Quienes estábamos en aquel momento éramos conscientes del inmenso privilegio que la vida nos concedía. Asistíamos al acto en el que el cacique yukpa de la comunidad de Río Yaza, Antonio Romero, padre de Evert Romero, fallecido en los trágicos sucesos del 13 de octubre de 2009 que enlutaron a todos los pueblos yukpa y, en particular, a las comunidades de Chaktapa y Guamo Pamocha, no sólo renunciaba a la jurisdicción especial indígena prevista en el Capítulo VIII de la Constitución Nacional Bolivariana y el Título VII de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, sino que exigía lo previsto para tales situaciones en lo que se ha dado en llamar, no sé por qué, la “justicia ordinaria”. El cacique yukpa quería justicia waatía, o sea, justicia criolla, para mitigar mínimamente el dolor infinito que le causaba la muerte de su hijo.
Cómo es comprensible, después de casi medio siglo de lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas y cuatro días de huelga de hambre por la defensa de la jurisdicción especial indígena, aquél era un golpe difícil de encajar. Cuando terminó de sonar la vibrante voz adolorida de aquél padre huérfano de hijo, y nuestra reivindicación parecía carecer de sujeto, se levantó desde el fondo de su historia una joven muchacha que exhibía en su rostro los rasgos de un pueblo que habitó desde hace milenios en la Sierra de Perijá, monte y planicie; quien en su doble condición de yukpa y mujer, no pestañeó para presentarse “yo soy Zenaida Romero, hija del cacique Sabino Romero de la comunidad de Chaktapa y le voy a responder al cacique Antonio Romero en mi idioma”. Surgió entonces de aquella joven mujer yukpa, hija de quien el que la había antecedido en el uso de la palabra había calificado de asesino, un discurso de sonoridad magnética y de contenido enigmático que poco a poco, gracia a la abierta gestualidad corporal de Zenaida, se hacía inteligible. Uno, completo ignorante del idioma yukpa, parecía entender que ella le decía al cacique que aquél era un pleito que algunos intereses económicos estaban cocinando planificadamente, que venía desde hace bastante tiempo, que era una cadena de provocaciones e incitaciones al conflicto que esa vez se agudizó. Que la verdad verdadera no se había establecido como para poder establecer culpabilidades, tanto que hasta hace pocas semanas, él, Antonio Romero, cacique yukpa de Río Yaza, a quien acusaba de la muerte de su hijo era a Olegario Romero, cacique yukpa de la comunidad de Guamo Pamocha, pero además, que en el curso de la detención y los interrogatorios a los imputados Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero, dentro de la “justicia ordinaria”, se habían producido situaciones de tortura física y sicológica sobre éstos. Que su justicia ancestral implicaba tratar, en lo posible, de reparar los daños que mutuamente se habían causado a pesar de no haberlo querido, dentro de un complejo proceso de elaboración de consenso.
Podrán decir que eso es lo que yo quería entender y quizás no se equivoquen, pero yo mantengo mi traducción libre yukpa-castellano. El caso es que, sentado en una silla, apoyadas las manos sobre su bastón ortopédico, el cacique yukpa de Río Yaza, Antonio Romero, quien escuchaba atentamente las palabras de Zenaida, comenzó a asentir manifestando actitud receptiva. Después de dirigirse en idioma yukpa al cacique Antonio Romero, Zenaida Romero remató su memorable intervención en idioma castellano, dirigiéndose al Ministro del Poder Popular para el Ambiente, Alejandro Hitcher, para increparle de viva voz y sin tapujos protocolares: “y vos, demarcá las tierras, demarcá de una vez, que es por falta de demarcación que están pasando las muertes”.
El salón anexo al despacho del Ministro del Ambiente era escenario de aquél singularísimo evento presenciado por la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, y una nutrida representación de viceministras y un viceministro indígenas provenientes de diferentes etnias entre las que recuerdo a la pemón, la wayúu, la kariña, la jivi, la yukpa, la puméh. Por el Ministerio del Ambiente estaba el Ministro Hitcher y su equipo de Despacho. Acompañando al hermano Korta estábamos Zenaida Romero e Isidro Romero, yukpas, hijos del cacique Sabino Romero, de la comunidad de Chaktapa, una nutrida representación de estudiantes de la Universidad Indígena de Venezuela provenientes de los pueblos piaroa, pemón, puméh, ye’kuana, yukpa, el equipo de apoyo del hermano Korta conformado por Numa Molina s.j., superior de la Iglesia de San Francisco, Lusbi Portillo, antropólogo y profesor de LUZ, Silio Sánchez, coordinador de estudios jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela y quien esto escribe. Finalmente, en una esquina a la derecha del ministro del Ambiente, con su cachucha roja que lleva el nombre del padre cantautor del pueblo venezolano, Alí Primera, con su chaquetón negro que lo cubre como si fuera una capa, con su bufanda de lana y sus alpargatas, el hermano José María Korta Lasarte s.j., el mítico Ajishäma.
¿Cómo y por qué habíamos llegado hasta allí? ¿Cómo y por qué habíamos visto y oído a un yukpa pidiendo justicia criolla renunciando a su justicia ancestral y cómo y por qué habíamos visto y oído a una yukpa empezar, sin esperar sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, a practicar su justicia ancestral estableciendo un diálogo en su propio idioma con quien momentos antes acusaba a su padre de asesino?
Aquél era uno de los muchos estremecimientos que ocasionaba en la sociedad venezolana la huelga de hambre indefinida iniciada el lunes 18 de octubre de 2010 por el hermano Korta, jesuita, de 81 años de edad, de nacionalidad venezolana y origen vasco, con las cuatro últimas décadas de su vida participando en las luchas de los pueblos indígenas por el derecho a su reconocimiento como tales y su derecho a existir en su ámbito territorial y cultural. Su primer mensaje era el que tenía grabado en su cachucha roja-rojita: “Alí Primera”. Era como si el hermano Korta hubiese querido decir “Alí y yo pa’ los que salgan”. Por supuesto que Alí Primera fue gran parte de la banda sonora de la huelga de hambre durante sus ocho días de duración, pero el modo como el hermano Korta lo destacó al ponerlo, valga la redundancia, en primera línea, tocó fibras sensibles de quienes lo veíamos en esa trinchera de lucha en que transformó a su paradigmática colchoneta de huelguista de hambre.
Es de resaltar que, en acompañamiento al hermano Korta y como manifestación de solidaridad con su lucha, se declararon también en huelga de hambre Ramón Sanare, facilitador agroecológico de la Universidad Indígena de Venezuela y Wu Limin, médico y activista del movimiento popular venezolano, especialista en terapias alternativas.
El gobierno bolivariano, en la persona del Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, el sociólogo Elías Jaua, manifestó desde un primer momento una actitud de diálogo al recibir inicialmente a una comisión del hermano Korta (conformada por el P. Numa Molina s.j. y yo) y posteriormente propiciar el encuentro del hermano Korta y su equipo de apoyo, con el ministro del Ambiente, Alejandro Hitcher, quien tiene bajo su responsabilidad a la Comisión Nacional de Demarcación de Tierras y Hábitat indígenas, y la ministra de Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado junto a sus respectivos equipos ministeriales.
Estos encuentros, sostenidos los días jueves 21 y viernes 22, fueron ocasión para una exhibición de lo que, oficialmente, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas entendía como su razón de ser y su misión. Gracias a Dios hay varias grabaciones, además de la oficial, la realizada por funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Ellos saben de las joyas, del preciosísimo patrimonio histórico que atesoraron en esas sesiones de ocho y diez horas respectivamente. En todas esas grabaciones se podrá ver y oír a los actores con sus palabras exactas. Yo transcribo mi memoria de aquellos momentos para poder opinar así sobre cuán fructífero fue el diálogo en relación a problemas tan graves y agudos como la visión del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas sobre los recursos financieros y la organización ancestral indígena, o sobre el hecho de que hoy, en pleno gobierno bolivariano, esté pasando a lo largo de cuatrocientos kilómetros de la margen norte del río Capanaparo, tierras y hábitat ancestral de los pueblos puméh, en el estado Apure, lo mismo que pasó en las décadas de los años 30, 40 y 50 del pasado siglo XX en la Sierra de Perijá, monte y planicie, con las tierras y hábitat de los pueblos barí, yukpa, japreria y wayúu.
Para empezar, la ministra Maldonado dijo con sus palabras que, efectivamente, como el manejo de recursos podía incitar a la corrupción, para preservar a la figura ancestral del cacique fuera de cualquier tentación de manejos ilícitos, se organizaba al Consejo Comunal Indígena en forma paralela a la organización ancestral para que cualquier problema de corrupción no la afectase. A la ministra parecía no importarle mucho que el cacique quedara, cual jarrón chino, de adorno, ni que la organización ancestral indígena quedara liquidada por el Consejo Comunal que era quien batía los cobres, y por lo tanto quien tenía el poder.
Cuando la viceministra para los Pueblos Indígenas proveniente del pueblo puméh explicó el proceso de legalización de tierras que grupos de ganaderos criollos están obteniendo, bajo la figura de “pisatarios históricos” (a pesar de que su pomposo “histórico” no llegue ni a los diez años) mediante la articulación con la estructura de los Consejos Comunales, a pesar de que el hermano Korta hizo ademán de pedir la palabra, se le adelantó un estudiante de la Universidad Indígena de Venezuela, proveniente como la viceministra del pueblo puméh, y dijo con sus palabras que eso era justamente lo que ellos estaban denunciando. Que en el nombre de los Consejos Comunales, en el nombre de una propuesta organizativa del gobierno bolivariano, los terrófagos del Apure están dejando a los pueblos puméh con los ojos claros y sin vista. Para empezar le están arrebatando sus tierras ancestrales, pero esta vez no en nombre de la sempiterna voracidad de tierras y ganados que han exhibido los finqueros criollos (como los llama el Presidente Chávez); esta vez le están quitando sus tierras en el nombre de la Revolución Bolivariana, bajo la figura de los Consejos Comunales; pero además le están destrozando su cultura, sus estructuras organizativas y sus prácticas milenarias cuando también les dicen que el que no sea Consejo Comunal ni siquiera existe. Que eso de los caciques y su organización ancestral es de adorno, como las plumas y los collares.
No sé si más que diálogo, ese jueves lo que hubo fue una abierta confrontación de posiciones.
Es de justicia informar que desde el primer momento de la huelga de hambre, además de la delegación de la Universidad Indígena de Venezuela, que se apersonó desde la localidad de Tauca en el Edo. Bolívar, distintos movimientos sociales de Caracas manifestaron solidaridad concreta, participando en las distintas tareas de difusión y logística de la huelga de hambre, pero sobre todo en la asamblea permanente que evaluaba cada una de las situaciones que se iban presentando, cada una de las reuniones que se iban sosteniendo. Quede constancia para la historia, que fue la Residencia de la Comunidad de la Iglesia de San Francisco la que albergó en su seno días de efervescente discusión, de enconados debates sobre el destino y el sentido de la huelga de hambre en la perspectiva de las luchas del movimiento indígena en particular y del movimiento popular venezolano en su conjunto.
En la maratónica sesión del viernes, cuando sucedió el episodio entre Zenaida Romero y Antonio Romero que narro al inicio de esta crónica, hubo al final de la reunión una propuesta del gobierno bolivariano, firmada por la ministra y el ministro presentes en la reunión. En ésta se planteaba la incorporación de la Universidad Indígena de Venezuela a la Comisión Nacional de Demarcación de Tierras y Hábitat indígenas. Adicionalmente se hacía una propuesta puntual para la expropiación de unas haciendas levantadas en tierras ancestrales yukpas que están en la zona de mayor conflicto. Esta propuesta se convirtió en el espacio conciso y concreto del diálogo iniciado entre el hermano Korta y su equipo de apoyo, y los representantes del gobierno bolivariano.
En otro orden no de ideas sino de acciones, un grupo de indígenas entre los que se encontraba Antonio Romero, cacique de Rio Yaza y Amalia Pérez cacica de la comunidad yukpa de Kasmera, con logística de colchonetas y carpa facilitada desembozadamente por el Ministerio de los Pueblos Indígenas, decidieron instalarse en la entrada de la Asamblea Nacional para iniciar una huelga de hambre en contra de la Jurisdicción Especial Indígena y en pro del sometimiento de los pueblos yukpa a la justicia waatía, a la justicia criolla, lo que constituía una provocación abierta contra la huelga de hambre del hermano Korta y sus compañeros. Fue realmente triste evidenciar que todos los esfuerzos del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas fueron para bloquear e impedir lo previsto en el Capítulo VIII de la CNB respecto a los Derechos de los Pueblos Indígenas. Parecía que su objetivo fuese eliminar a la Jurisdicción Especial Indígena en vez de defenderla como una conquista de la Constitución Nacional Bolivariana. Parecía que lo que el Ministerio de los Pueblos Indígenas pretendiera es que se acabaran los Pueblos Indígenas y se acabara las diferenciaciones y las identidades y todo el mundo fuera funcionario, todo el mundo fuera quince y último, todo el mundo fuera criollo y se acabaran para siempre los problemas de los pueblos indígenas mediante su disolución en los Consejos Comunales para que todos fueran guerreros socialistas (aunque desconocieran el significado de la palabra socialismo) rojo-rojitos, bien progresados y bien desarrollados y se acabaran esas cosas del pasado como ser piaroas, pemones, wayúu, yukpas, baríes, añús, ye’kuanas, guaraos, jivis, puméhs, kariñas, etc. etc.
Después de un debate intenso y agotador que duró todo ese fin de semana, el lunes 25 de octubre de 2010, el hermano Korta y sus compañeros Ramón Sanare y Wu Limin, levantaron la Huelga de Hambre por considerar sus objetivos “medianamente satisfechos” y una profundización del diálogo cristalizada en una próxima entrevista del hermano Korta y estudiantes de la Universidad Indígena de Venezuela con el Presidente Chávez. Consideraron que mantener la huelga de hambre podría entorpecer el proceso de diálogo que consideraban no sólo abierto sino en pleno curso. La consigna aprobada fue: “Salimos de la huelga, seguimos en la lucha.”
Como miles de sus ex-alumnos, creo que el hermano Korta es esencialmente un gran maestro. Un maestro al que la vida le exigió dar una clase muy especial. Una clase sobre cómo dar el gran grito que alertase sobre los desmanes contra los pueblos indígenas que se están cometiendo en el nombre del gobierno bolivariano. Una clase sobre cuáles son las implicaciones del Capítulo VIII de la Constitución Nacional Bolivariana referido a los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la conducta del gobierno bolivariano y más que eso, en las actitudes de lo que llamaríamos el pueblo venezolano no-indígena. Una clase sobre cómo el revire ente las injusticias no puede someterse al silencio por ninguna razón “táctica”. Que lo malo no es que las injusticias las sepan los medios de comunicación de la oposición, sino que lo malo es que las injusticias pasen y más que eso, que pasen en el nombre de la Revolución Bolivariana.
La clase magistral no ha terminado. Está “en pleno desarrollo”.
santiago_arconada@yahoo.es
