En Venezuela 97,5% de las divisas provienen de exportaciones del Estado.
Es ingenuo pensar que un sector privado que genera sólo 2,5% de las divisas que ingresan al país, creará la bonanza con ellas, o reingresará a Venezuela los 329.756 millones de dólares que entre 2003 y 2014 le ha transferido el sector público.
Divisa que se entrega al sector privado, divisa que éste exporta.
Por tal razón, Hugo Chávez Frías sancionó en febrero de 2003 el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, que dispone restrictivamente cuáles órganos del Estado pueden vender divisas a los particulares, para qué, a qué precio, con cuáles trámites, y las sanciones en caso de infracción.
Esta Ley evitó la fuga de 422.669 millones de dólares entre 2003 y 2014 y permitió que conservemos unos 8.756 millones de dólares en las reservas, que impiden que el "default" o quiebra del país.
Tal restricción en el otorgamiento de divisas fue siempre considerado fundamental. "Ni un dólar más para los golpistas", precisó Chávez al sancionarla. "Si quitamos el control de cambios nos tumban", reiteró Aristóbulo Istúriz en 2016. Al presentar el decreto que deroga dicha Ley, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, advierte el 3 de agosto a los aprovechadores de divisas a tasa preferencial: "Produce, porque yo no te voy a dar dólares para que los mandes para afuera". "Que no haya manera de entregarles dólares a esta gente, bajo ninguna figura". "El Estado no los va a seguir alimentando, ni le va a seguir entregando dólares a las grandes familias para que hagan desastres".
Pero la nueva Ley que deroga el "régimen cambiario y sus ilícitos" en ninguna parte establece la prohibición para el Estado de entregar divisas a los empresarios, anticipada por Chávez y reiterada por Diosdado Cabello. Simplemente despenaliza los ilícitos que se pudieran cometer en tal otorgamiento, mas no lo ilegaliza en forma clara. Elimina los tipos delictivos, pero no veta el delito mismo. Elimina penas por robo, mas no lo prohibe.
Es absolutamente indispensable que una norma expresa de la Asamblea Nacional Constituyente acoja la voluntad de Chávez y de Diosdado Cabello y legisle que el Estado por ningún concepto entregará más divisas a los empresarios, o Venezuela será víctima de un nuevo saqueo.
