos en Bolivia. "Fue una decisión meramente unilateral, tomada de forma inamistosa y que nos obliga a analizar con mucho cuidado la situación en Bolivia", precisó Gabrielli.

El titular de la petrolera brasileña afirmó que la decisión torna económicamente inviable las operaciones en Bolivia y por otro lado informó al Presidente de su país que no hay riesgo alguno de desabastecimiento y que la petrolera tiene todas las condiciones para garantizar que el suministro de gas a Brasil continuará de forma normal.

Marco Aurelio García, asesor de Asuntos Internacionales del Presidente de Brasil, dijo que su país no es "rehén del gas boliviano, cualquier problema que haya con el gas boliviano acudimos a otra fuente".

La Comisión Europea se mostró el martes preocupada por la decisión de Bolivia que, afirma, implicará la pérdida de cientos de millones de dólares en inversiones para varias compañías.

En España, el gobierno, políticos y empresarios manifestaron su preocupación ante lo que consideran una medida que se sale de las reglas de juego internacional. El Ejecutivo insistió en que actuará con firmeza, pero con prudencia defendiendo los intereses de las empresas españolas. El ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos acordó con Morales enviar en los próximos días una delegación política y técnica para dialogar y analizar las repercusiones que puede tener el decreto de nacionalización para Repsol YPF, una de las más afectadas por esta medida.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español convocó al encargado de Negocios de la Embajada de Bolivia en España Alvaro del Pozo para manifestarle su preocupación por la nacionalización y sus consecuencias para las relaciones bilaterales.

Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos advirtió que vigilará muy de cerca el impacto potencial de la decisión del gobierno de Bolivia en el respeto de los contratos firmados.

Los presidentes Néstor Kirchner de Argentina, Lula Da Silva de Brasil y Evo Morales de Bolivia se reunirán el jueves en Iguazú (del lado argentino) y probablemente también asista el venezolano Hugo Chávez. Lula reconoció como "soberana" la decisión de Morales de nacionalizar los hidrocarburos, aunque aclaró que actuará con "firmeza" para "preservar los intereses" de la empresa estatal brasileña Petrobras, la principal empresa extranjera en Bolivia. El presidente brasileño conversó telefónicamente con Morales, quien le garantizó la provisión de gas para Brasil.

Por otro lado, el Presidente Hugo Chávez aseguró que no tuvo nada que ver en decisión de nacionalizar los recursos energéticos, pero recalcó que su país apoyará a Bolivia para que industrialice el gas y no sólo lo exporte como materia prima.

Opiniones en Bolivia

El delegado gubernamental para la revisión de la capitalización y experto en temas energéticos Francesco Zaratti observa que la novedad del DS 28701 es el traspaso de acciones a YPFB a título gratuito. No le queda claro lo que se hará con las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva, que ya están hipotecadas en el Fondo de Capitalización Individual.

El analista en temas económicos Gonzalo Quiroga aún no encuentra algo bueno dentro del DS 28701, salvo que muestra la necesidad del gobierno de dar señales políticas ante la paralización gubernamental. En su criterio, el presidente se apresuró en tomar una decisión respecto a los hidrocarburos, ya que el decreto presentado no tiene fundamentos de orden técnico y económico fuertes, sino aspectos mucho más ideológicos y políticos.

El analista Alberto Bonadona afirmó que el decreto conducirá a una nacionalización de los hidrocarburos de forma consensuada y no confiscatoria. "Es una continuación de la ley 3058, donde ya todos los elementos que tenemos en este decreto se establecen y en consecuencia ahora hay que negociar. El Estado ahora va ha determinar el precio del gas, pero no se está diciendo que se va confiscar, en consecuencia creo que hay un tipo de nacionalización flexible y negociable".

El ex viceministro de Justicia Carlos Alarcón hizo tres observaciones a la nacionalización: uno es el artículo donde se establece una participación adicional de 32 por ciento para YPFB. "La duda con esta disposición es a que título se impone está participación, está contribución adicional de esas empresas". "El otro punto es la aplicación del artículo seis de la Ley de Hidrocarburos que transfiere en propiedad a titulo gratuito las acciones de los ciudadanos bolivianos" "El otro punto similar al del seis es el artículo siete donde se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50 por ciento más uno de las empresas Chaco, Andina y Tranredes".

El decreto nacionalizador determina que el Estado ahora es propietario del 51 por ciento de las acciones de las capitalizadas; sin embargo, la oposición considera que este punto y otros del decreto no son muy claros y que se requiere una explicación de los mecanismos a ser empleados para materializar la nacionalización.

El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) Gabriel Dabdoub afirmó que la nacionalización es inviable y ahuyenta la inversión privada, y advirtió que la determinación puede traer consecuencias negativas para el bolsillo de los bolivianos. El jefe de Unidad Nacional Samuel Doria Medina coincidió con la posición de la Cainco y dijo que la nacionalización es sobre todo una medida política. Eduardo Peinado, dirigente de la Cámara Nacional de Industrias, dijo que existen varias lagunas sobre la nacionalización de los hidrocarburos.

Representantes políticos de UN y Podemos pidieron por separado al Poder Ejecutivo que aclare los alcances del Decreto 28701. Doria Medina consideró que el gobierno debe explicar cuál será el impacto de la medida en la generación de empleos en el país y si se modificarán los precios de gas que se exporta al Brasil y Argentina. El empresario dijo que la nacionalización de los hidrocarburos es una medida audaz, pero irresponsable respecto a las repercusiones que tendrá en la economía del país. "No nos están diciendo qué dice Brasil y la compra de gas que hará ese país, no nos están diciendo cómo va ser el impacto en la generación de empleos en nuestro país".

Alejandro Colanzi, diputado de UN, declaró que la nacionalización es "histórica y razonable" y defendió la decisión gubernamental y sus objetivos de pleno control estatal del negocio de los hidrocarburos. En tanto, el jefe de bancada de Podemos en la Cámara de Senadores Oscar Ortiz dijo que la nueva política pública debe ser evaluada por el impacto que tendrá en el crecimiento económico del país.

Javier Artero, presidente de los Empresarios Privados de Cochabamba, dijo que la situación es difícil para el país debido a la incertidumbre: "Bolivia está en una situación donde prácticamente estoy seguro que en niveles de atracción de inversión estamos o vamos a estar entre los últimos países del mundo por las decisiones y las políticas que está tomando el gobierno", comentó.

El concejal del MAS Oswaldo Peredo respondió a las críticas indicando que la derecha "siempre va a encontrar el pelo en la leche".

Algunos consejeros departamentales de Tarija no ocultaron su temor por la incertidumbre en el sector petrolero, pero el presidente del Comité Cívico Francisco Navajas fue enfático al apoyar la decisión tomada por el Presidente. "En toda cuestión beneficiosa para el país hay que acompañar a la política gubernamental y las cosas hayan estado bien analizadas a la altura de la responsabilidad del Presidente de la República y todo su equipo de colaboradores", declaró. El Prefecto Manfred Reyes Villa también respaldó el decreto de nacionalización y dijo que si a las empresas transnacionales no les gusta la medida es mejor que se vayan del país.

¿Chau Bonosol?

Dirigentes del MNR resaltan que con el paso de las acciones de los fondos de capitalización colectiva a YPFB, como estable el DS 28701, se pone en riesgo el pago del Bonosol. El ministro Solíz Rada confirmó que el pago del Bonosol está garantizado porque después de la nacionalización será el gobierno quien se responsabilice del pago de este beneficio. Explicó que para el pago del bono a los ancianos las empresas Chaco, Andina y Transredes aportaban a las AFP un monto determinado, pero ahora ese gasto lo cubrirá el gobierno con respaldo del Tesoro General de la Nación.

¿Posibles arbitrajes?

Ante posibles reclamos de las petroleras contra el decreto nacionalista "Héroes del Chaco", el titular de YPFB Jorge Alvarado despejó dudas sobre cualquier intención de arbitraje internacional. Para el Vicepresidente Álvaro García Linera "sería una muy mala señal de las empresas" si inician juicios al Estado, pues la posición del gobierno es muy clara: se garantiza estabilidad, seguridad jurídica a sus inversiones, se garantiza respeto a las normas, hay un reconocimiento a la ganancia lícita, pero ya no las ganancias extraordinarias. "Se les acabó la lotería, aquí lo normal era ganar más allá del 50 por ciento", reclamó el Vicepresidente.

Con el decreto de nacionalización YPFB pasa a tener el control de los hidrocarburos, es decir que las petroleras entregaran el producto a YPFB y está instancia definirá cómo venderlo, los volúmenes, los precios y a quiénes. Los contratos de la capitalización quedan anulados.