La judicatura latinoamericana tienen un nuevo rol. De garante del Estado de derecho han pasado a ser agente de expropiación de la soberanía popular, mediante procesos de judicialización de la política. Articulados con la acción de los medios de destruir reputaciones públicas de los lideres de izquierda, rinden un servicio inestimable a la derecha latinoamericana.
Incapaz de comparar el gobierno de Lula con el de Temer, la derecha logró acusar a Lula sin pruebas, condenarlo por convicciones, tomarlo preso sin presunción de inocencia, sacarlo sin razones de la disputa electoral para la cual era el favorito para volver a ser presidente de Brasil en primera vuelta, y cambiar radicalmente el destino político del país. Incapaz de comparar el gobierno de Cristina Kirchner con el de Mauricio Macri, la derecha trata de borrar de la memoria de los argentinos todo lo que el país ha avanzado en este siglo, coleccionando acusaciones en contra de ella, buscando dañar su imagen pública, con procesos de todo tipo, judicializando incluso decisiones políticas de su gobierno. Incapaz de comparar el gobierno de Rafael Correa con el de Lenín Moreno, la derecha busca descalifiar el imagen del presidente mas importante que Ecuador ha tenido, con acusaciones absurdas, sin fundamento.
Lo esencial, para a derecha latinoamericana, que ha fracasado miserablemente con la insistencia en sus políticas neoliberales, frente a los gobiernos más exitosos de nuestra historia, los de lideres como Lula, Cristina y Rafael Correa, entre otros, es tratar de descalificar la imagen de esos líderes, en la imposibilidad de ganar una disputa democrática, limpia, trasparente, comparando propuestas y, mas que eso, gobiernos concretos. Gobiernos que han llevado a esos países a retomar el crecimiento económico, con inclusión social, con prestigio en el mundo. Otros gobierno del signo opuesto han rebajando la imagen de esos países en el mundo con recesión y desempleo.
Basta que surja algún líder que se oponga al ideario neoliberal, para que la derecha saque del cajón su nueva estrategia, la de la guerra híbrida, para instalar regímenes de excepción, que limitan y deforman la expresión de la voluntad democrática del pueblo. Así nacieron gobiernos como el de Temer y ahora el de Bolsonaro, el de Macri, el de Lenin Moreno, expresiones de la guerra híbrida, que es lo que el imperio y la derecha latinoamericana tienen para proponer.
En Colombia, después de las largas y sufridas negociaciones de paz, se dieron las nuevas elecciones presidenciales. La derecha, siempre comandada por Al varo Uribe, lanzo a su candidato, Iván Duque, quien ya había coordinado la campaña de la derecha colombiana en contra de los acuerdos. Partió como favorito y lideró en primera vuelta, pero debió enfrentarse a Gustavo Petro (foto), un representante de la izquierda, que por primera vez tuvo un candidato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas.
Petro había sido alcalde de Bogotá. Había sufrido procesos respecto a formas de gestión de su gobierno, suspendidas por medidas cautelares que le permitieron ejercer su mandato de senador y convertirse en el principal líder de la oposición. Ahora la Corte Constitucional trata de revocar esas medidas, mostrando como la judicialización de la política se ha vuelto, también en Colombia, el instrumento político fundamental de la derecha. Detrás de las acusaciones mentirosas y absurdas en contra de Petro, también está al monopolio de los medios, que actúa absolutamente en contra de él.
Petro reaccionó inmediatamente: “Quieren sacar de la vida política legal de Colombia al candidato que obtuvo ocho millones de votos y casi llega a presidente.” Se trata de un cambio de la doctrina tradicional de esa Corte con un objetivo netamente político. Se busca, dice Petro, no que salga del Senado, sino que no vuelva a ser candidato a la presidencia del país.
Petro se ve así incorporado al listado de lideres democráticos latinoamericanos, como Lula, Cristina Kirchner y Rafael Correa, que son criminalizados, y a los cuales se intenta de excluir de la vida política no por disputas electorales, sino por la judicialización de la política, la criminalización de sus posiciones políticas, la condena sin pruebas en procesos manipulados políticamente.
Esa es la realidad mas marcada de América latina hoy. Una ofensiva de la estrategia de guerra híbrida del imperialismo, asumida por las derechas de cada país, apoyada en las arbitrariedades de jueces y la campaña sórdida de los medios. Es una disputa fundamental para la democracia en el continente y para su futuro.
