Represión avisada
La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución ante las acusaciones difusas a ex ministras y ex ministros del Presidente Chávez, por parte del Presidente Nicolás Maduro, el pasado 4 de febrero de 2023.
Al Pueblo de Venezuela
Como pagados por los gringos definió el presidente Maduro a algunas ex ministras y algunos exministros de los gobiernos del Presidente Chávez, a los que acusó de pretender socavar la presunta unidad cívico-militar, el pasado 4 de febrero del presente, en la concentración realizada en Los Próceres con motivo del 31 aniversario del 4 de febrero de 1992.
A pesar de lo difuso de la acusación, que ningún abogado aconsejaría contestar, las exministras y los exministros de los gobiernos del Presidente Chávez que nos organizamos en la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, junto a nuestros restantes compañeras y compañeros quienes, aún cuando no detentaron cargos ministeriales, asumieron diferentes responsabilidades durante los gobiernos del Presidente Chávez, creemos muy oportuna la nada sorprendente agresión del Presidente Maduro a quien no sólo adversamos, sino que trabajamos pacífica y constitucionalmente para que, valiéndonos del instrumento ciudadano por excelencia, cual es el voto, hagamos de su gobierno una pesadilla en trance de ser superada y olvidada, como se olvida el oprobio, el sometimiento por la violencia, la indignidad del salario mínimo, la destrucción de la educación nacional del Preescolar a la Universidad, la degradación de la Salud Pública, la clausura del futuro.
El 24 de febrero de 2016, el Presidente Maduro, rodeado de los más carniceros tiburones de la Bolsa de Toronto, de las más voraces empresas mineras de todo el planeta, anunció el Decreto que demarcaba al Arco Minero del Orinoco y al día siguiente estábamos llamándonos para ver qué hacíamos, para ver cómo confluíamos en lo que terminó siendo la Plataforma Ciudadana contra el Arco Minero del Orinoco. Y el 31 de mayo de ese año estábamos impugnando el Decreto de la muerte del Orinoco y por ende de Venezuela ante el TSJ. Eso es, en parte, lo que el gobierno del Presidente Maduro nos está cobrando. Que estamos aquí, que no nos quedamos de brazos cruzados, que cuando menos reviramos y denunciamos, pero que no nos quedamos callados. Eso es lo que el gobierno del Presidente Maduro necesita conjurar: Una referencia política que contraste con su degradación, con su putrefacción.
Ese mismo año 2016, meses más tarde, cuando el gobierno del Presidente Maduro le dio el más vulgar arrebatón al proceso de Referendo Revocatorio para el que la oposición política, organizada en la entonces Mesa de la Unidad Democrática (MUD), había logrado cumplir la primera etapa del 1 %, y había obligado al Consejo Nacional Electoral a que convocara, con fechas precisas, a la recolección del 20% de las voluntades, salimos a manifestar a las puertas del CNE y publicamos un pronunciamiento denunciando el atraco, por el cual nuestro compañero, el Prof. Esteban Emilio Mosonyi fue despojado de su cargo como Rector, y nuestros compañeros Edgardo Lander y Santiago Arconada de sus cargos en el cuerpo profesoral de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca. Ese es otro rasgo identitario digno de mención. Nosotros denunciamos y protestamos la confiscación del Derecho Constitucional a un Referendo Revocatorio por el que ninguno de nosotras y nosotros habíamos firmado.
Como asumimos que lo que estaba en juego era la Constitución Nacional Bolivariana de 1999, que el gobierno del Presidente Maduro tenía en ésta un obstáculo a ser superado, sin mayor trámite ni ceremonia nos constituimos en la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC en adelante). Eso también es parte de lo que el gobierno del Presidente Maduro nos está cobrando. Que no nos dejamos arrebatar lo que era nuestro, y que cuando hoy nos enfrentamos a la esclavitud de la maquila que está contemplada en su Ley de Zonas Económicas Especiales, lo hacemos invocando el espíritu y la letra de una Constitución Nacional que clara y contundentemente se lo impide. El gobierno del Presidente Maduro la puede violar, la puede desconocer. Para eso tiene el monopolio de la violencia. Pero la tiene que violar y la Constitución es la carta Magna que regula la convivencia democrática y al Estado como garante del bien común, Al colocarse al margen de ella, el gobierno rompió las reglas de esa convivencia y comienza actuar de manera ilegítima de espaldas al soberano.
Desde ese momento hasta el presente, la PCDC, más que haber denunciado todas y cada una de las marramucias anticonstitucionales que ha perpetrado el gobierno de Maduro, cosa que también ha hecho, ha ido más lejos: Le ha dado una lectura. La Asamblea Constituyente del 2017, “plenipotenciaria, supraconstitucional” e írrita, tan írrita que se nombraron los presuntos constituyentistas a pesar de que jamás se dieron los resultados definitivos, por temor a que SMARTMATIC los desnudara en la calle, era el instrumento que necesitaban para evadir los procesos de consulta en Referendo a los que la Constitución Nacional obliga, pues sabían que los hubieran perdido. De ahí a la presunta Ley Constitucional Antibloqueo, que era la constitucioncita a su medida, que no había que consultar en Referendo, y que serviría para abrir el país al capital extranjero, o para que el desfalco pudiera comprar a Venezuela a precio de chatarra.
A lo largo de estos siete años que vamos a cumplir hemos propiciado lo que el Prof. Esteban Emilio Mosonyi llamó en su momento, hace ya algunos años, el multidiálogo. El establecimiento de comunicaciones e intercambio de ideas y propuestas en las más diversas direcciones. Nuestra presencia en todos los eventos que se convocaron contra la amenaza de una Guerra Civil en Venezuela, habla de una permanente actitud de respeto y tolerancia.
Hemos dedicado tiempo y esfuerzo a informar y poner en discusión las vicisitudes que confronta la situación petrolera nacional, justamente por estar persuadidos de que es en torno al petróleo que se deben dar las definiciones del país que queremos construir. No tanto en su afirmación como recurso, sino en su negación como único futuro posible Hemos denunciado que en violación de la Constitución Nacional y de la Ley de Hidrocarburos, el gobierno del Presidente Maduro ha iniciado una nueva apertura petrolera mediante la cual está entregando esta industria a corporaciones transnacionales. Hemos pretendido impulsar el debate nacional sobre este tema tan trascendente y sobre la atención emergente de las necesidades de nuestro pueblo sin esperar que haya elecciones, pero hemos llamado a participar activamente en todos los procesos electorales con la excepción de la Constituyente írrita.
Sin embargo permanece, difusa, la acusación a ex ministras y ex ministros de los gobiernos del Presidente Chávez , de ser pagados por los gringos para socavar la unidad cívico-militar.
De una acusación así no es posible defensa alguna, pero sí surgen algunas preguntas que se podrían hacer: ¿Para qué necesitarían “los gringos” pagar a nadie si el gobierno del Presidente Maduro está haciendo el trabajo gratis?
Ahora mismo, el pueblo peruano en las calles del país enfrentando la dictadura de Dina Boluarte, y la más rancia oligarquía limeña, pide Asamblea Constituyente, y el podrido aparato comunicacional de esa oligarquía, inmediatamente transmite en términos de “¿Escucharon lo que piden?¡Asamblea Constituyente! ¡Quieren para Perú el destino de Venezuela!
Porque el gobierno del Presidente Maduro es responsable de asociar los imaginarios de Asamblea Constituyente, Revolución, Socialismo, al desastre sin límites que vive Venezuela.
Gracias al gobierno del Presidente Maduro, Venezuela es el mejor argumento espanta-socialismos en todo el planeta. La derecha internacional le está profundamente agradecida.
Hemos denunciado las sanciones unilaterales, ilegales y criminales del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela por el daño que hicieron y siguen haciendo a todo el pueblo en su conjunto, pero en especial a los más vulnerables, pero hemos dejado muy claro que la explicación de la crisis venezolana no se agota en las sanciones y no se podría explicar sin el desfalco, sin la masiva corrupción.
Formamos parte del país que se expresó el pasado 23 de enero de 2023 en ciudades, pueblos y aldeas a lo largo y ancho del territorio nacional clamando por un salario justo y una vida libre.
Creemos que la agresión del gobierno del Presidente Maduro contra nosotras y nosotros es una forma de encontrar enemigos externos para explicar la procesión que llevan por dentro, con un Freddy Bernal, gobernador del Táchira, denunciando en los medios de comunicación social, a “esos” de los zapatos de 1500 $ y las camionetotas apostadas en los mejores restaurantes de Las Mercedes. El resquebrajamiento interno es ostensible. La pretensión de seguir tapando con los ojitos de Chávez el pozo nauseabundo de corrupción que es el gobierno del Presidente Maduro ya no es posible por más tiempo.
Como interpretamos la infundada, malintencionada y difusa acusación realizada por el Presidente Maduro el pasado 4 de febrero del presente, como un aviso de represión indiscriminada, informamos al pueblo de Venezuela que estamos considerando jurídicamente el conjunto de diligencias a llevar a cabo con el objeto de preservar al máximo posible nuestra libertad y nuestra integridad física. La publicación del presente pronunciamiento es la primera de ellas.
No nos someterán.
Caracas 8 de febrero de 2023
Oly Millán, Ana Elisa Osorio, Gustavo Márquez, Héctor Navarro, Roberto López, Edgardo Lander, Juan García, Santiago Arconada
