El gobierno colombiano, ha confirmado la presencia en su territorio de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz y su cónyuge, el diputado Germán Ferrer. Ambos, prófugos de la justicia por presuntos delitos de corrupción y extorsión. Abandonan el país, después de hacerse público las millonarias cifras en dólares, que el señor Ferrer y algunos de sus cómplices, vinculados al entorno íntimo de la ex fiscal, depositaron en un banco de las Bahamas.
Entre ambos, dejan tras sí, toda una estela de excrementos mal olientes en lo que fuera: el Ministerio Público de Luisa Ortega Díaz. El uso de un organismo, y no cualquier organismo público, para, a través de la extorsión y el mal uso de la justicia, aprovecharse económicamente de las presuntas víctimas y chantajearlas para obtener provecho en divisas, que fueron depositadas en paraísos fiscales.
Ello explica, en mucho, por qué en esa instancia de justicia reposan por meses y años, denuncias sobre eventuales hechos de corrupción ocurridos en universidades públicas, como consta en denuncias relacionadas a la UCV y la UPEL, por solo nombrar algunos entes del Estado. Sin que funcionarios, de esa instancia del sistema de justicia, se hayan tomado la más mínima disposición de investigar y de castigar, si hay que castigar, a los eventuales responsables del daño causado al Patrimonio Público.
Esa nefasta actuación nos explica también, por qué ambos personajes se refugiaron y fueron tan cálidamente bien recibidos, en filas del oposicionismo político, tolda que la aclamó como su heroína, como bien lo señala uno de ellos: “Gradualmente, y en la medida que el gobierno torpemente sigue atacando a Luisa Ortega, más se consolida, no sólo como máxima garante de nuestros derechos ciudadanos, sino que comienza a verse como una líder nacional…” (Luisa Ortega Díaz se está convirtiendo en una Líder Nacional, Por Javier Antonio Vivas Santana, Aporrea, 30-06-2017). Tal era, el nivel de euforia que causaba en filas del oposicionismo.
En función de responder a esa confianza que le depositaba el público opositor, Luisa Ortega propició el surgimiento de lo que pudiéramos llamar la “Doctrina de la impunidad”; la cual, le llevaba a declarar las actuaciones de la GNB y la PNB, contra las bandas terroristas que actuaban en algunos municipios del país, como “…acciones de barbarie, [que] promueven la violencia, promueven el odio incitan a la insurrección armada”. Justificando su doctrina de impunidad, con argumentos tan banales como: “Soy una mujer de paz, no puedo tolerar la violencia. Lamento la muerte de 26 personas”, y también con artificios técnicos como: “¿Qué estaban haciendo estas personas? En el acta policial no aparecen las razones y en el documento entregado a la Fiscalía tampoco. No hay pruebas que sustenten la detención”. Y así fueron, saliendo de la prisión quienes eran detenidos en flagrancia por los cuerpos policiales en el sitio de los acontecimientos. Más costaba detenerlos, que mantenerlos detenidos en prisión. Y liberados, volvían a las calles por nuevas víctimas para su violencia. Hechos, que se fueron prolongando por más de cinco meses, y costado la vida a más de 120 compatriotas y miles de heridos, además de mil millonarias pérdidas que deberemos pagar los venezolanos de una u otra forma.
Esa criminal actuación, que le costó el cargo a la ex fiscal, ha motivado que su sucesor, el camarada Tarek William Saab, concluya en un juicio fulminante: “Lo diré aquí, por primera vez, la considero la autora intelectual de cada uno de los muertos y heridos desde el 1ro de abril y en su conciencia pesará cada uno de esos muertos, cada uno de esos heridos, el luto y la tragedia que bañó de sangre a este país. Yo la denuncio como una agente de la conspiración más terrible que haya vivido esta nación. Es la autora intelectual de lo que aquí ocurrió y enlutó a Venezuela”.
Tamaño juicio, es de alto calibre, y al calificarla como la “autora intelectual” de la violencia acontecida entre los meses de abril a julio de 2017, sería calificarla, ni más ni menos, de criminal de guerra. Sobre todo, si consideramos que entre sus manos tenía el mandato Constitucional de imponer la acción penal contra los responsables de la violencia y garantizarnos, mediante el ejercicio de la violencia del Estado, la paz social que apenas pudo recuperarse, gracias a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa denigrante actuación al frente del Ministerio Público, es la que justifica posiciones del constituyentista Aristóbulo Isturiz, quien plantea acertadamente que: “El solo hecho del monopolio de toda la cuestión de tipo penal en un solo órgano como la Fiscalía es una debilidad. Que la Fiscalía tenga el monopolio absoluto, eso no puede ser”. En todo caso, la Asamblea Nacional Constituyente tiene la palabra sobre el tema.
Pero, lo novedoso de lo planteado por el camarada Fiscal General de la República, tiene que ver en los casos en que la declinación, el abandono absoluto de las potestades constitucionales, que tiene un determinado funcionario o funcionaria, y sus efectos nocivos sobre la paz de la República, deben dan pie para declararlo como autor intelectual de horribles crímenes, como los causados entre los meses de abril y julio de este año en Venezuela. Para Luisa Ortega, las protestas llenas de violencia extrema eran “protestas pacíficas”, cónsonas con el Estado Democrático. Al extremo, que un crimen de odio, perverso crimen, como el ejecutado contra la humanidad del compatriota Orlando Figuera, quemado vivo y acuchillado, no se trataba de un crimen tan atroz. Llegó al extremo, Luisa Ortega, de cuestionar no el crimen como tal, sino el hecho de que la denuncia se hiciera en un video manipulado por el Gobierno del Presidente Maduro. En definitiva, para ella, el crimen estaba en la manipulación del video, sus autores.
Esta “doctrina”, si nos permiten el término, nos ha llevado a concluir en relación al tema de la guerra económica, que después de la elección de la ANC, se ha incrementado, haciendo más nocivos sus efectos sobre nuestro pueblo, que su autoría intelectual debe recaer en el directorio del Banco Central de Venezuela (BCV). Más aún, si ponderamos que la guerra económica tiene como fundamental artífice el llamado dólar paralelo que sirve de referente o marcador de los precios en nuestra economía, y el BCV se ha limitado a responder mediante un intento de demanda judicial en tribunales de EEUU contra los responsables de esa página web, que fue desestimada después.
La moneda nacional, ha sido el talón de Aquiles en el cual han golpeado nuestra economía y, con ello, han mermado los ingresos de todas y todos los venezolanos, propiciando elevadísimas tasas de inflación y mucho descontento en nuestra población. Si consideramos el mandato Constitucional 318, que ordena al directorio del BCV: “Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objeto fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar…” Como es del conocimiento de todas y todos, nuestra República adolece de estabilidad de precios, y nuestra moneda, se viene devaluando diariamente en su relación con el dólar. Indicativos, ambos hechos, de que el directorio del BCV, ha fracasado en el cumplimiento de sus propósitos Constitucionales.
Razón, que nos lleva a exigirle a la Asamblea Nacional Constituyente, igualdad con el trato dado a la ex fiscal Luisa Ortega Díaz a los directivos del BCV. Solicitándoles, desde el pueblo, la remoción completa del actual directorio y la declaratoria en reestructuración del mencionado ente público, en el propósito de adecuarlo al cumplimiento de los fines Constitucionales y por esa vía, traer paz en lo económico. Asimismo, solicitamos considere crear una Comisión de la Verdad, Castigo y Reparación de las Víctimas de la Guerra Económica, que se ha extendido por cuatro años ya…
