Ante los constantes atropellos físicos y morales contra lo/as usuario/as en general del transporte de pasajeros en Valencia, previa concentración y movilización popular acudimos en fecha 02/11/2017 a la sede de los órganos ejecutivo y legislativo de este municipio, donde consignamos sendos reclamos escritos ante la omisión y el silencio de estos entes, que no dudamos en calificarlos de complicidad manifiesta; pues, siendo inmediatos responsables de acuerdo a la Constitución, Ley y la ordenanza respectiva, ellos deben velar por la prestación con eficiencia de los servicios públicos de su competencia en procura beneficio de la ciudadanía.
Sin dejar de reconocer las dificultades en ocasión de la especulación estimulada que también está afectando negativamente a los transportistas, dejamos bien claro que no estamos dispuestos a dejar que se nos siga mancillando la dignidad con maltrato, por lo tanto, estos transportistas no tienen ninguna justificación, en consecuencia menos pueden colocarnos por debajo de un caucho, una batería, cualquier repuesto o unos cuantos bolívares compensatorios en valor del pasaje. Por eso hicimos saber nuestra disposición de afrontar la problemática planteada por las vías pacíficas y legales estando dispuesto/as a esperar la respuesta municipal hasta el máximo de los 15 días a partir de la solicitud, que no puede ser otra que satisfactoria.
Para ello, durante este tiempo de espera sabiendo que estamos enfrentando interés meramente económicos que es lo único que mueve a las mafias inescrupulosas, nos planteamos un despliegue por los distintos sectores y comunidades en búsqueda y acumulación de la necesaria fuerza popular que nos permita agitar, organizar y movilizar a los afectados, sean adultos de la tercera edad, estudiantes, mujeres, discapacitados, en fin toda/o aquel/la usuario/a que hayan sido o no víctimas de estos transportistas, para que transcurridos los 15 días, es decir, a partir del 17 de noviembre 2017, regresemos todo/as junto/as pancartas en mano, gargantas y consignas afinadas y contundentes gritando cese inmediato del atropello, para exigir al Alcalde Miguel Cocchiola y al presidente del Concejo municipal, Fernando Núñez y demás concejales, entre otras, la convocatoria obligatoria con la urgencia del caso a los alcaldes y concejos municipales de los otros municipios de Carabobo, a los gremios del transporte, a las autoridades del gobierno Regional y Nacional en materia en la materia y de seguridad ciudadana y, por supuesto, los usuarios del transporte de pasajeros organizados o no en consejos comunales y comunas, porque, sin lugar a dudas, cuando se trata de la integridad física y moral de los ciudadano/as estamos en presencia de una materia de seguridad de estado.
No hacerlo significara la reiteración imperdonable de la omisión institucional, lo que dejaría abierta la puerta para cualquier acción popular que justificaría, con toda razón jurídica el derecho a la defensa o acción en estado de necesidad inimputable.
