El proceso de concertación del plan tierra del gobierno con los sectores involucrados, principalmente los agroindustriales del oriente, demorará al menos dos meses. El Vicepresidente Álvaro García Linera informó que ese tiempo servirá para consensuar puntos conflictivos como la reversión de tierras ociosas al Estado. El gobierno denomina a su proyecto la segunda "reforma agraria", aunque algunas autoridades precisaron que el plan no es una reforma sino un "reordenamiento" de la propiedad agraria en Bolivia.

Los latifundistas productivos no tienen por qué preocuparse, comentó el senador MAS Guido Guardia, pues el plan tierra solo se propone recuperar los predios que no cumplen una función económico social, como establece la Constitución Política del Estado. "Cuando aparece el Gerente de la CAO para decir que va defender sus tierra, yo creo que es terrateniente. Si su tierra es productiva nadie se la va quitar, pero si es improductiva la tiene que devolver", agregó Guardia.

El diputado del Gran Chaco por Podemos Willman Cardozo consideró que "por nada se están alborotando en Santa Cruz". "¿Por qué se alborotan anticipadamente? Nos están haciendo dudar. Nosotros, como región chaqueña, tomamos con serenidad el tema de tierras y esperaremos los resultados", señaló. El jefe de Bancada del MAS de la Cámara de Senadores Gastón Cornejo consideró que las voces en contra de la redistribución de tierras son la "resistencia a la justicia social y a entregar a los pobres las tierras excedentes".

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) José Céspedes considera que el gobierno quiere revertir las tierras más productivas, es decir las orientales. "(El decreto de reforma) Es más político que otra cosa, está referido exclusivamente al temas de las tierras en Santa Cruz, no he escuchado nada todavía hasta el momento sobre las tierras del altiplano, los valles y tampoco nada concreto para la nación", comentó Céspedes. "Yo diría que es un nuevo proyecto de colonización hacía las tierras del oriente. No nos debemos asustar, porque este es un tema que ya lo venimos escuchando desde la campaña del Presidente Morales", señaló. Sin embargo, George Prestel, presidente de Fegasacruz, admite que su sector se encuentra preocupado por el decreto de tierras. Los ganaderos ven inadecuada la forma en la que procede el gobierno, lo cual está afectando de gran manera la otorgación de créditos en los bancos.

El modelo que busca el gobierno
El gobierno busca un modelo del desarrollo agrícola asentado en tres plataformas: una moderna agroindustrial saneada; otra campesina expansiva y saneada, apoyada por el Estado y una tercera plataforma comunitaria expansiva saneada. "El Estado tiene que proteger, preservar, alentar y fomentar cada una de esos tres universos productivos, rompiendo las desigualdades o subordinaciones que caracterizaron a los últimos 20 años. El Estado tiene que potenciar con créditos, financiamientos, ayuda técnica e infraestructura para que cada una de esas tres plataformas se desarrolle por igual", explicó el Vicepresidente.

El Poder Ejecutivo piensa redistribuir alrededor de cinco millones de hectáreas de tierra entre los campesinos y comunidades indígenas, pero el ex director del INRA, Roberto Torrez, asegura sólo existe 45 mil hectáreas disponibles, principalmente en el norte de La Paz, Santa Cruz y Pando. El ex funcionario no se explica de dónde saldrán los cuatro millones de hectáreas que comprometió el gobierno de Evo Morales.

El director General de Tierras Comunitarias Bienvenido Sacu y el director de Tierras Juan Carlos Rojas explicaron que el paquete de medidas que alista el gobierno tiene el objetivo de reformar algunos decretos del pasado y anular otros. Sacu conoce muchos predios ociosos de engorde, hipotecados; "conozco a los verdaderos cañeros, productores y a los otros que acaparan tierras por ejemplo en Pando. Los brasileños están alquilando a bolivianos para sembrar soya, hay varias personas que están comerciando con las tierras".

El representante de la Fundación Tierra Miguel Urioste considera que la reversión de tierras es una medida oportuna, importante y positiva. Según el especialista en el tema agrario, el proyecto del gobierno es claro y preciso, puesto que trata de mejorar, superar y cualificar la aplicación de la Ley INRA, que en sus primeros diez años de vida demostró insuficiencia.

Urioste identifica al artículo 51 de la Ley INRA como el obstáculo más grande para la reversión de tierras latifundarias en el país. En ese marco, este es el momento de dar este salto cualitativo para profundizar la distribución de tierras en el país. "Si no se hace ahora no se hará nunca. Hoy es el momento de impulsar la segunda reforma agraria. Todos los bolivianos que creemos en un país con equidad, con justicia y sostenibilidad debemos apoyar esta propuesta del Presidente Morales, corrigiendo lo que esté mal, perfeccionando lo que haya que perfeccionar, pero finalmente comprometiéndonos con una segunda reforma agraria", señaló.

Según Urioste, en Bolivia existe una estructura de pequeña propiedad de tierras y minifundista en el occidente y una estructura de mediana propiedad, de empresa agropecuaria y latifundio en el oriente, el Chaco y amazonía.
Impaciencia en las bases

Los indígenas de la provincia Guarayos, aprovechando el reciente Decreto de Reforma Agraria, amenazaron con tomar 14 mil hectáreas de tierra que le pertenecen al empresario Branco Marincovic. Posteriormente ocuparían las tierras de los menonitas y luego de los brasileños.

El dirigente del MST de Pando Ruddy Diarte denunció el ingreso de empresas brasileñas a territorio boliviano para talar indiscriminadamente los bosques con complicidad con malos empresarios bolivianos. "En Pando nos han invadido las empresa brasileras y nos están deforestando los bosques. No estamos en contra de los buenos empresarios, que también hay, sino contra los malos que incluso están vendiendo nuestros territorios, nuestro departamento, nuestra soberanía", denunció.

El presidente del MST Angel Durán expresó su preocupación por las declaraciones del Presidente Evo Morales, quien aseguró en Francia que los propietarios brasileños de terrenos en Bolivia conservarán sus tierras si las trabajan.

Representantes del MST y de los pueblos guaraníes instalaron ayer un piquete de huelga de hambre en plena plaza 25 de Mayo de Sucre exigiendo que el Tribunal Agrario rechace las impugnaciones de los latifundistas que despojan de tierras a los indígenas chaqueños, informó el dirigente del sector Mario Rejas. El representante de los afectados, Julio Julián Gómez, quien demandó al Tribunal Agrario Nacional no negociar las leyes y menos dar curso a la reversión de tierras a favor de los latifundistas cuando estos fueron donados por muchas luchas a los trabajadores campesinos.

Este jueves se llevará a cabo en Cobija un cabildo abierto de las organizaciones vivas del departamento que rechazan la toma de tierras por parte del MST. El sábado 27 de mayo se realizará una marcha de protesta. En tanto, el Comité Cívico de Montero demandó al Presidente analizar muy bien la ley de la segunda Reforma Agraria, porque no permitirán que se traiga gente del interior para que ocupe tierras que tienen dueños. Los agropecuarios convocaron a todos los agropecuarios a defender sus tierras. El Comité Cívico de Santa Cruz envió un mensaje a los campesinos e indígenas del oriente pidiéndoles que esperen la reunión del próximo 24 de mayo, cuando se definirá el futuro de las tierras improductivas.