En una franca muestra de su apoyo a los militares, la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez ,aprobó un decreto que otorga 34,7 millones de bolivianos (más de cinco millones de dólares) a las Fuerzas Armadas para que los destinen a equipamiento y armas, lo que ha sido tomado como una forma para reprimir al pueblo que ha salido a las calles a protestar.
El 15 de noviembre, la autoproclamada mandataria -que asumió el puesto tras una dudosa renuncia de Evo Morales luego de unas elecciones polémicas y ante la presión del Ejército y grupos opositores de derecha- aprobó el decreto número 4082 publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia en el que insistió así en que las Fuerzas Armadas tienen "la atribución y responsabilidad de coadyuvar en caso necesario, a la conservación del orden público", según lo publicado por el diario local, La Razón.
En el documento se afirma que "para el cumplimiento de su misión, las Fuerzas Armadas tienen, entre otras, la atribución y responsabilidad de coadyuvar en caso necesario, a la conservación del orden púbico, a requerimiento del Poder Ejecutivo y de acuerdo a la Constitución Política del Estado", de la cual sus críticos denuncian la ha irrespetado con el Golpe de Estado.
Esta decisión deun gobierno que es desconocid por la mayoría del pueblo boliviano, se da horas después de que también confirmara que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participan de los operativos para restablecer el orden en las calles, que desde la salida de Evo Morales del poder, se encuentran tomadas por manifestantes, que protestan contra lo que consideran un golpe de Estado. Además, ocurre en medio de las versiones que indican que se convocará a elecciones por decreto.
Las protestas en Bolivia estallaron tras las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, en las que Morales proclamó su victoria pero la oposición denunció un "fraude gigantesco". La Organización de Estados Americanos hizo una auditoría del proceso electoral en la que halló "irregularidades", pero que luego posteriores auditorías desmintieron a la OEA y tras una renuncia bajo amenazas al presidente Morales, familia y allegados, el pueblo boliviano decidió tomar las calles y como respuesta se desató una ola represiva que ya lleva mas de 23 víctimas a manos de las fuerzas armadas de Bolivia.
Morales dimitió el pasado 10 de noviembre y recibió protección del gobierno mexicano, donde está en calidad de asilado político. Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, se autoproclamó presidenta interina, sin tomar en cuenta los pasos necesarios para asumir el poder, por lo que ni Morales ni sus seguidores reconocen a Áñez porque consideran que su estancia en el Palacio Quemado es fruto de un "golpe de Estado". Ella, por su parte, asevera que solo estará en el cargo el tiempo necesario para convocar nuevas elecciones, pero sin Evo Morales como candidato y que muchos ya preveen como unas posibles elecciones amañadas.