Utilizar a El Libertador para atentar contra su Legado
Ofende la Dignidad del Pueblo Venezolano
Vivimos en un clima de tensión social y política marcado por la incertidumbre, el descontento y la desesperanza en la población venezolana, que atraviesa una grave crisis social, profundizada con el desenlace que tuvo la elección presidencial del 28J, en la que se impuso mayoritariamente la voluntad de cambio, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio la espalda, incumpliendo con el mandato de la Constitución.
Cuando quedan pocos días para el inicio del próximo período constitucional, el Poder Electoral aún no ha publicado los resultados desagregados por mesa de votación, violando la normativa electoral y haciendo caso omiso de la recomendación contenida en la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia No 031 del 22/08/2024), en la cual expresamente exhorta al ente electoral a la publicación de los resultados.
La importancia de publicar los resultados reside en que sólo así, los candidatos postulados, las organizaciones con fines políticos participantes y los ciudadanos en general pueden verificar que efectivamente se cumplió la voluntad soberana del pueblo, y en caso de existir dudas razonables, puedan ejercer los recursos legales y constitucionales pertinentes para corregir cualquier anomalía o inconsistencia, a fin de garantizar el cumplimiento del artículo 5 de la Constitución, en el que se señala taxativamente que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce en forma indirecta a través del sufragio”.
El 28J ocurrió un hecho inédito cuando el presidente del CNE, Elvis Amoroso, sin que el centro de totalización del órgano comicial emitiese su reporte definitivo avalado por los testigos de los candidatos y partidos acreditados, leyó un boletín otorgándole el triunfo “irreversible” al presidente Nicolás Maduro, y procedió casi de inmediato a su proclamación como “presidente de la República reelecto”. Luego interrumpió sorpresivamente el funcionamiento del CNE, violando la normativa electoral que prevé la realización de cuatro auditorías poselectorales y la auditoría ciudadana, las cuales aún no se han efectuado a pesar del fuerte cuestionamiento que ha tenido nacional e internacionalmente su actuación.
Con el pasar de los días, la duda sobre la legitimidad de la proclamación por el CNE de Nicolás Maduro como presidente reelecto no ha hecho sino crecer. La decisión del candidato proclamado de acudir a la Sala Electoral del TSJ con el fin de solicitarle que “ratificase” su proclamación, mediante la verificación de unos resultados electorales que no han sido publicados, echó más leña al fuego. Un recurso inexequible y jurídicamente inexistente en la legislación venezolana activado dentro de la lógica del régimen de partido-Estado, fue admitido sin demora por la Sala Electoral del TSJ, violando la Ley Orgánica del mismo, la Constitución y su propia jurisprudencia, al actuar jerárquicamente por encima de un Poder Público autónomo en el ámbito de su competencia. Esta maniobra sorpresiva del gobierno, buscaba sin lograrlo, mediante un despliegue comunicacional, distraer la atención del hecho fundamental que está en juego, el derecho del pueblo a ser informado de los resultados de la elección presidencial desagregados por mesa de votación y a la culminación de un proceso que aún no ha terminado, porque el CNE no ha cumplido con su obligación legal y constitucional.
Ante ésta realidad inocultable y las protestas surgidas el 29J, la respuesta del gobierno ha sido la represión y la detención arbitraria de más de 2000 personas acusadas de terrorismo, delitos de odio y traición a la patria, incluyendo mujeres y adolescentes que han sido recluidos en penales que fueron preparados previamente, algunos muy distantes de su sitio de residencia, mediante juicios sumarios sin permitirles el derecho a designar un abogado defensor, tal como lo denuncian públicamente familiares y amigos, en franca violación del Estado de derecho.
En esta coyuntura compleja y decisiva para la Nación, está reapareciendo el fantasma de la violencia y la intervención extranjera frente a un juego trancado, en el que resurge la “salida de fuerza” de ambos lados y se acelera la externalización de la política, convirtiendo la soberanía nacional en una moneda de cambio, al ubicarse en el tablero de la confrontación geopolítica, que cursa en medio de una nueva guerra fría que se libra entre el imperio hegemónico dominante y las potencias emergentes que pugnan por ampliar su influencia, en el marco de las contradicciones sistémicas del capitalismo global.
De nuevo el liderazgo opositor surgido del proceso electoral que expresa Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, se han enfocado exclusivamente en la demanda de apoyo de la eufemísticamente llamada “comunidad internacional”, que se resume en el gobierno de EEUU y sus aliados, para que apliquen máxima presión para doblegar y deponer al régimen de Maduro a través de sanciones más duras. Para ello cuentan con el ascenso de Donald Trump a la presidencia de EEUU. Por su parte, el Partido-Estado viene avanzando, a través de la Asamblea Nacional, en la construcción de una plataforma legal e incluso de una reforma parcial de la Constitución, con el fin de crear una “nueva legalidad” que le dé soporte al modelo político del régimen totalitario del Partido-Estado sostenido por la llamada alianza cívico-militar-policial.
Este escenario nos coloca en una encrucijada de sólo dos vías: la vía de la sumisión al imperio estadounidense y el eje occidental que encabeza, lo cual se traduce en la pérdida de la independencia y la soberanía nacional para convertirnos en una neocolonia y la vía del establecimiento de un régimen neoliberal totalitario. Ambas vías conducen a la abolición de la República y la Constitución Bolivariana, y con ella, la abolición de la Soberanía Popular, las Libertades Democráticas y los Derechos Humanos. En esta encrucijada, hay sin embargo otra vía que intencionalmente ambos factores polarizados se empeñan en invisibilizar. Es la que insurge para “nacionalizar” la política, colocando el interés nacional por encima de los intereses externos, y asume como hilo conductor, el restablecimiento de la Constitución y las instituciones consagradas en ella, lo que significa reafirmar la vigencia de la República Democrática y el Estado de Derecho y de Justicia establecido en la misma.
Esto no significa renunciar a la presencia de Venezuela en el escenario internacional, lo cual además sería absurdo dado el potencial económico del país y su necesidad de insertarse en la economía internacional. Empero, si significa mantener la independencia en las relaciones internacionales levantando la bandera de la cooperación, la paz mundial, la coexistencia pacífica y el respeto irrestricto al principio de autodeterminación de los pueblos. Esa, que es la vía que compartimos todos los venezolanos con sentido de pertenencia, debe construirse mediante la conformación de un movimiento cívico plural en el que converjamos todos aquellos movimientos sociales y políticos, que asumimos la defensa de la Constitución, así como la defensa de los Derechos Humanos y Derechos Sociales conquistados.
En los últimos días hemos presenciado un contrapunteo desde los escenarios parlamentarios venezolano y estadounidense. Por una parte el Senado de EEUU, con los votos de ambos partidos, Demócrata y Republicano, aprobó por unanimidad una ley denominada en forma grosera “ley Bolívar”, destinada a elevar el sufrimiento del pueblo venezolano mediante la aplicación de nuevas y más duras sanciones (MCU) a través de la “prohibición de operaciones y arrendamientos de las agencias federales y empresas estadounidenses con el gobierno de Maduro”, lo cual se traduce en la prohibición al sector público y privado de EEUU de contratar con el gobierno nacional, que por cierto es “llover sobre mojado” porque esa prohibición ya está vigente. Se trata de una operación psicológica de propaganda para presionar al régimen. La respuesta del Gobierno-PSUV no se hizo esperar con la aprobación por la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica “Libertador Simón Bolívar”, llamada así pretendiendo hacerle un desagravio a la memoria del Libertador. Pero en realidad, más que una respuesta al atrevimiento insolente de los gringos, está dirigida a “legalizar” y normalizar la persecución de la disidencia política con un tufillo macartista de nuevo cuño. En general compartimos el rechazo a las nuevas sanciones, al bloqueo económico como mecanismo de extorsión a nuestro pueblo para que acepte ser tutelado y colonizado por el imperio estadounidense, y con ello, la explotación y el saqueo de nuestros recursos naturales. También rechazamos la ley injerencista gringa cínicamente denominada “Bolívar”, porque viola el derecho internacional y constituye una forma de darle continuidad al oprobioso mecanismo imperialista de las sanciones, que tanto daño ha producido en la sociedad venezolana. Pero asimismo, rechazamos la ley homóloga aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela, porque en el contexto de la coyuntura actual, la aplicación de la inconstitucional ley antibloqueo y la existencia de un régimen autoritario en el que no existe separación de poderes, sino la unidad política partido-Estado, un instrumento legal de esa naturaleza inevitablemente tiene y tendrá el sesgo de la voluntad política del régimen, que ya viene demostrando en su actuación frente a la dinámica política que se ha creado, como consecuencia de la no publicación por el CNE de los resultados desagregados por mesa de votación. La aplicación de la Constitución y la legislación vigente sobre la materia, es suficiente para enfrentar cualquier movimiento interno o externo que pretenda cercenar la soberanía nacional, y para castigar a quienes se pongan del lado de cualquier proyecto intervencionista.
La instrumentalización del nombre de El Libertador como “fachada”, constituye un acto de agravio inaceptable que ofende la dignidad del pueblo de Bolívar. Rechazamos que su nombre se utilice para consentir o promover la injerencia y el oprobio al pueblo venezolano por potencias o corporaciones extranjeras. Y también rechazamos la manipulación del nombre de El Libertador para justificar el establecimiento de un “régimen legal” de facto que viola las libertades democráticas, el Estado de derecho y la Constitución. No es esta precisamente una forma de enaltecer la figura de Bolívar, El Libertador.
Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, firman:
Edgardo Lander Santiago Arconada Juan García Ana Viloria
Carlos Mendoza Potellá Mariano Crespo Héctor Navarro Antonia Muñoz
Gustavo Márquez Marín Oly Millán Luis Mogollón Roberto López
