Un accidentado ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) declaró el rechazo de los trabajadores bolivianos al paro organizado por la oligarquía petrolatifundista para este viernes, aunque ratificó su posición crítica ante la Asamblea Constituyente por no representar al pueblo.
Bajo la doble presión de dirigentes sindicales vinculados a la oligarquía oriental y al gobierno de Evo Morales, enfrentados por el control de la Central Obrera de Santa Cruz, el ampliado de la COB instruyó este miércoles a sus afiliados en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija a no acatar el paro oligárquico.
El ampliado de la COB, que se realizó en La Paz, llegó a la conclusión de que la decisión de los prefectos y comités cívicos de cuatro de los nueve departamentos de Bolivia era política y respondía a los intereses de la oligarquía y no de los bolivianos.
El principal dirigente de la COB, Pedro Montes, dijo que la unitaria central sindical, que aglutina a todos los trabajadores bolivianos, no permitirá que la derecha tome nuevamente el mando a través de comités cívicos que se convirtieron en defensoras de los partidos políticos neoliberales.
Montes, y otros dirigentes de la Federación de Mineros y de Maestros, acusaron al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales de propiciar la rearticulación de la derecha, por su política conciliadora y por haber preferido conformar la Asamblea Constituyente con los partidos derechistas y neoliberales, dejando de lado a las organizaciones sociales y laborales.
Pacto antinacional
La actual Asamblea Constituyente, posesionada hace un mes, surgió de un pacto entre el gobierno del MAS con los partidos de la oligarquía petrolatifundista, excluyendo la participación directa de las organizaciones sociales, populares y originarias.
Según las propias declaraciones del gestor de ese pacto, el vicepresidente Alvaro García Linera “este diseño electoral (de la Asamblea Constituyente) ha impedido la presencia de mayorías abrumadoras. Por el propio diseño, que fue resultado de un acuerdo entre la oposición (petrolatifundista) y el Gobierno, nadie, nadie podía obtener más del 65 por ciento de la votación. Se privilegió, se respetó la presencia de minorías políticas, y encima, en la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, se colocó un candado: la obligatoriedad de los constituyentes a tener dos tercios del voto para aprobar sus decisiones. Por lo tanto, la obligatoriedad de alianzas, de acuerdos, de consensos, todo eso está en la misma Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, fruto de un acuerdo de oposición y de Gobierno', decía García Linera.
Este acuerdo, refrendado por Evo Morales, daba un poder de veto a la oligarquía al interior de la Constituyente e inviabilizaba toda conclusión que no fuera del agrado de estos grupos de poder. Por ello, ante la intención-decisión del gobernante MAS de desconocer este acuerdo, la oligarquía decretó un paro de 24 horas, que en lo inmediato frenó está intención-decisión gubernamental y posibilitó la rearticulación opositora.
Rearticulación de la derecha
“La rearticulación de la derecha es la culpa del gobierno, es por no impulsar una Constituyente representativa con la participación de los sectores sociales”, dijo el dirigente Jaime Rocha de la Confederación de Maestros Urbanos, que criticó a la actual Constituyente. “Esa Asamblea no representa a los sectores sociales. Ya lo advertimos al Gobierno que la derecha se rearticula. Es un problema de clase. Los explotadores de unen contra los explotados”, agregó.
“Evo es el único causante del paro. El pueblo quería otra Asamblea Constituyente, donde esté realmente representado el pueblo. La actual Asamblea es una metida de pata del Gobierno. Ahí está gente que siempre ha hecho daño al país”, señaló Pedro Montes.
Próspero Quispe, de la Federación de Mineros, dijo que “la derecha se aprovecha de los errores de Morales. La Asamblea Constituyente debía ser participativa. Allí no está la COB ni la Federación de Mineros”.
Una Asamblea al margen del pueblo
Según el cobista Pedro Montes, la COB no se siente representada en la Asamblea Constituyente y sus dirigentes adelantaron que se mantendrán alejados de las decisiones que se asuman, pues cuestionaron la elección de asambleístas que “no se identifican con el sector laboral”.
“Cuando los trabajadores peleamos en las jornadas de octubre del 2003, hemos solicitado que los sectores sean parte de este proceso a la cabeza de la COB, pero se manejó de otra manera. No esperamos nada de la Asamblea Constituyente”, dijo.
Según Montes, existen partidos y dirigentes de agrupaciones políticas que representan al neoliberalismo como los asambleístas Hormando Vaca Diez y Samuel Doria Medina. “Estas personas no pelearán por los pobres ni por los trabajadores y por el contrario, buscarán sus intereses personales”, sostuvo.
En ese sentido, ratificó las resoluciones de su último Congreso Ordinario que rechazó apoyar la Constituyente y determinó trabajar con sus organizaciones en la atención de sus demandas ante el Gobierno.
“Los asambleístas del MAS tampoco son representantes de las organizaciones sociales y no tenemos por qué esperar algo de ellos”, apuntó el dirigente de los trabajadores.
Una nueva Asamblea
Según Felipe Machaca, secretario general de la COB, sólo con la instalación de una asamblea constituyente con carácter originario y popular, en contraposición al que se realiza en Sucre, los trabajadores encontrarán solución a sus problemas
Machaca dijo que esta posición responde a la determinación del XIV Congreso Ordinario realizada a fines de junio en Viacha, donde se aprobó la tesis política que plantea convocar a una Asamblea Constituyente Originaria y Popular, en la que participen todos los sectores sociales que fueron excluidos por partidos como el MAS, Podemos, UN, MNR y otros.