Miles de bolivianos exigieron la renuncia del prefecto del departamento de La Paz, José Luis Paredes por apoyar "la división del país". Algunos de los participantes en la marcha iban armados con cartuchos de dinamita.
La Paz, 15 de enero. Un cabildo popular al que asistieron más de 6 mil personas exigió hoy la renuncia del prefecto del departamento de La Paz, José Luis Paredes, y le instaron a dejar el cargo en 48 horas, si no quiere enfrentar bloqueos de carreteras y otras movilizaciones.
Desde Quito, donde asistió a la toma presidencial de Rafael Correa, el gobernante boliviano Evo Morales dijo que no existe riesgo de golpe de Estado en su país y descartó una ruptura por los reclamos autonómicos. A la pregunta de si piensa cancelar licencias a medios de comunicación opositores respondió que no, indicó Afp.
El cabildo popular fue realizado durante una reunión convocada por organizaciones de la ciudad de El Alto, mientras en la ciudad de Cochabamba los sectores sociales que exigen la renuncia del prefecto (gobernador) Manfred Reyes Villa, retomaron la plaza principal de la localidad, que la semana pasada fue escenario de protestas contra la convocatoria del gobernante local a la realización de un nuevo referendo sobre la autonomía, lo cual fue rechazado el año pasado.
Una larga lista de oradores acusó a Paredes de corrupción y de apoyar "la división del país, al alinearse con la media luna" los departamentos autonomistas de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, con apoyos a Reyes Villa, quien se refugió el fin de semana en Santa Cruz. De cara a la situación en esos departamentos, el gobierno del presidente boliviano Evo Morales, en voz del viceministro de Concertación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, exhortó a los grupos populares de Cochabamba y El Alto a canalizar sus demandas contra los prefectos y otras autoridades "por la vía de la legalidad y de la democracia", y advirtió que "en este momento cuestionar la legalidad de los prefectos significa poner en duda la estabilidad del poder".
Rada advirtió, no obstante, que "tratar de hacer nacional el conflicto llevándolo a otros lugares no contribuye a la paz social".
Paredes, por su parte, llamó a la ciudadanía del departamento de La Paz a la tranquilidad y dijo que "aquí no va a ocurrir lo de Cochabamba", porque las organizaciones convocantes no tienen la misma fuerza que los cocaleros, que iniciaron las protestas en Cochabamba.
A su vez, el prefecto cochabambino dijo que sólo regresará a su jurisdicción "si el gobierno repliega a los cocaleros".
El defensor del pueblo, Waldo Albarracin, pidió que el diálogo se inicie "donde sea, pero con los protagonistas" y sugirió que las pláticas se realicen en Cochabamba "porque es sumamente negativo sacar de un departamento a otro ese conflicto, pues puede contagiarse".
Respecto a los enfrentamientos del 11 de enero en Cochabamba, que dejaron dos muertos y 216 heridos, Amnistía Internacional afirmó en un comunicado "que las autoridades nacionales en Bolivia deben ofrecer soluciones viables dentro del estado de derecho para evitar mayor derramamiento de sangre. "El gobierno nacional tiene la obligación y el deber de mantener el orden, asegurándose que sus fuerzas de seguridad actúen dentro del marco de pleno respeto a los derechos humanos o arriesgar un mayor deterioro de la situación", señaló la organización.
