Hoy venimos a decir, únicamente en nuestro nombre:
Que vemos con extrema preocupación el avance gradual pero sostenido y permanente en la limitación y eliminación de los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas y de las organizaciones del pueblo venezolano.
Que desde el poder y el gobierno se está construyendo, piedra sobre piedra, un edificio autoritario.
Que esa eliminación de derechos afecta no solo a lo concerniente a las garantías y derechos económicos y sociales de la población más desfavorecida y a la condición soberana del país, sino que también progresa hacia la destrucción de las formas republicanas y democráticas de gobierno, liquidando el equilibrio institucional establecido en la CRBV, equilibrio que debería preservar las garantías y derechos ciudadanos, y en definitiva la paz.
Que ese camino elegido lleva, paso a paso, a la instalación de un gobierno de facto, sin ningún respeto por la Constitución, las normas, las reglas, la legalidad o legitimidad. Un camino que conduce a la ilegitimidad más absoluta.
El sustento de esta afirmación se encuentra en hechos públicos y comprobables, los que no pueden ser ocultados por un discurso que mezcla el anuncio de medidas reaccionarias, con antiguos símbolos del ideario socialista y de la revolución bolivariana vaciados de todo contenido. Son medidas y acciones concretas de gobierno, por acción u omisión, que modifican para peor la vida cotidiana de las y los simples ciudadanos y sus ya pésimas condiciones de existencia; y lastiman el propio cuerpo de la Nación.
Los colectivos e individualidades que presentamos esta declaración, venimos alertando y desarrollando acciones para enfrentar el peligro que este avance representa. Lo hemos hecho en el caso del Arco Minero del Orinoco, en relación al Desfalco a la Nación, a la corrupción y la impunidad. Hemos protestado por derechos individuales y colectivos violados y hemos reclamado por libertades y garantías cercenadas o anuladas. Lo hemos hecho en Defensa de la Constitución toda. Hemos recurrido, sin obtener respuesta, a hacer valer nuestros reclamos a unas instituciones que parecen ciegas, sordas y mudas.
La lista de derechos vulnerados es enorme. Esta violación alcanza a la alimentación y la salud, a la educación. A las condiciones de trabajo, al salario y las pensiones, a la facilitación de organización social y política de los ciudadanos, a la libertad para expresar ideas políticas. Al desconocimiento del Derecho a la Vida que está implicado en las actuaciones de la OLP, cuando comunica sus resultados como si se tratara de "partes de guerra". Al derecho a los Pueblos Indígenas a la demarcación de sus Tierras y Hábitat. Y también se viola la Constitución en su Preámbulo, cuando se avasalla la posibilidad misma de ser multiétnicos y pluriculturales.
Denunciamos también, en su momento, la discrecionalidad partidista y clientelar con la que se manejan las políticas sociales. Hemos denunciado y reclamado contra la instrumentación avasallante, ilegal e inconstitucional de un proyecto tan depredador como el Arco Minero del Orinoco. Y en esta oportunidad, también rechazamos que el Presupuesto Nacional sea sujeto de este avasallamiento, siendo aprobado por el TSJ y el ejecutivo, sin pasar por la Asamblea Nacional, lo que representa una anormalidad extrema.
La crisis es integral y merece respuestas a todos los niveles. Hemos hablado de ellas, hemos presentado propuestas y lo seguiremos haciendo.
Pero hoy queremos señalar la gravedad que está adquiriendo la crisis política, a la luz de lo que consideramos el peligro en que se encuentra una de las últimas ventanas democráticas que sobreviven en el país, el derecho a elegir y/o revocar a los altos cargos políticos, una de las claves de la participación del pueblo, los ciudadanos, en el gobierno de su propio destino.
A la gravedad de la manipulación sobre las fechas y plazos para los mecanismos que habilitan la institución más democrática de nuestra Constitución: el Referendo Revocatorio, se le suma la declaración hecha pública por el presidente Nicolás Maduro acerca de que no habrá elecciones en este año, eliminando por cuenta propia las Elecciones Regionales que deberían realizarse antes de que finalice el 2016 y atribuyéndose de hecho funciones inherentes al poder electoral. Al cual tampoco le es posible eludir lapsos taxativamente pautados por la Constitución.
Las diferencias que nos separan de la política y conducta demostrada en las últimas dos décadas, por los dirigentes que hoy lideran la MUD son de fondo. Y no es este el lugar donde debatirlas. Sin embargo no podemos dejar de señalar, que su pronunciamiento evasivo sobre temas cruciales para el futuro del país, despierta preocupaciones e interrogantes que merecen ser abordados. Entre otros cuestionamientos queremos señalar los siguientes:
- Despiertan dudas la forma evasiva con que la cúpula de la MUD ha abordado el silencio del CNE sobre la anulación de facto por parte del titular del ejecutivo en relación a las elecciones a gobernadores. Aceptando, de hecho, esa postergación sin fecha, lo que es una violación flagrante de la Constitución.
- Por otra parte mueve a recelos justificados, el trato tardío y elíptico que la mayoría de esta dirigencia le ha dado a la más grande tragedia que enfrenta en estos tiempos el país como es el proyecto del Arco Minero del Orinoco, cuyo decreto de implementación es claramente anticonstitucional.
- Para no abundar en relación a esta parcialidad diremos por último, que el enfoque de su cúpula sobre el necesario dialogo que el país reclama para encontrar, entre todos, una salida a la crisis, es al menos excluyente. Es un hecho que la variedad de actores sociales y políticos que hacen vida en el país excede largamente a la MUD y el PSUV, sin embargo en este caso la dirigencia de oposición muestra una actitud similar a la del gobierno cuando no intenta incluir a la diversidad de esos actores en un verdadero multidiálogo.
Es por esta similitud en el comportamiento de ambas cúpulas, que muchos de nosotros creemos en la urgencia y estamos en proceso de edificar, junto al pueblo y sus necesidades, una otra y realmente alternativa referencia política.
Ahora bien: nuestro objetivo hoy es llamar la atención sobre el profundo abismo al que nos acercamos como país. La exclusión de la agenda política de las elecciones regionales por parte del Presidente, sin que se haya oído decir una sola palabra al poder electoral -ni tampoco a la oposición de derecha- habla a las claras de la sumisión en la que lamentablemente ha caído esta institución que debería ser imparcial como árbitro. Y, por otro lado, la utilización de tecnicismos, la forzada interpretación de las normas constitucionales, y otras argucias utilizadas para obstaculizar y no facilitar el Referendo Revocatorio, pone en entredicho todo el proceso establecido para la activación de ese extraordinario mecanismo de resolución no violenta de graves crisis políticas como la nuestra, abriendo así un espacio de peligros creciente.
Este es el punto. Nuestro llamado es de alerta y de activación a la población en general, más allá de su color político, de sus simpatías o antipatías. Consiste en presionar a las cúpulas e instituciones, cada uno desde nuestro lugar, para que la resolución de la actual crisis se alcance por los canales que la constitución habilita y que hoy se expresan en las elecciones regionales que deben ser ratificadas y convocadas por el poder electoral y en el acto de activación ciudadana del Referendo Revocatorio previsto por el CNE para el 26,27 y28 de octubre.
En relación específicamente al Referendo y a la jornada de captación de huellas para su activación sostenemos que: el Estado y sus poderes, que deben manejarse de manera independiente, están obligados a garantizar a los ciudadanos que ese derecho se ejerza en tranquilidad y sin presiones ni amedrentamientos.
Algunos de nosotros concurriremos a esa jornada de activación a poner nuestras huellas, otros no lo haremos. Pero todos, y especialmente los que de entre nosotros que han decidido no concurrir a poner sus huellas, defendemos de manera activa, solidaria y militante, el derecho constitucional de las ciudadanas y los ciudadanos a hacerlo, expresando nuestro respeto con aquellos ciudadanos que sí lo hagan.
Todos nosotros difundiremos públicamente nuestra posición común y estamos en libertad de expresar nuestra posición particular sobre el acto en sí mismo. Pero todos asumimos frente al país, el pueblo venezolano y el mundo, nuestra inclaudicable voluntad de hacer los esfuerzos posibles, para que los derechos de los venezolanos y venezolanas que se preparan para activar uno de los pocos mecanismos de democracia política que aún se mantiene en pie de nuestra constitución, sea respetado, sin picardías, maniobras o presiones miserables. En este sentido declaramos que es deber de todos y cada uno de los venezolanos y venezolanas, ser parte activa de la defensa y la solidaridad con nuestros conciudadanos que busquen hacer uso del derecho que les asiste.
Entre nuestros esfuerzos por garantizar ese derecho nos dirigimos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para apelar a su compromiso con la defensa de la Constitución. Son tiempos decisivos, el papel de esa institución y de sus componentes es esencial para garantizar que los venezolanos y venezolanas que se dispongan a ejercer su derecho lo puedan hacer sin limitaciones. No se debe esperar menos de los componentes de esa FANB de tradición democrática, libertadora y raíces populares.
Por último ratificamos nuestra posición y declaramos: la crisis actual solo podrá resolverse con más democracia y participación y nunca con menos.
Este Documento lo firman ex ministros y ex ministras de Chávez: Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio, Gustavo Márquez, Oly Millán; el constituyente Freddy Gutiérrez; el Mayor general Cliver Alcalá Cordones (R); profesores, luchadores sociales, ambientalistas e indigenistas: Santiago Arconada, Esteban Emilio Mosonyi, Edgardo Lander y los miembros del Equipo Operativo Nacional de Marea Socialista Juan García, César Romero y Gonzalo Gómez
_____________________________
Noticia relacionada con la difusión de este documento:
Rueda de prensa de la Plataforma en defensa de la Constitución efectuada el 17 de octubre
(VIDEO) En defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Democracia
