Manuel Sutherland, economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera, ha sido en los últimos años una las voces críticas de izquierda con más difusión en nuestro país y fuera de él. En numerosos artículos demuestra la falsedad de los discursos dominantes sobre la economía venezolana, tanto los que sostienen desde la oposición patronal que la ruina de Venezuela se debe a políticas “socialistas”, como los que victimizan al gobierno y atribuyen la debacle inflacionaria y el decrecimiento de la producción a una “guerra económica”. En estos esfuerzos hemos coincidido muchas veces y valoramos mucho el aporte que ha realizado Sutherland, quien por sus críticas ha recibido ataques, siendo incluso despedido de su cargo como docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el año 2016, al igual que el profesor Omar Vázquez Heredia.
De tal forma que abordamos este debate fraternalmente, en el ánimo de buscar acercar posiciones. En el análisis sobre la economía venezolana tenemos coincidencias importantes, ciertamente no hay nada parecido a una transición al socialismo, sino un proceso de saqueo desenfrenado, con una fuga de capitales de entre $400 y $600 mil millones en el marco del control de cambio vigente desde 2003. El discurso “socialista” oficial se emplea para encubrir ese proceso de entreguismo y saqueo que supuso la entrega de miles de millones de dólares a la burguesía, desde las transnacionales hasta las empresas de maletín, pasando por las grandes empresas nacionales. Las medidas anunciadas en agosto por el gobierno son incoherentes y en nada aportan a la superación de la crisis, se impusieron sin la menor consulta hacia las organizaciones obreras y populares e incluyen atrocidades como la destrucción de los contratos colectivos, la exoneración del ISLR a las transnacionales petroleras, el aumento del IVA, y la continuidad del financiamiento del déficit fiscal con la generación de dinero, lo que dará un nuevo impulso a la hiperinflación.
Sin embargo, a la hora de definir qué salida defendemos ante el desastre en el que nos han sumido el gobierno y la burguesía, surgen algunas diferencias importantes que abordaremos. En una entrevista publicada por la organización de derechos humanos Provea, Sutherland ha afirmado que la única manera de recuperar la producción petrolera es “abrir el mercado para dar concesiones y que saquen el petróleo por nosotros” (Manuel Sutherland: La guerra económica es la excusa para tapar una mala administración, 9 de septiembre de 2018 www.derechos.org.ve/actualidad/entrevista-provea-manuel-sutherland-la-guerra-economica-es-la-excusa-para-tapar-una-mala-administracion). Otras medidas que plantea son un préstamo internacional de 25 mil millones de dólares, la moratoria de la deuda externa y liberar el tipo de cambio. Estima que la nómina de trabajadores del país, unos 12 millones de asalariados, se puede cubrir con unos 3600 millones de dólares, lo que supone un salario promedio de 25 dólares mensuales.
En su artículo ¿Maduro tiene un plan? (nuso.org/articulo/nicolas-maduro-tiene-un-plan/), publicado a fines de agosto por la Revista Nueva Sociedad, Sutherland plantea que no hay una base económica para el aumento salarial de agosto, que llevó el salario mínimo a un dólar diario, argumentando que “(se requiere) de un sólido y sostenido incremento en el desarrollo de las fuerzas productivas, una expansión de la productividad y de la magnitud de la producción. Sobre esta última base se pueden desarrollar todas las luchas obreras posibles por ampliar la remuneración, por reducir la plusvalía arrebatada por el capital. Sin esa base es imposible aspirar a ninguna mejora”.
El chavismo viene entregando el petróleo a las transnacionales
El gobierno ya avanza sostenidamente en la entrega de la industria petrolera al capital transnacional. El gobierno de Chávez otorgó decenas de concesiones de 30 y 35 años de duración a empresas mixtas petroleras y gasíferas, tanto en la Faja Petrolífera del Orinoco como en la Plataforma Deltana, en el Lago de Maracaibo, como por ejemplo la empresa mixta Petrowayúu con la yanqui Chevron; y frente a la costa del estado Falcón, donde también están presentes Repsol y otras transnacionales. El falso discurso de la “nacionalización”, la “soberanía petrolera”, incluso el delirio de un “socialismo petrolero”, vinieron a encubrir esa política entreguista, ratificada en 2012 en el programa de Chávez para la reelección, el “Plan de la Patria”. Recientemente, el gobierno de Maduro ha vuelto a la política de los convenios operativos, acordando con empresas extranjeras ceder en concesión pozos petroleros, pagando un porcentaje por cada barril en que aumente la producción. Maduro ha hecho llamados cargados de un dramático servilismo, como su imploración a la compañía holandesa Shell para que se instalara en este “paraíso para la inversión en petróleo y en gas. Vengan a invertir, les tiendo mi mano a la Shell internacional y a todas las empresas internacionales” (Maduro: Tiendo mi mano a Shell para que invierta sus recursos en Venezuela, 25 de agosto de 2018 www.eluniversal.com/economia/18766/maduro-tiendo-mi-mano-a-shell-para-que-invierta-sus-recursos-en-venezuela).
Si adoptáramos la orientación privatista que sugiere el compañero Sutherland para la industria petrolera (dar concesiones y que saquen el petróleo por nosotros), habría que valorar positivamente estas medidas de Maduro, o quizás hasta exigirle que avance más rápido en esa misma dirección. Pero ello no tiene sentido, en primer lugar, porque desde la creación de Pdvsa a fines de la década de 1970, nunca la producción estuvo tan baja como en este momento. Mientras hubo un monopolio estatal de la producción, sin empresas mixtas ni transnacionales, esta fue en promedio más del doble de la producción actual, que ronda un millón de barriles diarios. No es el carácter estatal de Pdvsa el problema. Para caer a este nivel calamitoso fueron necesarios muchos años de desinversión, la expulsión mediante salarios de hambre de miles de técnicos, profesionales y obreros calificados, en fin, una política que refleja la rapiña y el saqueo que son el sello característico del chavismo.
El primer paso para contar con los recursos para invertir en la industria y revertir su decadencia es cortar el desangre que representa el pago de una deuda externa ilegítima e ilegal, contraída por delincuentes y empleada para alimentar esquemas de corrupción, comprar empresas y fugar capitales. Debemos exigir que los miles de millones de dólares que el propio gobierno admite que fueron robados mediante sobrefacturación de contratos y depositados en paraísos fiscales por parte de la burocracia petrolera ligada a Ramírez, sean repatriados e invertidos en la industria petrolera estatal, reorganizada mediante la participación democrática de sus trabajadores.
A la política de privatización petrolera, que refleja un consenso entre el gobierno y la oposición patronal, debemos contraponer desde la izquierda la estatización de la industria petrolera. Recuperando los salarios y reorganizando democráticamente a Pdvsa, es posible invertir en una industria 100% estatal y recuperar los niveles de producción. Podemos parar el saqueo y procurar al regreso de miles de trabajadores estableciendo un contrato colectivo cuya remuneración base sea de por lo menos 300 dólares mensuales. Es imposible evitar que los mejores cuadros obreros y profesionales huyan del país si mueren de mengua con salarios miserables y pueden ganar entre 500 y mil veces más haciendo el mismo trabajo en cualquier otro país. La clase trabajadora es nuestra única reserva humana, política y técnica para la recuperación de la industria petrolera y la economía en general, no podemos aceptar que el gobierno la siga liquidando con salarios de hambre.
¿Colaboración de clases hoy para poder luchar mañana?
Si la recomposición de los salarios es una condición necesaria, aunque no suficiente, para la recuperación de la industria petrolera, ¿no es lo mismo cierto para el conjunto de los salarios en relación con la economía del país? La discusión es si debemos esperar a que se recupere la producción y solo a partir de ese momento luchar por aumentos del salario real, recomendando a las organizaciones obreras que ofrenden una tregua al gobierno y a la burguesía, para que cuenten como ventaja comparativa con unos salarios míseros que ni remotamente permiten la reproducción de la fuerza de trabajo. O si por el contrario, debemos convertir la lucha por el aumento del salario real en el eje de la lucha actual.
Los marxistas no adoptamos el ilusorio punto de vista de los intereses generales de la sociedad, entendemos que en una sociedad dividida en clases antagónicas eso no es posible. Lo que se enmascara detrás de ese supuesto interés económico común es el punto de vista de la burguesía y es nuestro deber develar esa trampa ideológica. La cuestión de fondo es si los asalariados deben asumir que estamos en una etapa que exige la colaboración de clases o si deben mantener su independencia política, con más razón incluso, cuando la crisis es más aguda.
Miles de trabajadores de la salud, eléctricos, universitarios, petroleros, y de otros sectores están movilizándose desde comienzos de este año por aumentos sustanciales de salario cuya referencia sea el costo de la canasta básica. Nosotros partimos de defender el derecho al trabajo, a un salario y a una vida digna, sin hambre ni miseria, y decimos con claridad que hay que cambiar todo lo que amerita ser cambiado para garantizar esos derechos. Si la burguesía, bien sea su sector emergente chavista o la burguesía tradicional, son incapaces de garantizar esos derechos, entonces queda suficientemente demostrado que son los trabajadores quienes deben gobernar y hacer todo aquello que la burguesía no quiere o no puede hacer. Estas lecciones políticas deben derivarse de la lucha de vida o muerte que es literalmente la lucha salarial en Venezuela.
Por eso es que necesitamos la unidad de la oposición de izquierda, la articulación y unificación de las luchas obreras, y también el concurso de economistas y técnicos de izquierda, para participar en esa lucha por el salario, construyendo un marco estratégico, ordenando nuestro programa sobre el eje de derrotar el hambre y la miseria. Así adquieren sentido las demás medidas de un programa económico alternativo que posibilitarían un aumento del salario real, en vez de los aumentos nominales que realiza Maduro, entre esas medidas están el no pago de la deuda, la estatización de la industria petrolera, la reforma agraria y la creación de una agroindustria estatal, la repatriación de capitales, una reforma tributaria progresiva, la confiscación de propiedades a boliburgueses y empresarios de maletín.
Claramente, el Frente Amplio-MUD no puede levantar un programa que dé respuestas a las aspiraciones del pueblo trabajador, por eso cifra sus esperanzas en la intervención extranjera y no apoya las luchas en curso. ¿Es posible que el gobierno aplique un programa en algún sentido progresivo? Si algo ha quedado demostrado luego de todos estos años es que, por los intereses de clase que encarna la dirigencia chavista, ello es imposible. No es meramente una dirigencia inepta e incompetente, estamos enfrentados a una política de saqueo al servicio del capital financiero, de las transnacionales, y de esa burguesía emergente integrada por una conjunción de burócratas, empresarios y lúmpenes cuya acumulación pasa por métodos gangsteriles como apropiarse de la renta petrolera asignándose dólares baratos. Hay que descartar totalmente cualquier ilusión en que el gobierno “rectifique”, despidiendo a los asesores posmodernos que aseguran que “la inflación no existe” y recibiendo una asesoría correcta que los eduque en materia económica. La única educación que les corresponde es la que les debe dispensar con severidad la movilización obrera y popular.
