El gobierno del presidente Evo Morales entregó por 40 años el yacimiento de hierro del Mutún, el más grande del mundo, a la transnacional india Jindall Steel, que impuso sus condiciones económica-financieras. Los beneficios para el Estado serán menores a los inicialmente previstos por el gobierno.

A cambio de la explotación de 4 mil millones de toneladas de hierro y la producción anual de 1,5 millones de toneladas de hierro esponja y 1,4 millones de toneladas de acero laminado, el Estado percibirá anualmente 50 millones de dólares, 30 de ellos por la explotación del yacimiento y otros 20 por la paulatina participación que tendrá el Estado en la empresa.

Los primeros 20 años del contrato, Jindall Steel explotará el yacimiento en forma exclusiva, y los siguientes 20 años en sociedad con el Estado, que será socio minoritario. El director Jurídico del Ministerio de Producción y Microempresa, Mario Molina, miembro de la comisión técnico-jurídica encargada de la licitación, confirmó que el Mutún fue adjudicado este jueves por 40 años no renovables y que el contrato estipulará una producción mínima hasta llegar a la acería.

El Ministro de Planificación, Carlos Villegas, explicó de la producción será de materia prima y otra porción de acero, fierro de construcción, etc. La ministra de Producción y Microempresa, Celinda Sosa, destacó que el proyecto se ejecutará con gas boliviano y no con carbón vegetal, lo que no afectará al medio ambiente.

Las autoridades del gobierno de Morales destacaron que las condiciones de la privatización del Mutún son mejores a las definidas por los gobiernos neoliberales, aunque menores a sus expectativas. La licitación del yacimiento fue postergada en dos oportunidades, bajo la enorme presión de los grupos oligárquicos de poder, opuestos a Evo Morales e íntimamente ligados a las transnacionales petroleras y los latifundistas del oriente.

Jindal era la única compañía en carrera luego de que Mittal Steel, también controlada por capitales indios, fuera descalificada en la fase de presentación de propuestas y la argentina Siderar desistiera de presentar oferta. Jindall Steel calificó con 86 puntos en las áreas legal y financiera.

Según Villegas, la inversión de la Jindal, que alcanzará a un total de 2.300 millones de dólares en los próximos ocho años, incluye la construcción de un gasoducto y una termoeléctrica. Además de los $us 50 millones, el Tesoro General de la Nación recibirá recursos adicionales por los impuestos que paga toda empresa en el país, enfatizó.

'Ya no sólo tendremos recursos e ingresos produciendo y exportando materias primas, sino también obtendremos ingresos obteniendo hierro y acero, en otras palabras empezamos la industria siderúrgica y este es un aporte importante al país, al estado y a la región (…) Quiero señalar que el proyecto de El Mutún estuvo dormido por más de 50 años, pasaron muchos gobiernos que dijeron tener una visión nacional, y ese proyecto siguió durmiendo, ahora llegó un gobierno de movimientos populares, de pueblos indígenas y ese gobierno cumple con el Mutún', dijo Villegas al concluir la licitación que fue aplaudida de pie por empresarios y representantes de la rancia oligarquía boliviana.

En cambio, en algunos sectores sociales y de intelectuales progresistas, se cuestionó esta privatización que entrega la explotación de los recursos naturales a las transnacionales, cuando el Estado podía haberse hecho cargo de todo el negocio.

Así, según dijo el ingeniero metalúrgico Ivar Postigo, el gobierno de Evo Morales estaba cometiendo un grave error al licitar el Mutún e impedir una explotación estatal que podría dar más recursos a Bolivia que el gas. Otro ingeniero, Salomón Rivas, declaró que “es una vergüenza licitar nuestros recursos cuando existe maquinaria guardada para trabajar y producir mineral'.

Según Salomón lo que debería hacer el Estado es producir mineral y con su venta financiar la segunda fase, es decir la fundición de hierro. 'Sólo se trata de trabajar, Bolivia tiene el 40 por ciento de las reservas de hierro de todo el mundo, mientras que de gas solo posee el 2 por ciento', agregó.

Para el influyente Cedla, una organización no gubernamental, “la licitación del Mutún confirma la orientación neoliberal del gobierno en el sector minero, proceso que viene desarrollándose en el marco del Código Minero aprobado por Gonzalo Sánchez de Lozada en 1997”.

“Este proceso concluirá con la adjudicación del yacimiento a una empresa extranjera, bajo la modalidad de 'riesgo compartido'. En este sentido, las declaraciones del presidente de COMIBOL, indicando que la estatal no puede hacerse cargo de la explotación de los yacimientos ferrosos del Mutún, porque carece de recursos, ponen en evidencia que los proyectos siderúrgicos de explotación, concentración y refinación del mineral se desarrollarán bajo el control de una transnacional minera, donde la participación del Estado se circunscribe a buscar mayores impuestos y cuidar el medio ambiente, exigiendo el uso de gas natural en vez de carbón vegetal como energético para la industrialización del hierro. En este proceso, a diferencia de lo que indicaba el programa electoral del MAS, no es una poderosa COMIBOL sino la transnacional la protagonista de este proyecto de industria siderúrgica”, agrega.