Mayo 26 de 2018.- Miles de mujeres y niñas que han sobrevivido a la dominación brutal del grupo armado Boko Haram han sido sometidas después a abusos por las fuerzas de seguridad nigerianas que afirman estar rescatándolas, ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

Con el título de "They betrayed us" ("Ellos nos traicionaron"), el informe revela cómo el ejército nigeriano y la Fuerza Especial Conjunta Civil, milicia que colabora con él, han separado a mujeres de sus esposos y las han confinado en remotos "campos satélite", donde las han violado, a veces a cambio de comida. Amnistía Internacional ha recopilado datos que prueban que miles de personas han muerto de inanición en los campos de acogida de Borno, estado del nordeste de Nigeria, desde 2015

"Es estremecedor que personas que han padecido tanto con Boko Haram hayan sido condenadas a sufrir además terribles abusos a manos del ejército nigeriano", ha señalado Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria.

"En vez de recibir protección de las autoridades, las mujeres y las niñas han sido obligadas a someterse a la violación para no morir de hambre" (Osai Ojigho directora de Amnistía Internacional Nigeria)

En algunos casos, los abusos parecen ser parte de una campaña de persecución de toda persona que parezca tener algo que ver con Boko Haram. Las mujeres afirmaban haber sido golpeadas y llamadas "esposas de Boko Haram" por los agentes de los servicios de seguridad al denunciar el trato que habían recibido.

A medida que el ejército de Nigeria fue arrebatando territorio al grupo armado en 2015, ordenó a los habitantes de las zonas rurales trasladarse a campos satélite, matando a veces indiscriminadamente a quienes se quedaban en sus casas. Centenares de miles de personas huyeron o fueron obligadas a salir de esas zonas.

El ejército inspeccionaba a todas las que llegaban a los campos satélite y, en algunos, detenía a los hombres y los niños de entre 14 y 40 años, así como a las mujeres que no iban acompañadas por sus esposos. La detención de tantos hombres ha hecho que las mujeres tengan que cuidar solas de sus familias.

Violación de mujeres afectadas por el hambre y explotación sexual

Decenas de mujeres han descrito cómo los soldados y los miembros de la Fuerza Especial Conjunta Civil se valían de la fuerza y de amenazas para violarlas en los campos satélites, en muchos casos aprovechándose del hambre para obligarlas a ser sus "novias", lo que suponía estar sexualmente a su disposición en todo momento.

Cinco mujeres contaron a Amnistía Internacional que habían sido violadas a finales de 2015 y principios de 2016 en el campo del hospital de Bama, donde prevalecían condiciones de hambruna.

Ama (nombre ficticio), de 20 años, explicó: "Te van a dar comida pero por volverán por la noche, sobre las cinco o las seis de la tarde, y te dirán que vayas con ellos [...] Vino un hombre [de la Fuerza Especial Conjunta Civil] y me trajo comida. Al día siguiente me dijo que fuera a por agua a su tienda [y fui]. Entonces cerró la puerta de la tienda y me violó. Dijo que te me daba esas cosas y que, si las quería, teníamos que ser esposo y esposa".

Otras 10 mujeres del mismo campo dijeron que también las habían coaccionado para que se hicieran "novias" de los agentes de seguridad y no morir de hambre. La mayoría de esas mujeres habían perdido ya a hijos u otros familiares debido a la falta de alimentos, agua y asistencia médica en el campo. La explotación sexual continúa hasta extremos alarmantes, mientras las mujeres siguen desesperadas por encontrar alimentos suficientes y oportunidades de sustento.

Las mujeres dijeron que la explotación sexual se ajusta a un sistema organizado, en el que los soldados acuden abiertamente al campo en busca de sexo y los miembros de la Fuerza Especial Conjunta Civil eligen a las mujeres y las niñas que son "guapas" para llevárselas a los soldados que esperan fuera. Las mujeres explicaron que tenían demasiado miedo para rechazar las demandas de sexo.

"El sexo en estas circunstancias tan sumamente coercitivas es siempre violación, incluso si no se utiliza la fuerza física, pero a los soldados y los miembros de la Fuerza Especial Conjunta Civil nigerianos les da igual porque no les pasa nada. Actúan como si no corrieran ningún riesgo de sanción, pero los responsables de estos actos y sus superiores, que han permitido que continúen impunemente, ha cometido crímenes de derecho internacional y deben rendir cuentas", ha añadido Osai Ojigho.

Muertes a causa del hambre

Las personas confinadas en los campos satélite sufrieron una grave falta de alimentos desde principios de 2015 hasta mediados de 2016, cuando aumentó la asistencia humanitaria.

Sólo en el campo del hospital de Bama murieron centenares, como mínimo, aunque posiblemente fueran miles, durante ese tiempo. Las personas entrevistadas coincidían en explicar que durante esos meses se producían de 15 a 30 muertes diarias por hambre y enfermedad. Las imágenes de satélite, que muestran cómo se fue ampliando rápidamente el cementerio del campo durante ese tiempo, confirman sus testimonios. Se producían también muertes a diario en otros campos satélite, como los de Banki y Dikwa.

Desde junio de 2016, la ONU y otras agencias humanitarias intensificaron la asistencia en los campos satélite. A pesar de ello, muchas mujeres informaron de que habían continuado los obstáculos para conseguir alimentos suficientes, agravados por las restricciones impuestas para que no pudieran abandonar los campos.

Varias mujeres que habían llegado a los campos satélite de la localidad de Dikwa a mediados de 2017 no habían recibido ninguna asistencia alimentaria desde entonces e informaron de hambre, enfermedades y muertes constantes en esos campos.

Yanna (nombre ficticio), que había llegado a Dikwa a finales de 2017 y vivía en el campo de Fulatari, contó a Amnistía Internacional: "La gente se muere, [siempre hay un] entierro, un entierro, un entierro. Estaba pensando que quizá un día sea el mío."

"La gente se muere, [siempre hay un] entierro, un entierro, un entierro. Estaba pensando que quizá un día sea el mío".(Contó Yanna a Amnistía Internacional)

Incluso cuando el gobierno y las ONG internacionales distribuyen alimentos, la corrupción en gran escala impide a muchas personas acceder a ellos.

"Confinar a la gente en campos sin alimentos suficientes, a pesar de que quienes administraban los campos sabían que las condiciones estaban causando muertes, vulnera los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Quienes han permitido que ocurra esto podrían ser culpables de asesinato", ha manifestado Osai Ojigho.

Mujeres recluidas en el cuartel de Giwa

La investigación de Amnistía Internacional revela además que, desde 2015, se ha recluido a centenares de mujeres, junto con sus hijos a hijas, en el infame centro de detención del cuartel de Giwa. Aunque las mayoría han sido puestas en libertad, un número no determinado continúan bajo custodia militar.

Muchas de las mujeres detenidas desde 2015 habían sido víctimas de secuestro o matrimonio forzado a manos de Boko Haram y, en vez de rescatarlas, el ejército las detuvo por ser "esposas de Boko Haram".

Amnistía Internacional recibió cinco informes de violencia sexual en el cuartel de Giwa, y siete mujeres dijeron que habían dado a luz sin asistencia médica en sus sucios calabozos, donde estaban hacinadas. Al menos 32 niños y niñas, incluidos bebés, y 5 mujeres habían muerto bajo custodia desde 2016.

"La detención de mujeres y niñas por su presunto matrimonio con miembros de Boko Haram es ilegal según el derecho internacional de los derechos humanos y la legislación nigeriana, y es también indiscriminada", ha explicado Osai Ojigho.

Abusos de Boko Haram

En muchos casos, las mujeres entrevistadas habían pasado meses o años viviendo bajo la represiva dominación de Boko Haram. Algunas afirmaban haber sido obligadas a casarse con miembros del grupo armado o azotadas por incumplir sus estrictas normas. Siete dijeron que habían presenciado la ejecución de familiares o vecinas suyas que habían intentado escapar.

Es hora de actuar

Desde 2015, varias ONG y organizaciones humanitarias han venido informando de violencia sexual y muertes en los campos para personas internamente desplazadas del nordeste de Nigeria. Aunque las autoridades han prometido a menudo investigar esa información, no se han tomado medidas tangibles para abordar el problema ni parece haberse llevando a nadie ante la justicia. No siempre está claro que esas investigaciones se hayan llevado acabo, pues no se ha hecho público ningún informe.

En agosto de 2017, el presidente en funciones de Nigeria, Yemi Osinbajo, estableció el Grupo de Investigación Presidencial para que examinara el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el ejército en materia de derechos humanos. Muchas mujeres testificaron ante el Grupo, que presentó su informe al presidente Muhammadu Buhari en febrero de 2018.

"Es hora ya de que el presidente Buhari demuestre el compromiso que tantas veces ha expresado de proteger los derechos humanos de las personas desplazadas en el noreste de Nigeria. La única forma de poner fin a estas terribles violaciones de derechos humanos es acabar con el clima de impunidad imperante en la región y garantizar que nadie comete violación o asesinato impunemente", ha afirmado Osai Ojigho.

"Las autoridades nigerianas deben investigar –o hacer públicas sus investigaciones anteriores– los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el nordeste del país. Deben también garantizar con urgencia, con el apoyo de los gobiernos donantes, que las personas que viven en los campos satélite reciben alimentos suficientes y que las que están recluidas arbitrariamente en centros militares de detención son puestas en libertad."

El informe de Amnistía Internacional es el resultado de una extensa investigación para la que se realizaron más de 250 entrevistas y que abarca los campos satélites establecidos por el ejército en siete localidades del estado de Borno, entre ellas Bama, Banki, Rann y Dikwa. Contiene también entrevistas con 48 mujeres y niñas que estuvieron detenidas y un examen de vídeos, fotografías e imágenes de satélite.

Amnistía Internacional compartió sus conclusiones con las autoridades nigerianas, pero en el momento de la publicación del informe no había recibido ninguna respuesta.