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La Asamblea Constituyente de Bolivia, que funciona bajo el control del oficialismo, suspendió indefinidamente sus deliberaciones y dejó en la congeladora un reglamento que facultaba al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales a redactar, sin concurso de la oposición derechista, la nueva Constitución Política del Estado.
La suspensión de las sesiones es una concesión gubernamental al poder petrolatifundista, que este viernes realiza una huelga de 24 horas en cuatro de los nueve departamentos (regiones) de Bolivia, en contra de la aprobación de ese reglamento, que les quita el poder de veto al interior de la Asamblea.
La decisión fue asumida por el propio presidente Morales y comunicada oficialmente por la presidenta de la Asamblea, la masista Silvia Lazarte, con el objetivo de buscar nuevas bases de acuerdo entre las fuerzas gobernantes de la izquierda indigenista, que tienen mayoría en la Asamblea, y la oposición derechista que representa los intereses del imperialismo, las transnacionales y la burguesía criolla.
“La sesión de hoy fue suspendida hasta nuevo aviso (…) Buscaremos consenso para aprobar el reglamento interno de debates en detalle”, dijo Lazarte, que adoptó esta decisión sin consultar a los asambleístas indígenas y campesinos del MAS, que habían instado al presidente Morales a no ceder a la presión de la oligarquía y, por el contrario, aprobar de inmediato el reglamento de debates en su segunda y definitiva instancia (ver “Campesinos piden no ceder ante la oligarquía”.
El pasado viernes, bajo la dirección y presión de esta fracción indígena - campesina, liderada por Román Loayza, el MAS arrinconó a los asambleístas de la derecha y aprobó, en una primera instancia, el reglamento que anula el mecanismo de los dos tercios que facultaba a la oposición petrolatifundista a vetar las propuestas del MAS.
En esa sesión, el dirigente campesino Román Loayza sufrió un grave accidente y fue internado en un hospital en estado de coma, dejando sin conducción a la fracción indígena - campesina del MAS, que a partir de allí ya no tuvo la fuerza ni la cohesión necesaria para lograr la aprobación definitiva del reglamento, que anula el acuerdo que la fracción dialoguista y concertadora del MAS (dirigida por el vicepresidente Alvaro García Linera y con aval de Evo Morales) logró inicialmente con la oligarquía petrolatifundista.
La no aprobación del reglamento en su etapa de detalle y la suspensión de las deliberaciones es un duro revés para la fracción indígena - campesina y es un respiro para que la fracción de García Linera intente reanudar el diálogo con la oligarquía del oriente.
Hasta ahora, Evo Morales ha oscilado entre ambas tendencias, en procura de rescatar en algo el carácter progresista de la Asamblea Constituyente, aunque enfrentando un verdadero dilema: romper con el poder petrolatifundista y avanzar más allá de su tibio reformismo o llegar a nuevos acuerdos con quienes son aún los dueños de la tierra, de las riquezas naturales y de la propia Bolivia. Sus últimas decisiones parecen inclinarlo hacia la segunda opción.
