Entre 1966 y 1973, toda la población de este archipiélago del océano Indico fue deportado arbitrariamente de su tierra natal para permitir la instalación de una base militar estadounidense.
Desde hace más de medio siglo, el pueblo chagosiano lleva una lucha contra la arbitrariedad colonial. El 8 de noviembre de 1965, las islas Chagos, bajo soberanía británica desde 1810 tras la cesión del archipiélago por Francia, fueron separadas de Isla Mauricio. En 1968, Mauricio accedió a la independencia, aunque parte de su territorio siguió bajo control británico. En aquella época, la isla estaba habitada por unas 2.000 personas, en su mayoría descendientes de esclavos de Madagascar y Mozambique y trabajadores de la India.
Debido a su posición estratégica, en el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos decidió en 1966 instalar una base militar en la isla de Diego García – la mayor que tiene Washington en el extranjero – por una duración total de 70 años, hasta 2036. Para ello, de acuerdo con el gobierno británico, todos los chagosianos, que vivían en esas tierras desde el siglo XVIII, sin excepción, fueron deportados arbitrariamente a Isla Mauricio y las Seychelles entre 1966 y 1973, sin posibilidad de retorno hasta el día de hoy. Se trata de una flagrante violación de los artículos 9, 13 y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El artículo 9 establece que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. El artículo 13 estipula que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”. El artículo 17 recuerda que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. Mas grave aún, según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la “deportación o el traslado forzoso de población” constituye un crimen contra la humanidad.
En notas confidenciales teñidas de racismo, en las que se califica a los habitantes el archipiélago de “Tarzan” y “Viernes”, Londres ha reconocido claramente el carácter ilegal de la expulsión de los chagosianos, expresando su voluntad de poner a las Naciones Unidas ante “un hecho consumado”. Por ello, la comunidad internacional exige justicia en nombre del derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. La Resolución 2066 de la ONU, de 16 de diciembre de 1965, condena el “desmembramiento del territorio de Mauricio” y la “violación de su integridad territorial”. La Resolución 2232, de 20 de diciembre de 1965, estipula que “todo intento encaminado a la destrucción parcial o total de la unidad nacional y la integración territorial de los territorios coloniales y al establecimiento de bases e instalaciones militares en esos territorios es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.
El Movimiento de los No Alineados, que agrupa a 120 naciones, exige también la devolución del territorio a Mauricio y el regreso de los chagosianos a su tierra natal. El Grupo de Estados Africanos, Caribeños y el Pacifico, formado por 79 países, considera “ilegal” la autoridad británica sobre Chagos y reclama la descolonización completa de África. La Comunidad para el Desarrollo de África Austral, integrada por 16 países, pide que “prevalezcan” el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y que se descolonice el archipiélago.
Londres, apoyado por razones obvias por Estados Unidos, se niega obstinadamente a respetar los principios elementales del derecho internacional público y la Carta de las Naciones Unidas. Según el gobierno británico, la base militar es necesaria “en la lucha contra los desafíos más complejos y más urgentes del siglo XXI como el terrorismo, la delincuencia internacional, la piratería o cualquier otra forma de inestabilidad”. Sin embargo, el pueblo chagosiano, ahora obligado a vivir en Inglaterra, Mauricio o las Seychelles, no pide el desmantelamiento inmediato de la base, sino ejercer su derecho natural a vivir en su tierra. El Reino Unido reconoce “que la forma en que los chagosianos fueron expulsados del archipiélago y la forma en que han sido tratado posteriormente es vergonzosa e injusta”.
En junio de 2017, en virtud del artículo 94 de su Carta, la ONU adoptó, por mayoría de 94 votos a favor y 15 en contra, una resolución en la que solicitaba a la Corte Internacional de Justicia de La Haya una opinión consultiva sobre el litigio entre Mauricio y el Reino Unido. La ONU hizo hincapié en las consecuencias, en virtud del derecho internacional “de mantener el archipiélago de Chagos bajo administración del Reino Unido, en particular en lo que respecta a la imposibilidad de Mauricio de llevar a cabo un programa de reasentamiento para sus nacionales, especialmente los de origen chagosiano”.
El 25 de febrero de 2019, en una opinión consultiva histórica, la Corte Internacional de Justicia subrayó que el “desprendimiento ilícito del archipiélago de Chagos” y su «incorporación a una nueva colonia» habían impedido el buen proceso de descolonización de Mauricio. Pidió al Reino Unido que “pusiera fin a su administración del archipiélago de Chagos lo antes posible”, instando a todos los Estados miembros a contribuir a “la conclusión de la descolonización de Mauricio”.
Tras esta decisión, el 22 de mayo de 2019, la ONU adoptó por 116 votos a favor y 6 en contra la resolución 73/295, que reconoce la soberanía de Mauricio sobre el archipiélago de Chagos y exige la retirada incondicional de la administración colonial británica en un plazo de seis meses. Según el texto, “como el desprendimiento del archipiélago de Chagos no se basó en la expresión libre y genuina de la voluntad del pueblo mauriciano, la descolonización de Mauricio no se ha completado válidamente”. Pide que “no se ponga ninguna impedimento u obstáculo al reasentamiento” de los chagosianos en su tierra natal y rechaza “cualquier medida adoptada por ‘el Territorio Británico del Océano Indico’”. A día de hoy, a pesar de sus obligaciones, el Reino Unido sigue negándose a acatar las normas del derecho internacional y a respetar las resoluciones de las Naciones Unidas.
*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos por la Universidad de la Sorbona, Salim Lamrani es profesor de Historia de América Latina en la Universidad de La Reunión y está especializado en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Su último libro se titula Au nom de Cuba: https://www.editions-harmattan.fr/livre-au_nom_de_cuba_regard_sur_carlos_manuel_de_cespedes_jose_marti_salim_lamrani-9782140294099-77782.html
Léase el libro de Philippe Sands : La última colonia, Editorial Anagrama, 2023.
