Una nueva trampa jurídica se está cocinando para el próximo 12 de Octubre, ya no en comunidades indígenas ubicadas en el centro y sur del país tal como ocurrió el año pasado, esta vez le toca a los Barí, moradores ancestrales de la Sierra de Perijá del estado Zulia.

La Comisión Técnica contratada por el Ministerio del Ambiente (MINAMB) para demarcar los territorios de este grupo étnico de filiación lingüística Chibcha, no puede comprometerse por orden ministerial con los líderes de las comunidades indígenas en medir los espacios que ellos autodemarcaron como sus territorios ancestrales, tal como lo señala la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas y la Ley Orgánica de Comunidades Indígena, mucho menos asegurar el pago de las bienhechurías a través de cheques para pagar a cada uno de los ganaderos o parceleros que hoy ocupan los territorios señalados por las comunidades Barí, tanto del piedemonte perijanero como en ambas márgenes de la carretera Machiques-colón.

La limitación más angustiante de tal situación es que el MINAMB está preparando los títulos de “propiedad” colectiva a ser entregado al pueblo Barí por el señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, sin haber derogado el presidente las concesiones de carbón que están dentro de los territorios indígenas autodemarcados, tal como lo han exigido los indígenas en más de diez años de movilización permanente, ratificada de nuevo en Miraflores después de realizarse la Marcha Indígena el jueves 31 de marzo de 2005 y el viernes 27 de enero en el marco de VI Foro Social Mundial Caracas 2006.

Ante el Plan A y B Gubernamental se impondrá el Plan Barí

Los personeros contratados en esta comisión, para cumplir con los objetivos ministeriales, inventaron un macabro y anti nativo Plan A y B; la parte A es entregar el próximo 12 de Octubre, por el Presidente Chávez, sólo las tierras donde están ubicadas las viviendas y conucos de cada una de las comunidades ubicadas entre los potreros de las hacienda o en los mismos espacios físicos donde el ya desaparecido Instituto Agrario Nacional (IAN) a partir de los años 70 les había entregado títulos con sus respectivos levantamientos topográfico.

La llamada Pica Barí se entregará sin corroborar linderos, sin hacer el censo de haciendas y parcelas incluidas, sin pagar las bienhechurías y sin derogar las concesiones de carbón de CORPOZULIA, y a las empresas privadas Corporación Carbones del Perijá, C.A., Minera MAICCA, C.A., Carbones Occidentales, C.A. (CARBOCA) y Consultores Mineros, C.A. (CONSULMINCA), que hacen un total de 88.978,15 hectáreas de superficies del territorio Barí en piedemonte de Perijá, de los cuales los lotes MAICCA VI y MAICCA VII de la empresa estadounidense y japonesa Minera MAICCA, C.A. están a 100 metros del lindero este del Parque Nacional Perijá, y los dos lotes finales ubicados en la margen norte del Río de Oro, son del Proyecto Río de Oro de CORPOZULIA y están dentro del Parque.

Posteriormente del 12 de Octubre, después del acto presidencial de entrega de títulos de “propiedad” de tierras a los Barí, estos señores contratados aseguran medir todas las haciendas y parcelas auto demarcadas como territorios Barí y hablar con el Presidente Chávez para que se disponga a entregar los cheques a los hacendados y parceleros, y derogue las concesiones de carbón, este es el denominado Plan B.

Estos planes no son más que una vulgar trampa, una manera de asegurar tierras para los hacendados (productividad) y para los capitales transnacionales energéticos-minero y portuario-viales, dentro de los negocios que el Presiente Chávez viene pautando con el resto de los países de América del Sur, en especial con la empresa estadounidense brasileña Vale do Rio Doce, y ahora Asia, que ya cuenta con el dinero asignado a CORPOZULIA para construir los puertos carboneros Bolívar (Puerto América) y Catatumbo en el Golfo de Venezuela y en el Sur del Lago, poblado Encontrado, respectivamente, así como las vías ferroviarias desde las minas hacia dichos puertos buscando así los mercados del Atlántico, dentro de la estrategia imperial de la IIRSA y el Plan Puebla Panamá.

Los indígenas se sienten engañados y se preparan para la lucha final

En el II Encuentro de Comunidades Indígenas del Estado Zulia realizada en la ciudad de Machiques el sábado 1 de julio del presente año, el representante de la comisión gubernamental, Ing. Yun Lobo, anunció que existía la disposición de la señora Ministra del Ambiente, Ing. Jacqueline Faría, quien es también la Coordinadora Nacional de la Comisión Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas, de cancelar el pago de las bienhechurías a los ganaderos y parceleros cuyos predios quedaban dentro de los espacios autodemarcados por las indígenas Barí, Yukpa y Wayúu, y que se estaba trabajando en la derogación de las concesiones de carbón desde la mina Socuy hasta Río de Oro.

Esta afirmación hizo bajar la guardia no sólo de los indígenas zulianos, sino de los mismos ecologistas luchadores frontales contra los planes de expansión carbonífera y de su infraestructura en el Zulia. La sorpresa (o traición) se da después de las primeras conversas y reuniones, entrega de información, elaboración de censos y mapas mentales, y la realización de dos engañosos programas sobre la demarcación denominados Los Mangos que hoy se presentan en Vive TV Zulia. Al terminar esta etapa, los señores contratados encargados de medir los territorios y de colocar los respectivos botalones se negaron de medir las tierras ancestrales a las que aspiran rescatar cada una de las comunidades, como expresión de una minúscula parte de sus territorios originales despojados por los ganaderos a finales de la década de los años 40. Logrando neutralizar así cada comunidad por separado, imponen de tal manera los criterios del Plan A y B.

Los Barí de la comunidad Kumanda rompe la estrategia gubernamental

Avisados de cómo venían trabajando la comisión contratada por el MINAMB, los dirigentes de la comunidad Kumanda no se dejaron encerrar como animales en una porción de unos potreros de la hacienda Caño Negro (antigua hacienda El Edén), exigien la medición de todo el espacio auto demarcado como su territorio, y el pago inmediato de las bienhechurías de las hacienda el Socorro y los seis potrero de la hacienda Caño Negro, de las montaña donde cazan y poseen sus conucos, así como el acceso al río Aricuaizá, de lo contrario no asistirán al acto presidencial del 12 de Octubre.

La comunidad sentó a los ganaderos y una parte de la comisión gubernamental el martes 22 de agosto de este año y acordaron la necesidad de permitir medir estos espacios y el pago de las bienhechurías, de lo contrario los hacendados Gutiérrez y Urdaneta no están dispuesto a permitir la ocupación de estos predios por los indígenas.

Solicitando de inmediato los dirigentes indígenas la presencia de los responsables de la comisión gubernamental, el día viernes 26 de agosto a las cinco de la tarde llega a la comunidad el Sociólogo Daniel Castro, quien se compromete a elevar esta petición a la comisión, paro sin garantía de que la misma sea aceptarla como tal.

Este pasado jueves 31 de agosto de nuevo el sociólogo y un abogado llamado Maikol, contra ofertando, propusieron entregar sólo tres potreros de la hacienda Caño Negro y la montaña donde están los conucos, con un total de superficie de 200 hectáreas.

No pudiendo convencer a los dirigentes indígenas de la comunidad Kumanda, ni mucho menos a los de Karañakaek, se fueron derrotados, con el amargo sabor de que el acto del 12 de Octubre está prácticamente cancelado, por lo menos en lo que respecta a las comunidades y dirigentes de base del pueblo Barí.

Estas acciones de la comisión gubernamental está soportada en el principio de la productividad que encierra toda la propuesta agraria del nuevo estado revolucionario, por ello la necesidad de sanear las tierra, no de minas y derechos de terceros en los territorios indígenas, sino para la alta producción agropecuaria, que contrasta en una relación de oposición con la economía de subsistencia de los pueblos indígenas, por esta razón la propuesta entonces de minúsculos espacios para vivir.

Ante una movilización final en puerta que podría terminar en la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante esta referencia valiente de los dirigentes de Kumanda el resto de las comunidades Barí exigen al MINAMB medir ya los espacios autodemarcados y la entrega de cheques por las bienhechurías para cada uno de los ganaderos y parceleros afectados por la auto demarcación, y aquellas comunidades que no pudieron expresar libremente sus propuestas de manera verbal y a través de los denominados mapas mentales sus peticiones sean reconsideradas, para así poseer en verdad verdad lugares de caza, recolección y pesca, y no sólo donde están sus viviendas y sembradíos.

El MINAMB está actuando al margen de las leyes nacionales e internacionales

En verdad, si entregan títulos de propiedad colectiva de la tierras a los indígenas de la comunidad Kumanda o Karañakak saneadas, libres de minas y ganaderos (derechos de terceros), tendrían que entregarles así a todas las otras comunidades Barí lo mismo, luego a los Yukpa y a los Wayúu del Socuy, y así, a todos las comunidades indígenas de la República Bolivariana de Venezuela, a esto es a lo que se refería con preocupación en la reunión en Kumanda uno de los miembros de la comisión “habría una conmoción en el país”.

Pero en verdad, no hay otro camino sino el de la justicia social, el saldar la deuda histórica que tiene la sociedad nacional mayoritaria y el país con estos pueblos originarios, que están antes del estado nacional, de lo contrario Chávez y el Gobierno todo, traicionaría a la patria de Bolívar, a la Constitución, y a Guaicaipuro.

Para proteger intereses del modelo cuarto republicano minero portuario vial, de enclave minero exportador, y de los pudientes ganaderos el Gobierno se pretende sacrificar a los indígenas y al ambiente, entregándoles tierras donde se respeten derechos de terceros, en este caso, como el de los Kariñas, de hacendados, parceleros y mineros.

No hace falta una revolución para entregar conucos y espacios de viviendas, ya esto se había logrado en las movilizaciones a partir de los años 70, cuando Pérez y Caldera.

A nivel de la jurisprudencia lograda a nivel internacional, por ejemplo en la ONU o en la OEA el derechos a la tierra para los indígenas está vinculado sustancialmente al derecho a la vida, a la propiedad colectiva; más cuando este grupo étnico fue prácticamente diezmado por las empresas petroleras y los hacendados en la resistencia contra el modelo de producción que exactamente hoy la revolución quiere profundizar en nombre del Socialismo del Siglo XXI.

Sociedad Homo et Natura