La Paz, 6 de octubre. El presidente boliviano, Evo Morales, denunció este viernes que está en marcha "una conspiración interna y externa contra la democracia, mi gobierno y Bolivia", al referirse a los cruentos choques de la víspera entre mineros por la posesión de un yacimiento de estaño, cuyo saldo fue de 16 muertos y 61 heridos.

Recordó que en días pasados "hemos escuchado que algunos partidos o movimientos no aceptan el proceso de cambio y la nacionalización de los hidrocarburos, por eso iniciaron una demanda de inconstitucionalidad".

No obstante, como consecuencia de la refriega entre mineros sindicalizados y cooperativistas en Huanuni, Oruro, el mandatario se vio obligado esta noche a relevar de su cargo al controvertido ministro de Minería y Metalurgia, Walter Villarroel, acusado por los sindicalistas y diversos sectores de haber provocado el conflicto al favorecer a los cooperativistas, de quienes fue su dirigente.

En sustitución de Villarroel el gobernante nombró al ex dirigente minero José Guillermo Dalence Salinas, y designó presidente interino del directorio de la Corporación Minera de Bolivia a Hugo Miranda Rendón.

Morales admitió que en materia de minería "no hemos cumplido con el pueblo boliviano", a manera de reconocimiento para los cambios en su gabinete. En el mismo tenor, se hizo eco de las críticas contra el destituido ministro de Minería, de que favorecía intereses del sector cooperativista.

Tras subrayar que él es el presidente de todos los bolivianos y quiere servir a todos sus compatriotas, dijo lamentar que sus colaboradores del ramo no le hayan ayudado en forma eficiente, y pidió a las autoridades correspondientes "una profunda investigación para dar con los autores de estos lamentables hechos de sangre".

Al referirse al envío de 700 policías que horas antes llegaron a Huanuni y al cerro Posokoni, donde se ubica el yacimiento de estaño en disputa, que quedaron bajo su control para poner orden, Evo Morales explicó que nunca ha pensado "ni pienso aún gobernar con las fuerzas armadas y la Policía Nacional".

Apuntó que fue a pedido del pueblo orureño que envió a la Policía Nacional a pacificar Huanuni, y expresó su confianza en que la pacificación permita hacer una profunda reflexión de estos tiempos de cambio.

"Todos tenemos derecho a las reivindicaciones, pero no podemos acabar con el sectarismo y el individualismo", dijo.

Dalence Salinas, a quien se le atribuye una formación ideológica maoísta, tras juramentar en una ceremonia en el palacio presidencial declaró que el desarrollo del país debe asentarse en la nacionalización de los hidrocarburos, de acuerdo con el decreto del pasado primero de mayo, así como considerando los recursos mineros.

Antes de las declaraciones del presidente y de los relevos, el gobierno boliviano había anunciado que se logró un compromiso de "tregua social" entre cooperativistas y sindicalizados mineros que desde hacía 24 horas se enfrentaban con ataques de dinamita y balazos en Huanuni por la posesión del cerro Posokoni, que alberga las más ricas reservas de estaño del país altiplánico.

El vocero presidencial, Alex Contreras, indicó que el saldo oficial del enfrentamiento es de 16 muertos y 61 heridos, pero el defensor del pueblo, Waldo Albarracín, mediador en el conflicto, dijo a radio Fides que la cifra de víctimas "rebasa los 20 muertos".

El comandante de la Policía Nacional, Isaac Pimentel, informó que el contingente de 700 efectivos, que llegó este mediodía a Huanuni, consiguió con la colaboración de los dirigentes de los cooperativistas y los sindicalizados tomar el cerro Posokoni sin disparar ni una cápsula de gas lacrimógeno, con lo que se detuvieron los estallidos de dinamita y los disparos de armas de fuego.

La decisión de enviar el contingente policial se tomó luego del fracaso de la comisión oficial, integrada por tres ministros y el defensor del pueblo, en lograr que se respetara la noche del pasado jueves un acuerdo de pacificación firmado por los líderes de los mineros enfrentados.

En la toma del cerro Posokoni por la Policía Nacional se encontraron tres cadáveres, que fueron trasladados al hospital.

Toda la noche hubo dinamitazos; ayer hubo más de mil estallidos según el diario Patria Nueva, de Oruro, que publicó además la nómina de 109 heridos durante los enfrentamientos del jueves.

Esta mañana se reportaba aún que desde arriba del cerro los cooperativistas mineros estaban lanzando llantas llenas con dinamita y sustancias químicas -que potencian el estallido- hacia las posiciones que ocupaban los sindicalizados en la parte baja y contra las casas del pueblo.

La demanda para la salida de Villarroel del Ministerio de Minería provino de la Central Obrera Boliviana y de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), así como de legisladores del derechista partido Poder Democrático y Social, cuyo senador Oscar Ortiz acusó al gobierno de "incapacidad para prevenir los conflictos".

La FSTMB decretó hoy un día de duelo nacional. Su dirigente Alfredo Aguilar dijo que el lunes arribarán a La Paz contingentes de mineros para realizar una serie de movilizaciones exigiendo una solución al conflicto de Huanuni y castigo para los responsables de la muerte de sus compañeros.

Entre los compromisos a que se llegó entre los representantes del gobierno, los cooperativistas y los trabajadores sindicalizados mineros, destaca que se investiguen las causas de los decesos y los heridos y una evaluación de todos los daños que se han causado entre ayer y hoy.

Asimismo, el gobierno del presidente Evo Morales se comprometió a enviar ayuda humanitaria para apoyar a los damnificados por el "hostigamiento a la población minera de Huanuni".

En tanto, la Conferencia Episcopal Boliviana expresó su pesar por la violencia en el centro minero de Huanuni, convocó al diálogo a las partes en conflicto y señaló que "los recursos naturales, como regalo de Dios, son para todos y en favor de todos".