Los negocios empresariales energéticos que se esconden detrás de la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA) y de su filial Carbones del Zulia (CARBOZULIA) hacen que estas instituciones dependiente del Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD) se coloque al margen de la política de Estado, y de las últimas recomendaciones del propio Presidente de la República, Comandante Hugo Rafael Chávez Frías.
En estos momentos CARBOZULIA viene presionando a los indígenas Wayúu de las comunidades Alitai, Campo Verde y San Luis para que desocupen sus tierras, anteriormente haciendas como la California con más de 14 años abandonadas.
Al margen de las recomendaciones del Ministerio del Ambiente, a través de su Ministra Jacqueline Faría, y del Director estadal Alberto Trujillo, de no otorgar permisos para abrir nuevas minas aguas arribas de los embalses, y del propio presidente Hugo Chávez de que si no existe un método que asegure no dañar al ambiente y a las comunidades ese carbón se quedaría bajo tierra.
Ese método, ante la ciencia, las comunidades y la opinión pública, está demostrado con todo el desastre ambiental, social y cultural que significa hoy en día sacar 8 millones anuales de carbón en minas a cielo abierto en Paso Diablo y Mina Norte por parte de CARBOZULIA y sus empresas mixtas Carbones del Guasare, S.A. y Carbones de La Guajira, S.A., respectivamente.
Personal de contratistas enviados por CARBOZULIA/CORPOZULIA se enfrenta a los indígenas Wayúu para lograr medir sus parcelas, cruzar con “picas” sus tierras, obtener censos de más de 45 parcelas donde se encuentra 400 Wayúu viviendo en autogestión indígena de la cría de animales, la agricultura y la pesca.
No contento con estas acciones alejadas de las recomendaciones ministeriales, se apoya en acciones encubiertas apoyadas en la gestión de uno de sus operadores, en este caso de un señor de nacionalidad colombiana de apellido Zuleta para amedrentar a los dirigentes indígenas en resistencia. Éstos hace cinco meses denunciaron que uno de los factores en armas presente en estas alejados parajes fronterizos del municipio Mara del Estado Zulia les dieron plazo, en nombre de Manuel Biaco Zuleta, hasta diciembre de 2006 para salir por las buenas o por las malas de la comunidad Alitai, antigua hacienda California.
Los indígenas nuevamente fueron amenazados, esta vez por el propio señor Zuleta, quien a sugerencia de los indígenas se niega a mostrar los papeles de “propiedad” de la antigua hacienda California por estar ya introducidos en CARBOZULIA para su negociación.
Estas tres comunidades indígenas fronterizas forman parte al igual que las comunidades vecinas Kasusai, Wayúumana, Tatuchimana, San Miguel, Caño la Arena, Corozo, la Orchila, entre otras, las tierras tradicionales indígenas Wayúu hoy incluidas dentro de los proyectos minero portuario vial de CARBOZULIA y de la empresa irlandesa Carbonífera Caño Seco, C.A., ubicadas aguas arribas de los embalses Manuelote y Tulé.
Toda esta zona a pesar de ser una Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) por ser Zona Protectora de los Ríos Guasare, Socuy y Cachirí, es también según la visión de la Venezuela de la cuarta república un lugar de explotación minera, de tal manera que los caños Chorro, Norte y Vaquiro que son al igual que el río Socuy, tributarios del embalse Manuelote y el Caño Pedrú tributario del Socuy van a ser afectados por los planes carbonífero de la apertura de la Mina Socuy por parte de CARBOZULIA y de la empresa estadounidense brasileña Vale do Rio Doce (CARBOSURAMÉRICA).
Los indígenas Wayúu del Socuy están dispuestos a resistir los embates anunciados por CORPOZULIA/CARBOZULIA de meterse después de las elecciones presidenciales en sus tierras acompañados de la Guardia Nacional, siguiendo instrucciones del recién creado Teatro de Operación Nº 4.
Hacemos un llamado al Presidente de la República, a la Ministra del Ambiente y a la Asamblea Nacional a tomar cartas en el asunto contra los personeros de CARBOZULIA y CORPOZULIA para evitar nuevos derramamiento de sangre indígena en la frontera venezolana, para ello es necesario: 1.- Derogar las concesiones de las minas Socuy, Cachirí, Caño Seco, y todas aquellas ubicas en esta importante ABRAE dadora de agua, oxígeno y biodiversidad, 2.- Detener de inmediato los trabajos de exploración subsiguiente explotación por parte de CARBOZULIA, Carbones de La Guajira, S.A. y de la empresa irlandesa Carbonífera Caño Seco en la zona y 3.- Otorgar, según la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, estas tierras en títulos de propiedad colectiva a estas comunidades indígenas Wayúu.
Sociedad Homo et Natura, ANPA/ANMCLA