Entre 2013 y 2018 organismos independientes registraron 473 crímenes de odio en México, de los cuales 261 fueron cometidos contra mujeres trans y Veracruz apareció como la entidad con mayor número de asesinatos, informó el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Samuel Jair Martínez Cruz.
De acuerdo con el integrante del colectivo Letra Ese, en promedio 79 personas de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero) pierden la vida de manera violenta al año, pero sólo 10 por ciento es investigado como crimen de odio.
Expuso que la media general de edad de las víctimas es entre 24 y 34 años, y que al menos 22 de ellas sufrieron violencia sexual antes o después de fallecer; los cuerpos de 60 mostraron "marcas de tortura o señales claras de ensañamiento", dijo.
En 2016, la defensora de los derechos de las personas transexuales y sexoservidoras, Alessa Flores, fue asesinada.
Martínez Cruz comentó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce que la violencia en contra de la población LGBT tiene por objeto castigar y corregir todo aquello que escape del binarismo de género, el heterosexismo y la heteronormatividad.
La situación de vulnerabilidad no debiera ser motivo de miedo y aislamiento, sino un aliciente para exigir justicia y continuar la lucha por los dignos derechos
Refirió que la CIDH admite también que las mujeres trans son las personas más vulneradas de la sociedad, haciendo parecer que derechos como la adopción homopaternal o el matrimonio igualitario están lejanos a verse realizados.
Tan sólo la Ciudad de México y Aguascalientes han reconocido como un agravante el crimen de odio en sus códigos penales, por ello la CIDH recomienda implementar un instrumento nacional sobre su registro, seguimiento a los protocolos y evaluación a su eficacia e impacto.
La joven transexual Itzayana López Hernández fue hallada muerta por estrangulamiento en su departamento en la CDMX.
Por su parte, Ricardo Felix Dos Santos, maestro de la Universidad Federal Fluminense, quien realiza una estancia de doctorado en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), analizó la interseccionalidad de los encuentros en los que participan movimientos indígenas, estudiantiles y la comunidad LGBT en Brasil.
Desde 2012 el gobierno de Dilma Rousseff implementó una ley federal que obliga a las instituciones de educación superior a aplicar políticas de acción afirmativa para la inclusión de la población afrodescendiente, indígena y egresada del sistema público de educación básica.
Como resultado de ello para 2017 hubo un incremento de 500 por ciento en el número de estudiantes autodeclarados indígenas homosexuales y una menor brecha entre la diferenciación de educación pública y privada.
La conformación de una red de juventud indígena puso en evidencia el protagonismo de las nuevas generaciones en el movimiento indígena nacional, pero no fue hasta la creación de una red de indígenas LGBTQ llamada Tibira –en honor a la primera víctima de homofobia en Brasil– que una iniciativa colectiva de alcance nacional se configuró, en un ambiente de transnacionalización de los géneros globales.
Sin embargo muchas de estas políticas han sido fulminadas apabullantemente con el ascenso de la ultraderecha, tras la llegada de Jair Bolsonaro, quien considera que estos grupos han avanzado y ganado privilegios, por lo que poco a poco ha echado para atrás el avance conseguido durante años de organización, puntualizó Dos Santos.