Leyendo un artículo de Aporrea, en la que se informa de la masacre de varios campesinos del Alto Apure a manos de un comando del ejército nacional, en la que se explica como un comandante de la zona tiene varias denuncias por violaciones a derechos humanos y, posiblemente, por contrabando de gasolina y otros artículos subsidiados hacia Colombia, me anima a escribir acerca de los hechos de corrupción que se suceden en los pueblos fronterizos del estado Táchira, y en los cuales La Guardia Nacional Bolivariana se vislumbra como el medio que aprovechan las mafias del contrabando, principalmente el de la gasolina, para hacer posible este supermillonario negocio.
Para nadie es un secreto que los contrabandistas pagan una “cuota” en cada alcabala cada vez que pasan por la misma, estableciendo de esta manera una suerte de arreglo tácito que garantiza el “paso franco” por los puestos vigilados por aquellos que supuestamente están allí para contener este delito. Estando en las filas de vehículos en los puestos de control fronterizo, se observa como el guardia de turno estira su mano para “saludar” a su “amigo” contrabandista, pero esa mano nunca regresa vacía a su bolsillo. En el puesto de Boca del Grita, Táchira, tienen a un “colector” civil, quien es el encargado de recibir “el peaje”, para que, al vista del público, los efectivos no parezcan estar involucrados en el negocio.
Y esto es solo el contrabando “al menudeo “, porque es obvio que a altas horas de la noche y con pleno conocimiento y “participación” en el negocio de la guardia nacional, desde el funcionario raso hasta el general, pasan cisternas repletas con el vital líquido venezolano hacia el vecino país, donde el litro de gasolina, que cuesta 0,10 cts en Venezuela, se vende a razón de 5 Bs.
Tan lucrativo es el negocio del combustible, y del contrabando en general, que un funcionario raso de la guardia nacional paga entre 15 y 20.000 Bs. por extender su derecho a permanecer en su puesto por otro periodo de tres meses una vez que este se vence el periodo reglamentario. Un cabo, o un sargento, paga alrededor de 30.000 por el mismo “favor”. La pregunta que sigue aquí es ¿A quién se le paga dicha tajada?
Lo que se acaba de exponer no es de ninguna manera un secreto de estado; esta situación la conocen la conocen los miembros del ejecutivo y de la asamblea nacional, pero, como en el cuento del gato y los ratones ¿Quién se atreve a ponerle el cascabel al gato? ¿Cuáles serían las repercusiones de una intervención a los comandos de la guardia nacional en los estados fronterizos? ¿Hay alguna manera de investigar de donde salen las propiedades (autos de lujo, casas costosas, haciendas, entre otras) de algunos funcionarios de la guardia nacional? No me vayan a pedir pruebas, por favor, para poder publicar esta sencilla denuncia, simplemente escojan a un buen grupo de investigadores y envíenlos a indagar sobre las redes de contrabando en Maracaibo, Maicao, San Antonio del Táchira, San Cristóbal, Boca del Grita, Guasdualito, El Amparo, El Nula, etc., pero tengan una buena cantidad de sustitutos listos para reemplazar a cualquiera que se “pase al enemigo” o desaparezca “en acción”.
Es muy posible que la nueva ley de Control de Precios genere un mayor desabastecimiento de artículos de la cesta básica en la zona fronteriza si no se toman las previsiones necesarias y se frenan las mafias del contrabando y quienes protegen a las mismas.
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