Este martes, unos 150 representantes de 15
comunidades del la parroquia Marco Sergio Godoy del Municipio Mara del estado
Zulia, iniciaron una nueva protesta en contra de la granzonera ONICA, S.A.
(Proyectos y Construcciones Civiles RIF: J-07009292-0/NIT:0030959671), por el
marcado impacto ambiental generado por esta empresa a la orilla y en el curso
medio del río Cachirí (en su zona protectora), a pocos metros de su llegada al
embalse Tulé, que durante 14 años lleva explotando piedra, grava y la arena del río,
con el siempre apoyo del complaciente Ministerio del Ambiente-Zulia, a pesar de
estar en una ABRAE: Zona Protectora de
La sequía progresiva de este afluente que fluye hasta la represa Tulé y sus evidentes signos de contaminación y degradación física y biótica, fueron el origen de ésta protesta que, horas después, y ante el amparo irresponsable y adrede de las autoridades locales (Destacamento Nº 3, destacamento de Frontera No 31 de la 3era Compañía/Segundo Pelotón de la GN, Cachirí), estuvo a punto de convertirse en una masacre en contra de 15 activistas ambientales y miembros de las comunidades quienes en compañía del vicepresidente de la junta parroquial fueron emboscados por un grupo de personas que tienen 4 familiares trabajando para la empresa ONICA como choferes de las gandolas que transportan el material explotado del lecho del río.
Con una camioneta de la empresa ONICA y conducida por un sujeto de nombre Edgar Romero (así lo identificaron las comunidades) y una gandola también propiedad de la empresa, fueron emboscados y secuestrados el grupo de 15 activistas, miembros de comunidades y el vicepresidente de la Junta Parroquial, quienes habían llegado hasta el lecho de río (donde opera la empresa ONICA) para lograr recabar las imágenes que se muestran en este texto y comprobar la acción de esta empresa que para pasmo se mantiene “al día” con las exigencias de la ilustre dependencia del MARN-Zulia.
Esta estimable acción casi les cuesta la vida. En comuna y armados de piedras, palos y otros objetos fueron atacados y amenazados de muerte los siguientes activistas: Carmen Salazar y su hija (menor de edad); Manuel Gonzáles, Miguel Petráz, Edilson Romero, Renza Zabaleta, Camila, Ángela González, Jorge Montiel, Aura Urdaneta, Mística Urdaneta, Mervin Montiel (Vicepresidente de la Junta Parroquial) y otros dos compañeros Wayúu.
Esta acción llevará curso ante la Fiscalía del Ministerio Público, dado que entre otras tantas agresiones, la actuación del destacamento de Frontera No 31 del CORE Nº 3 de la GN quien se negó a tomar las acusaciones de lo ocurrido en río esa tarde, además de aclarar hasta dónde pudo estar tras este acto violento la responsabilidad del acaudalado empresario Imoli Di Bartolomeo dueño de la granzonera ONICA y de otras empresitas en la región.
Impunidad,
complicidad, corrupción y delitos ambientales
La acción social, de este martes, casi enluta nuevamente a nuestro país. Los actos de violencia a los que están amenazadas las comunidades y los activistas sociales del estado Zulia, principalmente en el municipio Mara, están llegando al máximo del desamparo. En este caso concreto, las autoridades policiales y de seguridad siguen órdenes a cambio de dádivas por las empresas. Para dar una muestra de ello, cuando lograron escaparse de la emboscada y llegar a intentar poner su denuncia ante la GN, los activistas solicitaron un poco de agua y la respuesta de uno de los uniformados fue que no había, pues los irlandeses de la Carbonífera Caño Seco aún no les llevabael agua y el hielo.
La afectación de la granzonera sobre el río Cachirí ha llevado al máximo la sequía del caudal, el río es un sistema de huecos con agua verdosa y de temperatura elevada cuando el Cachirí como la normalidad de sus ríos hermanos en la zona es de unas muy bajas temperaturas. La productividad biológica en el “lecho” (si aún puede llamarse así) del río es nula, y río quedó sin piedra.
La situación del río Cachirí es dramática, su destrucción es innegable y su causante, la empresa ONICA y sus propietarios, deben responder por los daños causados, además de investigarse y castigarse las actuaciones de los representantes del MARN Zulia.
La actuación de estos hechos violentos en contra de periodistas, campesinos, acompañarán ante la Fiscalía de Ministerio Público otro bloque de denuncias que ya desde temprano reposan en contra de esta empresa en ese despacho.
El recelo y la violencia con la que se trató de evitar que se agravasen las imágenes de los daños que la empresa ha causado, acerca aún más la responsabilidad del señor Imoli Di Bartolomeo sobre lo que pueda ocurrirle en la zona a éstos activistas.
Este acto de violencia extrema, física y verbal, las comunicaciones por radio, la toma de videos y fotografías a los activistas, líderes indígenas y campesinos de la zona que mantuvieron el paro y llegaron hasta el río, no es una actitud natural de cuatro familias campesinas que también en algún momento vivieron y se sostuvieron de las aguas limpias del Cachirí y que hoy con una triste quincena de 150 mil bolívares pueden llenar la despensa de granos y pagar una pipa de agua traída por un cisterna. Esta acción fue empujada y pagada y sobre ella igualmente debe responder el alcalde del Municipio Luis Caldera, sobre quien recae el peso de una acción débil y poco comprometida con los claros desastres ambientales que ocurren en este municipio, aún, uno de los más pobres y miserables de toda la América Latina. También uno de los más inseguros y violentos del país.
Hasta la fecha de hoy, se mantiene de palabra y sin ninguna formalidad, la intención del Alcalde Luis Caldera de reunirse junto con algunas autoridades de la comunidad, la Guardia Nacional y la Dirección Estadal Ambiental Zulia para discutir la presencia o no de la granzonera.
A lo que los activistas ambientales nos adelantamos en oponernos aun intento de llevar a un consenso ramplón y de elección simplista en una “mayoría” de votos, las decisiones que sobre la vida y el rescate del río Cachirí. El río Cachirí es un afluente vital para la vida de la represa Tulé del Estado Zulia. La empresa ONICA debe pagar los daños ocasionados al río y salir inmediatamente de la zona. Es una vulgaridad que cuatro míseras quincenas de obreros explotados pesen más que la vida de un río del que dependen el agua de los habitantes de Maracaibo, Santa Cruz de Mara, Miranda, La Concepción y San francisco, así como varios poblados del municipio Mara que toman agua cruda sacada directamente del río repartida en un camión cisterna.
El rescate del río Cachirí en contra de la minería de piedra indiscriminada y sin control es la lucha.
Mara, pueblo indígena y campesino no puede seguir abandonando la actitud de un poblado agricultor, labrador, contemplador de sus ríos y sus estepas.
No más sub-cultura minera en Mara, es la consigna. Otra Mara, la Mara del turismo, de pesca, sus cultivos de arroz, de su ganado caprino y ovino, es posible.
*Barrio 24 de Junio, El Tamaral,
*Por más de 6 horas se mantuvo la toma que continuará a pesar de las irresponsables y conducidas amenazas de ajusticiamiento y muerte que están ocurriendo en el municipio Mara en contra sus habitantes y activistas ambientales.
*La pérdida del río como elemento para el uso de las tareas domesticas, agrícolas y pecuarias de éstas comunidades es una violación a los derechos Económicos, Sociales y Culturales de los zulianos.