Hoy quiero hablarles de un tema que está en el centro del debate político y legal en Venezuela: la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra los Traidores a la Patria. Sin lugar a dudas, una ley que ha generado opiniones encontradas y que plantea serias interrogantes sobre su aplicación, su retroactividad y sus implicaciones constitucionales.
En primer lugar, debemos entender el propósito de esta ley. Por un lado, tiene la intención de castigar a quienes se consideran traidores a la patria, aquellos que han puesto en peligro la soberanía nacional. A simple vista, la ley parece clara: proteger la nación y evitar que intereses extranjeros o internos socaven su estabilidad. Sin embargo, aquí surge la primera cuestión jurídica: ¿hasta qué punto esta ley realmente se ajusta a los principios constitucionales que rigen nuestro país? Específicamente, el Artículo 24 de la Constitución establece que las leyes no pueden tener efecto retroactivo, a menos que se trate de beneficios para el acusado. La duda está en si una ley que persigue un castigo podría aplicarse a hechos ocurridos antes de su promulgación.
Es aquí donde aparece un dilema fundamental: ¿puede la ley aplicarse a personas que cometieron actos que se consideran traición antes de su aprobación? Este es un punto conflictivo, pues, a pesar de que la ley tiene el respaldo de ciertos sectores como un instrumento de justicia, su aplicación retroactiva puede abrir un espacio para vulnerar derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. En este sentido, entramos en un terreno complejo que merece ser analizado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que deberá aclarar si la ley se puede aplicar de forma retroactiva sin contravenir principios constitucionales.
Ahora bien, algunos podrían defender la ley desde una perspectiva política, argumentando que es una herramienta legítima para fortalecer la soberanía y garantizar la seguridad del país. Sin embargo, desde una óptica jurídica, hay serias dudas sobre cómo se armoniza con otros principios fundamentales como la presunción de inocencia o el debido proceso. De hecho, esta ley podría estar desafiando las garantías constitucionales que protegen a todos los ciudadanos, sin importar su afiliación política.
Más allá de los aspectos legales, hay otra pregunta que persiste: ¿estamos ante una ley que busca justicia o una ley de perdón? Es cierto que la ley castiga severamente a quienes sean considerados traidores a la patria, pero también abre la posibilidad de que, en su implementación, se pueda considerar a ciertos actores dentro del sistema político como merecedores de un perdón tácito, otorgado por la propia ley o por su ejecución. ¿Es esta una forma de “perdón político” encubierto? ¿Podría esta ley ser utilizada para proteger a actores claves dentro del aparato estatal o para consolidar ciertos intereses políticos?
Es necesario estar atentos a cómo se desarrolla la interpretación de esta ley. ¿Realmente buscamos justicia, o estamos ante una jugada política que podría tener efectos nefastos en la estructura legal y democrática del país? Este es el tipo de cuestión que no solo nos concierne a los expertos en derecho, sino a cada uno de los ciudadanos, pues de esta ley podría depender el futuro de nuestras garantías y derechos.
Al final del día, la clave está en la aplicabilidad y la justicia. Mientras que la ley pueda ser vista como un instrumento para enfrentar la traición a la patria, debemos ser muy cuidadosos de no caer en una aplicación que distorsione el sistema jurídico. La ley debe ser aplicada dentro del marco constitucional y no puede ser utilizada para pase de facturas o persecuciones políticas que puedan resultar en la injusticia.
En este contexto, el análisis legal y la vigilancia sobre las decisiones que se tomen serán esenciales para garantizar que la Ley Libertador Simón Bolívar se ejecute de manera coherente con los principios democráticos y los derechos humanos que, como venezolanos, todos debemos proteger. ¿Será esta una ley de justicia, o estamos ante una ley de perdón político? La respuesta, quizás, está aún por escribirse.
Les invitamos a reflexionar, porque este debate no solo es legal, es profundamente político y de valores democráticos que definen el rumbo de nuestra nación.
