Caracas, 06 Ene. ABN.- Este lunes 8 de enero la procuradora nacional de Trabajadores, Elina Ramírez, impugnará la decisión del Juzgado 37º de Mediación y Ejecución del Trabajo de Caracas, a través del cual se establecieron los pasos para que la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) procediera a la cancelación de las deudas con sus jubilados.
Así lo informó el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (Mintrass) mediante una nota de prensa en la cual se indica que la decisión de la procuradora se produjo tras varias reuniones sostenidas con jubilados y sobrevivientes de la telefónica.
Ramírez informó que en la impugnación se denuncian los vicios contenidos en la decisión de fecha 20 de diciembre de 2006, pues considera que la misma se acogió a «una metodología planteada unilateralmente por la empresa, que desconocía totalmente el planteamiento de los representantes de los jubilados y donde no se oyó ni se tomó en cuenta la opinión de todas las partes involucradas».
Además, calificó de insólito que «sólo se haya valorado un escrito presentado por la empresa CANTV, supuestamente el 20 de diciembre de 2006, fecha en que fue emitido el mismo auto, sin permitir el control del resto de las partes que forman parte del juicio».
Para Ramírez, «ello evidencia la total prescindencia del procedimiento legal, violando flagrantemente el artículo 180 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».
Por ello, explicó que «resulta inaceptable que el tribunal haya delegado su competencia y su autoridad judicial en las oficinas de recursos humanos de la parte demandada».
«De tal forma que estas operaciones realizadas ante las oficinas de recursos humanos de la CANTV en período de vacaciones judiciales no implican para nuestros jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas y sobrevivientes», aclaró.
Finalmente, indicó Elina Ramírez que procederá a exigir el cumplimiento de la obligación del auxilio temporal que en forma unilateral y, a pesar de la exigencia del juzgado de ejecución, ha sido desconocido por la CANTV en perjuicio de al menos 429 jubilados y jubiladas, de los cuales 219 son representados por la Procuraduría Nacional de Trabajadores.
