La burguesía y apologistas del capitalismo siempre han querido presentar a la empresa privada como un paradigma de eficiencia y buena gestión y servicio. Contra la gestión pública de empresas y servicios se ha querido señalar siempre la ineficiencia de hospitales, empresas públicas, etc.; problemas que no se originan en el carácter público de la propiedad, sino en la gestión burocrática y propia de los Estados burgueses. Los últimos años, con el colapso de numerosos e importantes bancos y empresas a nivel internacional ha mostrado de la forma más cruda y explícita que el capitalismo y la gestión de sus tecnócratas adolece de todo lo que quieren achacarle a la propiedad pública. Casos absolutamente escandalosos de corrupción como los de la multinacional alemana Siemens o las groseras bonificaciones de la alta gerencia y principales accionistas de bancos y demás empresas que recurrieron a subsidios gubernamentales para afrontar la falta de liquidez son tan sólo la punta del iceberg de la verdadera dinámica del sistema capitalista.

En Venezuela hemos sido testigos en los últimos años de la ofensiva de la burguesía contra las medidas de nacionalización y en general contra la economía, por medio de una guerra de baja intensidad que ha incluido todo tipo de maniobras como desinversión, fuga de capitales, acaparamiento, limitación de la producción, entre otros. Una de las tácticas que más ha golpeado los bolsillos de nosotros los trabajadores ha sido la de los aumentos indiscriminados de productos y servicios. En Caracas, los alimentos vieron un alza de precios por encima del 50% en 2008, aunque algunos rubros como la cebolla sufrieron aumentos superiores al 200%, y la inflación acumulada del año según el propio BCV fue de 30,9%. Para 2009 CONSECOMERCIO anunció el pasado mes de abril un estimado de inflación por el 40% y economistas burgueses como Orlando Ochoa han anunciado inflación por encima del 60% para el sector alimentos para fin de año. Y podemos estar seguros que la burguesía utilizará todo tipo de mecanismos para que esto sea así, o incluso superar esta cifra, a pesar del ingenuo optimismo del Ministro de Economía y Finanzas, Alí Rodríguez Araque, quien afirmó que la inflación en Venezuela podría concluir, al cierre del 2009, por debajo de 20%. De hecho, para Enero 2009 ya vimos los índices de inflación en algunos sectores, donde los que registraron variaciones más altas fueron salud (3,6%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0%), restaurantes y hoteles (2,8 por ciento) y equipamiento del hogar (2,5%) de acuerdo a un análisis realizado por la consultora Aristimuño Herrera & Asociados.

La inflación en el Sector Salud

El sector salud no ha sido una excepción en toda esta carrera de alza de precios. En un artículo publicado el día de hoy por el diario El Mundo, se señala que “los precios de la salud crecen paso a paso y sin descanso. Es tanto así que, entre abril de 2008 y el mismo mes de este año, la inflación en el sector se aceleró 27,7%, según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV).” Los aumentos en algunos subsectores de la salud sufrieron índices mayores y el mismo artículo señala que “en el renglón de los servicios hospitalarios, se nota que en un período de 12 meses los costos han aumentado 41%”, los servicios médicos y paramédicos para pacientes se ha dado “un incremento de precios de 37,5%” y “En lo que respecta al renglón de las medicinas y los equipos terapéuticos, los aumentos han sido menores, sin llegar a ser poco representativos: 17,9%”. Continúa el mismo artículo indicando que “los índices inflacionarios del sector salud en enero (3,6%), febrero (2,8%), marzo (2,9%) y abril (2,1%) de 2009 siguen siendo de los más altos dentro de los indicadores que incluye el Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inpc), que el pasado mes se ubicó en 1,8%.”

Ya en un artículo publicado por Víctor Salmerón en el diario burgués El Universal el pasado 1 de Diciembre de 2008, se hablaba que “en los primeros diez meses de este año [2008], los servicios médicos y paramédicos, que incluyen consultas, exámenes de laboratorio, odontología y radiología, acumulan un salto promedio de 36,5% en el país. Al mismo tiempo, los servicios hospitalarios, que reflejan el costo de intervenciones quirúrgicas y gastos por hospitalización en clínicas, aumentan 38,9%, mientras que las medicinas y equipos terapéuticos se incrementan 14,2%.”

Ya en 2007 se había denunciado esta problemática del sector salud privado. El entonces Ministro de Salud, Erick Rodríguez, había denunciado que “un parto natural realizado en una clínica costaba BSF. 5.596 ($2.602), cuando estudios oficiales demostraban que un procedimiento de ese tipo no debía sobrepasar los BSF. 800 ($397,5)”. (Últimas Noticias, 22 de abril de 2007) y se anunciaba que “las 3.600 clínicas privadas instaladas en el país iban a sufrir una regulación.” En una nota publicada por ABN el 21 de Abril de ese año, se indica que “El Ministerio del Poder Popular para la Salud anunció que a partir de este sábado [28 de abril] se iniciará la regulación de precios de los servicios de salud de clínicas privadas, medida que será de cumplimiento obligatorio mediante una resolución ministerial” y “que aspiran a lograr que la medida se cumpla en un lapso de noventa días”. La misma nota indicaba que el ministro Rodríguez había anunciado “que tal medida obedece a la existencia de situaciones especulativas en el sector.” Indicó que “Hay actos indiscutiblemente demostrados que responden, mediante la cartelización y abuso de posición de dominio, a la especulación en este sector” y adicionalmente “Criticó la clasificación por categorías A, B o C de las clínicas privadas, las cuales no se ajustan a la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que clasifica los centros de salud de acuerdo con su capacidad de atención.”

En ese entonces, el propio presidente Hugo Chávez respaldó la medida y señaló que durante los meses de marzo y abril de ese año, “la variación de precios en el sector salud fue de 3,9% y 3,4%, respectivamente”, indicando también que era el sector “que más engordó el para entonces Índice de Precios al Consumidor”.

La medida de regulación de precios de este sector no se concretó y el Dr. Erick Rodríguez salió de la cartera ministerial el 18 de Mayo y en su lugar fue designado el Teniente Coronel Jesús Mantilla Oliveros, quien venía de presidir el IVSS. Su renuncia se había dado luego que el lunes 14 de mayo Rodríguez declarara en contra de la industria tabacalera y asomara la posibilidad de plantear la prohibición de la siembra y procesamiento de tabaco. Según una nota publicada por AP el 19 de Mayo de 2007, “La industria tabacalera instalada en el país genera miles de empleos directos e indirectos y es uno de los más importantes contribuyentes tributarios del país. Según estimaciones de las empresas fabricantes de cigarrillos en el país hay más de 13,6 millones de personas mayores de 18 años consumidoras de cigarrillos.”

Mucha agua ha pasado por debajo de ese puente y aunque la regulación de los costos de los servicios privados de salud ha vuelto al tapete, aún no se concreta ninguna medida al respecto. De hecho, un parto natural en una institución médica privada promedia hoy en día los 12.000 bolívares fuertes, 214,4% más que en 2007. Y en este servicio los costos varían según la institución privada en que se realicen. Según indica el mencionado artículo de El Mundo, siguiendo el ejemplo de los partos, “si el procedimiento se ejecuta en una clínica 'modesta' como la Policlínica de Coche, cuesta BSF. 3.500, mientras que si se recurre a un centro de asistencia tipo A, como la Clínica El Ávila o la Metropolitana, los costos ascienden a BSF. 18.000, sea parto o cesárea, según el caso.” Continúa el citado artículo indicando que “Desde abril de 2008 hasta el pasado mes, los servicios hospitalarios se encarecieron 40%” pero que si se analiza el comportamiento del sector “desde marzo 2008 hasta marzo de este año, se observa que la variación evidenciada en este período fue mayor: 41%.”

La ineficiencia en los servidos privados de salud

El aumento en los costos de los servicios prestados por las instituciones privadas de salud ha estado acompañado igualmente por un aumento de la demanda de estos servicios, a causa de las mejoras laborales conseguidas a través de las convenciones colectivas. En un artículo publicado por el diario burgués El Nacional el pasado 01 de Diciembre de 2008, el presidente del Hospital de Clínicas Caracas, Alexis Bello, señalaba que "Desde hace cuatro años ha habido un aumento en la demanda de servicios privados en todos los niveles como consecuencia de más contratación de pólizas colectivas por parte de las empresas del Estado". Según Bello, esto lo denomina “un problema estructural”. En un artículo previo publicado por Jorge Hernández en el diario El Universal el 07 de Septiembre de 2006 se cita que “Según estadísticas de la Cámara Aseguradora de Venezuela, la contratación de pólizas de salud colectivas aumentó 60% en 2005. Y Hasta el mes de junio de 2006 aumentó en otro 30%. Esto se debe al ingreso en el mercado de pólizas de la administración pública.” En ese mismo artículo, se cita igualmente a Alexis Bello, quien señaló que "ha aumentado la demanda de uso desde 2005, esta situación colapsa la emergencia y estamos conscientes de ello. Este hecho se debe al aumento de pólizas colectivas y de medicina prepagada en la población venezolana". Pasados más de dos años la situación no ha mejorado. A pesar de los cuantiosos ingresos percibidos por las clínicas privadas, ellas mismas se ven forzadas a admitir que sus capacidades para prestar servicios no son suficientes. Nuevamente se trata de otro ejemplo más de la huelga de capitales que tiene la burguesía venezolana para ahogar el proceso revolucionario.

Las denuncias de los propios pacientes que acuden a estos centros resultan escandalosas. En el citado artículo de El Universal (2006)  un paciente llamado Martín González denunciaba que "Tenía una tendinitis en la mano izquierda, tuve que esperar 5 horas. A pesar a que mi póliza cubre 100% me exigían pagar un depósito de 200 mil bolívares" y que para que lo atendieran tuvo que buscarse “una palanca”: “Con ayuda de un médico me atendieron en la Policlínica Metropolitana. En la lista de espera había 20 personas por atender", dijo González. Otra afectada, Laura Marín, comentaba que llegó “a la emergencia del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, allí me anotaron en una lista de espera y me dijeron que había 10 pacientes por atender”, para luego indicar que “Pasaron dos horas, el pie de Laura estaba inflamado y nadie la atendía (…) Laura Marín, después de dos horas, fue atendida, ella esperó, pero 5 pacientes se retiraron.”.

Más adelante continúa el mismo artículo indicando que “La situación en las emergencias de más de 20 clínicas privadas de Caracas afecta a casi 60 mil pacientes, según datos de la Asociación de Clínicas Privadas. "En la clínica Sanatrix la emergencia cuenta con 14 cubículos para adultos y 8 para niños. A diario atienden a más de 80 pacientes, hecho que genera caos", indicó Antonio Cardinales, médico residente del centro de salud. En las clínicas más pequeñas la situación es la misma. Según Victoria Eskenazi, de la Junta Directiva de clínica La Arboleda, también de San Bernardino, las listas de espera son una realidad y los pacientes deben esperar largo rato. "A diario atendemos entre 70 y 100 pacientes por la emergencia, entre niños y adultos". Los 18 cubículos con que cuenta La Arboleda se llenan a diario para atender a pacientes que hacen uso de la emergencia como consulta. "Sin embargo, si asiste un paciente muy grave se atiende de inmediato. El promedio de atención es de 4 horas, todo depende de la enfermedad, dijo Eskenazi.”

En  el artículo publicado en Diciembre 2008 por El Nacional, el cuadro que se presenta es similar: “Tras sufrir una lesión en el tobillo izquierdo, Iris Lugo nunca imaginó que tendría que recorrer tres clínicas para ser atendida de emergencia. (…) En el Hospital de Clínicas Caracas de San Bernardino fue atendida y operada Iris Lugo tras anotarse en una lista de 60 pacientes y ocupar uno de los 14 cubículos de la emergencia para adultos. Ella no comprende por qué se presta mal servicio”. El llamado “ruleteo” que se suele denunciar en los hospitales públicos es una realidad en el sector privado, como denuncia la anterior declaración. Se citan los casos del Centro Médico y la Clínica La Arboleda, de San Bernardino, donde “Los 30 cubículos que se cuentan en ambas emergencias se llenan y los pacientes son atendidos en los pasillos. En los 250 consultorios de esas clínicas los enfermos esperan horas para ser atendidos, y en radiología y laboratorios las colas son largas.”

Carlos Henríquez, un paciente afectado por la situación, denunciaba que en la Policlínica Metropolitana “Ingresas si pagas BSF 1.500, te anotas en una lista de más de 15 personas y me tocó cancelar otros BSF 1.600 en exámenes urológicos”. José Salas comentaba en ese entonces que “Tuve que esperar que atendieran a 20 personas en la emergencia de la Loira”. Otro caso citado en dicho artículo fue el de Félix Herrera, quien habría durado dos días intentando ingresar a la clínica Ávila y no pudo. “Me informaron que no hay capacidad. Los 19 cubículos están ocupados”, dijo Herrera. Y luego se indica que “Allí la consulta externa en 110 cubículos funciona. Sin embargo, en la emergencia les exigen a los pacientes BSF 1.000 para ingresar”.

No sólo se trata de las emergencias. Las deficiencias de servicio en las clínicas privadas también se dan para las consultas médicas externas. Así, dicho artículo cita a Marisol Sanabria quien señalaba que en Clínicas Caracas hay 300 consultorios, pero conseguir una cita con un especialista tarda "dos meses".

El “problema estructural” del que hacía mención Alexis Bello, presidente del Hospital de Clínicas Caracas es en realidad que los dueños de estos centros no están invirtiendo en mejorar y ampliar sus capacidades. En lugar de ello continúan aumentando los costos de los servicios y piden pagos adicionales para poder admitir a los pacientes por emergencia. Esto también refleja otra problemática que podemos leer entre líneas  cuando en el citado artículo de El Nacional se habla de que “Según cifras de la Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV), 21% de las personas de bajos ingresos en Venezuela reportaron que en 2008 tienen seguro y que el pago de ello representa el 8% en el gasto del hogar. Anteriormente, sólo el 9% de este segmento de la población reconocía tener seguro.” Adicionalmente, se señala en dicho artículo que “el detrimento en la atención de pacientes en los hospitales públicos incide en la búsqueda de atención privada.” Así, vemos cómo muchas de las medidas asumidas por estos centros privados de exigir pagos adicionales que los seguros no cubren están dirigidas a evitar la admisión de “personas de bajos ingresos”. Se trata de complacer a su “clientela natural”, la pequeña y alta burguesía, que se sienten incómodos por la “invasión” que sufren sus espacios por toda clase de “chusma” y demás epítetos racistas que emplean para referirse a la mayoría explotada de la sociedad.

Escandalosa especulación: El caso de la Policlínica Metropolitana

Un claro ejemplo de esta especulación es la Policlínica Metropolitana (PCM), ubicada en Caurimare, Caracas. Después de haber realizado “ajustes” a los costos de sus servicios el pasado mes de febrero, para abril han realizado un nuevo aumento que en algunos rubros alcanza casi el 50%. De acuerdo a presupuestos emitidos para una misma intervención quirúrgica, uno de fecha 16 de Marzo y el otro del 28 de Abril, los Gastos Clínicos pasaron de BSF 10.187,00 a BSF 12.944,00, un aumento del 21,33%. Éste es un aumento que como ya hemos indicado se suma al aumento que ya había realizado en Febrero esta clínica, mientras que sus médicos y trabajadores en general mantienen sus honorarios y salarios.

Sin embargo, al mirar algunos rubros incluidos dentro de los Gastos Clínicos vemos por ejemplo que si bien los denominados Medicamentos así como Material Médico Quirúrgico mantienen los costo, el resto aumenta un mínimo de 20% como sucede con lo que denominan Equipo Térmico, que pasa de BSF 150,00 a BSF 180,00. El costo de Habitación Privada pasó de BSF 1.200,00 a BSF 1.600,00 lo que implica un 33,33% de aumento (sin contar el aumento sufrido en Febrero y sin que se haya realizado inversión o mejora alguna en las instalaciones). Recuperación pasó de BSF 130,00 a BSF 182,00 (40%), al igual que la denominada Asistencia Médica Permanente. Pero el rubro con el aumento más escandaloso fue el de la hora de Quirófano General, que pasó de BSF 2.145,00 a BSF 3.200,00, para un aumento del 49,18%. Y nuevamente debemos señalar que dichas instalaciones no han recibido ningún tipo de inversión, ni en equipo ni en mantenimiento desde el último aumento, implementado dos meses antes.

Toda esta situación resulta aún más escandalosa cuando, sin muchas averiguaciones, tan sólo con escuchar las conversaciones de enfermeras y enfermeros, camilleros y camareras, uno se entera que sus salarios siguen en niveles del año pasado, se les adeudan diversos beneficios laborales elementales, muchos de ellos deben trabajar hasta dobles turnos diarios para poder tener un ingreso digno y particularmente en el caso de camilleros, hay un déficit de personal, pues los patronos no quieren gastar sino lo mínimo absoluto.

Recordemos los antecedentes de la Policlínica Metropolitana

La Policlínica Metropolitana (PCM) no es ajena a los escándalos. Recordemos que en Febrero de 2.008 se descubrió un importante cargamento de alimentos de la red MERCAL que estaban en un almacén de la PCM. En una nota publicada el 17 de Febrero de 2.008 se anunciaba que se había decomisado “una tonelada de alimentos de la red Mercado de Alimentos (Mercal) aproximadamente en un almacén de la cocina de la Policlínica Metropolitana en Caracas. Entre los productos detectados en este centro asistencial se encuentran pollo y leche en polvo completa” importados por CASA. En declaraciones dadas al día siguiente por el vicepresidente de Mercal, teniente coronel  Luis Fernández Abreu, los alimentos encontrados eran “unos 600 kilogramos de pollo, 229 de kilos de carne y 200 kilos de leche de Mercal” y que dicha acción “se logró el pasado domingo gracias al trabajo de los consejos comunales y la contraloría”.

En su momento los directivos de la PCM quisieron evadir responsabilidades aduciendo que los servicios de comida se encuentran subcontratados. En su momento, la concejala del municipio Baruta, Marisela Boada, declaró que “Tenemos que aclarar que de acuerdo con lo que dicen las autoridades de la Policlínica Metropolitana este es un negocio privado, es decir, un concesionario”. Sin embargo, la diputada de la Asamblea Nacional, Romelia Matute, señaló que “A eso de las once de la mañana le informaron a la concejala del municipio Baruta, Marisela Boada, que un camión de Mercal estaba trayendo a la cocina de la clínica metropolitana productos sometidos a control de precios, es decir, productos de Mercal”. En el debate que se realizó a los pocos días en la Asamblea Nacional, el diputado Simón Escalona (PSUV) señaló que “La Policlínica Metropolitana sí estaba consciente que esos productos venían de Mercal, se estaban beneficiando de productos subsidiados para enriquecerse, les tiene que caer todo el peso de la ley”.

Pasado casi un año, se encontró el cuerpo sin vida de Freddy Díaz Marcano, de 43 años de edad, ex trabajador de MERCAL y militante del PSUV y uno de los principales denunciantes de las irregularidades que llevaron a la incautación de los alimentos en la PCM. El cadáver mostraba evidencias de haber sido el resultado del sicariato, con cinco disparos y el cuerpo semiquemado. Martha Marcano, la madre Freddy Díaz, declaró que su hijo había sido amenazado a raíz de una serie de denuncias por irregularidades en la red Mercal, entre ellas las que llevaron a la incautación de los alimentos MERCAL acaparados.

La salud no puede seguir en manos privadas

Está claro que la burguesía no está interesada en invertir si en los sectores productivos ni en los de servicios. Ni siquiera uno que les está generando cuantiosas ganancias, como es el caso del sector salud.  El Estado sigue gastando miles de millones de bolívares fuertes en las pólizas de HCM, dinero que termina en manos de los dueños de las grandes aseguradoras y de las clínicas privadas. En el marco de la política de austeridad anunciada por el Gobierno, esto no puede justificarse. Ciertamente el sistema público de salud sigue teniendo muchas carencias, a pesar de las iniciativas impulsadas por el Gobierno Bolivariano con Barrio Adentro, los Centros de Diagnóstico Integral y la enorme inversión en numerosos hospitales públicos, que ciertamente han significado una mejora pero están aún lejos de resolver el problema. ¿Quiere decir esto que debemos rendirnos ante la burguesía que nos exprime ganancias a través del sistema de salud privado?

La respuesta es obviamente que no. Debemos tomar justamente el control de estos sectores, así como del resto de las principales palancas de la economía, y ponerlas al servicio de los trabajadores y demás sectores oprimidos. No basta con anunciar posibles medidas de control de precio, que como ya hemos visto en el sector alimentos lo que terminan es agudizando las contradicciones del sistema, y menos cuando estos anuncios ni siquiera se concretan. Se debe nacionalizar todo el sistema de salud privado y ponerlo a funcionar bajo control obrero, con la participación activa de los consejos comunales así como de comités de usuarios. Y esta reestructuración debe incluirse a todo el sector salud, donde los hospitales, CDI y demás prestadores de servicios de salud públicos deben pasar a ser controlados por los trabajadores y sus usuarios, no por la burocracia estatal de un Estado que sigue siendo en lo esencial un Estado burgués.
 
Los revolucionarios debemos decirlo y repetirlo hasta el cansancio y más allá. Debemos luchar por una transformación revolucionaria del Estado, y en particular del sistema de salud, pues sólo será en el marco de un nuevo Estado, basado en asambleas de delegados elegibles y revocables en todo momento, con una economía nacionalizada y planificada democráticamente, que podrán realmente resolverse las enormes dificultades que aquejan al sistema público de salud y en general a toda la economía venezolana.