Caracas, 27 Abr. ABN (Juan José Espinoza).- Para el defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, la posición asumida por los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH) es obra de 'un juego político, puesto que quienes forman parte de esa instancia son actores políticos con ideologías claras'.
Mundaraín calificó de un ataque de índole político la demanda de la CIDH contra Venezuela por la presunta violación de la libertad de expresión, al no renovar la concesión televisiva a la empresa 1 Broadcasting Caracas (1BC).
“El juego es vender una imagen errónea de las decisiones del Gobierno. En este caso, la decisión de no renovar una concesión”, indicó Mundaraín, durante un contacto telefónico con el programa En Confianza, de Venezolana de Televisión (VTV).
Asimismo, Mundaraín expresó que dicha demanda no guarda relación alguna con el caso del canal Radio Caracas Televisión (RCTV).
El defensor del Pueblo señaló que la base de la demanda que introdujo la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en Costa Rica, está fundamentada en una investigación de la referida corte, iniciada en julio de 2002, ante la solicitud de un grupo de periodistas por la presunta violación de la libertad de expresión durante el golpe de Estado de abril de 2002.
“La demanda guarda relación con esa investigación que sigue la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se quiere relacionar esto con el caso de RCTV para desorientar a la opinión pública en Venezuela y en el ámbito internacional”, explicó Mundaraín.
Con respecto al caso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue a Venezuela por la denuncia que el grupo de periodistas introdujo en 2002, refirió: 'La base para su fundamentación es que durante el periplo del golpe de Estado, los periodistas de los medios privados no tuvieron la libertad para ejercer su trabajo, pero la realidad es que todos los periodistas, tanto los de los medios privados como los de los medios oficiales, vieron mermado su derecho a informar”.
El defensor del Pueblo consideró que es alarmante apreciar cómo diversos medios de comunicación venezolanos privados se hacen eco de una campaña de ataques sin fundamento legal.
