¡Lucha frontal contra los corruptos sin más dilación...!!!
Volvemos sobre el tema para seguir insistiendo en la necesidad de que el máximo órgano de control del país debe, en lo inmediato, provocar un giro radical a sus estrategias de lucha contra la corrupción por la vía de avanzar hacia el diseño y puesta en práctica de una seria política de Estado que exprese con decidida resolución lo que debe ser un implacable enfrentamiento sin descanso contra los corruptos de los dineros y bienes públicos.
Se impone la necesidad insoslayable de complementar con audacia contralora el esfuerzo que en el tema de las inspecciones y la evaluación de la obra pública que el Ejecutivo Nacional ha venido realizando a través del Ministerio del Poder Popular de la Secretaría de la Presidente desde que a finales del año 2011, el Presidente Chávez acordó ampliar las competencias de esa cartera ministerial para que adelantara una exhaustiva tarea de fiscalizar la obra que realizaba su gobierno de manera integral a lo largo y ancho del país, gestión esa que, entendemos, sigue adelante, pero que requiere del más amplio respaldo de la Contraloría General, sobre todo para perfeccionar y garantizar al máximo la imposición de medidas sancionatorias a quienes, por efecto de esas fiscalizaciones, se les descubra incursos en el manejo de los dineros y bienes públicos.
Hemos dicho una y otra vez porque estamos bien convencidos de que es perfectamente posible reducir al mínimo los ilícitos administrativos, en tanto los órganos del Estado articulen de modo permanente novedosas fórmulas y propuestas para erradicar un flagelo que se comporta como el virus de la gripe, el cual muta periódicamente. Efectivamente, vemos que para cada acto administrativo que comporta la movilización de recursos para cubrir gastos o inversiones gubernamentales de todo tipo o la generación de lo que debiera ser una normal dinámica económica de desarrollo como, por ejemplo, la implementación de una determinada política cambiaria, los corruptos de inmediato articulan un sinfín de triquiñuelas, cada vez con el mayor sigilo y sagacidad (el cadivismo, un buen ejemplo), para llenarse con dineros públicos sus propios bolsillos o los de aquellos a los que les sirven como meros cipayos.
La corrupción es un problema histórico que confronta Venezuela desde que nuestros Libertadores rompieron los lazos que lo ataban a la corona española y esa percepción no creo que haya alguien que se atreva a cuestionarla, así como aquella otra que siempre hemos tenido de que más del 90% de las abultadas riquezas familiares que hay en este país, se han fraguado a la sombra del erario público.
Ante tanta verdad, es por lo que, una vez más, proponemos que el órgano Contralor presione por todas las vías posibles para que la Asamblea Nacional, sin más retraso, discuta y apruebe el proyecto Ley que introdujo ante la Asamblea Nacional para facilitar e incentivar las denuncias de corrupción por la vía de garantizar la segura protección a denunciantes y testigos, puesto que en tanto ese proyecto no se haga ley, será imposible que podamos avanzar con éxito en la lucha contra los corruptos. Hemos sabido de manera oficiosa que ese proyecto lo consignó la propia Contralora General, Dra. Adelina González, al Parlamento en año 2012, por lo que ya ha transcurrido un tiempo por demás suficiente como para que se hubiese discutido y aprobado.
De otra parte y ante otra gran verdad que no nos cansaremos de repetirla, que los estafadores y ladrones de los dineros públicos hacen hasta lo imposible para no dejar rastros de sus fechorías, insistimos en que esa misma norma legal debe contemplar la conveniencia de que determinadas denuncias sobre las cuales quienes las hacen no tengan en su poder las respectivas pruebas documentales, pero si suficientes indicios y/o elementos que le otorgan relevancia al caso irregular que hacen del conocimiento a la entidad contralora, sean admitidas y esto lo planteamos, para repetirlo una vez más, sobre tres argumentos que, en nuestro criterio, son contundentes para sustentar con mucha fuerza dicha propuesta, como son:
1) Quien denuncia ha asumido una gran responsabilidad, con la cual corre el riesgo de que si su objetivo fue hacer sólo daño a terceros, tendrá que vérselas con la justicia, pues la Ley Contra la Corrupción en su artículo 82 contempla de uno a tres años de cárcel para quien así actúe;
2) Quien incurre en hechos de corrupción, por razones más que obvias, planifica al máximo el asalto para evitar dejar un cabo suelto o alguna huella que puedan delatarlo;
3) Un sólo indicio puede ser más que suficiente para rastrear y localizar las evidencias y pruebas contundentes que incriminen a quien o quienes cometieron el ilícito o el delito y eso lo sabe hasta el menos de lo experimentados expertos policiales en materia de investigación criminal y,
4) Hemos visto una y otra vez que para comprobar el cobro de coimas por parte de burócratas corruptos, se montan las llamadas entregas controladas, en donde el delincuente, de manera general, ni siquiera sospecha que será capturado con las manos en la masa recibiendo la coima.
De manera que una vez sea aprobado el referido proyecto de ley, que esperamos ocurra lo más pronto posible, habremos dado un gran paso de avance para enfrentar y fulminar con nuevas estrategias tan terrible pandemia.
Entre tanto, se nos ocurre recomendarle a la Contraloría General que difunda tanto como sea posible ese proyecto de Ley para que el país todo lo conozca y en la medida en que ello suceda, las presiones de pueblo exigiendo su más pronta aprobación serán oídas, con toda seguridad, por nuestros parlamentarios y ojalá que para ello se adhieran los diputados de la oposición.
