No puede cobrarse un tributo, impuesto, tasa, contribución, arancel que no esté estipulado en la ley. Lo que se cancela por Servicios de Registros y Notarías está regulado en la Ley de Registros Públicos y Notarías. El órgano que dirige ese servicio es el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), quien no fija esos montos o la base imponible, sino que solo administra el servicio. En este sentido, quien modifica la ley, los impuestos, es la Asamblea Nacional a través de una reforma, también lo puede hacer el presidente de la República por medio de una Ley Habilitante. Obviamente el Ejecutivo da el ejecútese a la reforma. A estos efectos, el gobierno de Nicolás Maduro fijó su criptoactivo (Petro), como la unidad de cuenta para el pago de aranceles. Por lo tanto, los registros y notarías, tanto mercantiles como civiles, deberán emplearla como referencia, de acuerdo con lo establecido en la reforma a la Ley de Registro y Notarías, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No 6.668, con fecha 16 de diciembre de 2021. Esta reforma incide en todos los trámites que se ejecuten en esas dependencias, desde algo tan simple como solicitar una copia hasta registrar una empresa. Los montos reflejados se pagarán en bolívares anclados al Petro, según su valor en la fecha de la solicitud. El valor del Petro es determinado por el Banco Central de Venezuela (BCV), y depende del precio del barril del petróleo venezolano. Actualmente su valor nominal ronda los 56,46 dólares, lo cual implica un incremento considerable que sufrirán los venezolanos que deseen realizar los trámites. Algunos precios fijados de estos trámites más comunes son los siguientes: 1 PTR por la certificación que se expida a los documentos, planos y expedientes de cualquier tipo, archivados en notarías y registros; 2 PTR por el otorgamiento de contratos de opciones de compra-venta de bienes inmuebles; 1PTR por la inscripción de cualquier tipo de sociedades, firmas personales y asociaciones de cuentas en participación; 0,10 PTR por cada folio de copias simples de los documentos inscritos en notarías y registros; 1PTR por la legalización de firma ante los registros principales y hasta 2 PTR ante los registros principales; 5PTR por el sellado de libros, por la venta de derechos y acciones, por la inscripción de poderes, factores mercantiles, sentencias, o cualquier otro documento emanado de tribunales u otros organismos o autoridades; entre otros.

Entre registros y notarías te veas para ejecutar cualquier acción de esta índole, porque el uso del PTR significa un duro golpe al bolsillo de los venezolanos, debido al aumento significativo del pago de las tasas para procesar los trámites que se efectúan en estas entidades, ya sea en Petro, bolívares o en dólares, pues para los efectos hay que pagar el monto indicado para la fecha de la solicitud. Lo curioso del caso es que en Venezuela el salario mínimo es de aproximadamente 1,4 dólares; es decir, siete bolívares, no está anclado al PTR, a pesar de que fue una promesa hecha por el presidente en el año 2018 y de que varios economistas han presentado la propuesta de indexar los salarios a la criptomoneda PTR como una unidad de cuenta, la cual sería una solución para proteger los ingresos de los venezolanos y frenar la caída de su capacidad adquisitiva para llevarlo a valores históricos y reales, en un promedio de entre seis a ocho petros y su equivalencia en divisas. A cualquier ciudadano de a pie se le hará cuesta arriba pagar estos montos tan elevados. La medida, según los asambleístas fue para proteger a los usuarios y evitar la corrupción existente en dichos organismos. Entonces ¿para qué existe un ente regulador como el SAREN que no pudo controlar la corrupción en los registros y notarías? El SAREN debería ser intervenido y eliminado porque demostró ser un órgano ineficiente. ¿Por qué no se lleva a la acción la frase de Chávez "eficiencia o nada"? El gobierno sigue premiando la ineptitud de sus funcionarios y al mismo tiempo le baila el trompo al sector empresarial, por aquellas cosas de que hay que "tenderle la alfombra roja al sector privado". El Ejecutivo Nacional prorrogó hasta el venidero 31 de marzo el decreto de Exoneración Tributaria a más de 500 mercancías con códigos arancelarios importados (G.O.E. No. 6.683, fecha 14 de enero). La medida excluye el pago de aranceles e impuestos a 597 códigos arancelarios, la cual responde al compromiso que asumiera el Ejecutivo con los empresarios de excluir de la lista de aranceles aquellos productos cuya demanda interna pudiera ser satisfecha por los locales. Además, el BCV les ofrece dólares para las importaciones; sin embargo, el que gana un salario mínimo tiene que pagar el 16% de IVA a todo producto que compre. Sin olvidar que más del 50% de los precios de los bienes y servicios producidos por el sector privado no están controlados. Los grandes oligopolios fijan tanto los precios de los productos terminados como a qué precio venden los insumos y a qué precio compran la materia prima o los insumos que se emplean.

Estamos en presencia de una Asamblea Nacional que está de espalda al país, su supuesta representación al socialismo es pura figura, engañaron al pueblo haciéndoles creer que trabajan en pro de un mejor bienestar para su pueblo, pero se alejaron de este proyecto. La Ley de Registros y Notarías es una ley que vulnera los derechos de los ciudadanos, es salvaje, neoliberal, alejada de los principios y valores revolucionarios, genera aún más una dolarización encubierta de la economía que se profundiza cada día más con este tipo de medidas inconstitucionales porque el venezolano no gana en Petros. Nuestra soberanía no es solo defender el suelo patrio, es también defender nuestra moneda, pero los asambleístas "burgueses revolucionarios" hasta borraron a Bolívar de sus ingresos, haciéndole un gran daño a la economía de este país. Es necesario y urgente que se revise esta medida para evitar más corrupción, retardos y costos transaccionales paralelos, para evitar la improvisación y el deterioro de esta importante función del Estado venezolano. Con un salario tan bajo y una economía dolarizada será imposible realizar apostillamientos, autorización de viajes, constituir una compañía, hacer un poder, copias certificadas, capitulaciones familiares, rectificación de partidas, sellado de libros, registro de títulos académicos, en fin, lo que el ciudadano comúnmente hace ante estos órganos. Este cambio arbitrario, inconsulto por demás ya que no contó con la participación del poder popular, hace que el marco legal tributario económico quede ilusorio, solo circunscrito a ciertas actuaciones del SENIAT, en virtud de que las multas son con base a la divisa extranjera de mayor valor, que es el Euro. Esta ley va en contra de los principios de la Carta Magna, ya que la moneda de curso legal es el Bolívar, las demás divisas extranjeras ejercen una función transaccional por la depreciación del Bolívar, por ello debe anularse esta ley. El BCV, otro órgano que se ha alejado de sus objetivos fundamentales, debe lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria, el Bolívar. Estamos en presencia de un gobierno que premia la ineficiencia, apoya leyes capitalistas, favorece a la burguesía empresarial y que traiciona el legado de Chávez y de Bolívar. No se puede esperar más de ese falso socialismo dirigido por los nuevos boliburgueses que hoy horadan en nuestra dignidad patriótica y revolucionaria.