De entrada no es tan fácil emitir una opinión sobre este tema, debido sobre todo a la incidencia de las posiciones polarizadas en el mundo político venezolano. Iré mencionando una serie de elementos que hay que considerar a este respecto:

1. Tenemos años denunciando la suspensión de la democracia al interior de las universidades. Al respecto existen varios documentos individuales y colectivos que hemos circulado en las redes en los últimos años. En esta desaparición de los mecanismos democráticos universitarios tienen responsabilidad tanto el gobierno chavista-madurista como las autoridades rectorales que están en funciones. Los primeros por las reiteradas decisiones anteriores del TSJ que han suspendido todas las elecciones rectorales, decanales y hasta gremiales dentro de las universidades venezolanas (unido a la ausencia de una política definida desde el gobierno hacia las universidades autónomas). Los segundos porque nunca han denunciado con firmeza esa suspensión reiterada de elecciones por parte del TSJ, y por el contrario se han beneficiado del cheque en blanco que les ha dado el gobierno por más de una década (alargamiento por tres y cuatro períodos rectorales lo que debió durar sólo 4 años, y otorgamiento anual del debido presupuesto –aunque en el período madurista ese presupuesto se ha reducido al mínimo).

2. Por consiguiente, una posición coherente no debe ni apoyar la decisión del TSJ ni apoyar tampoco las posiciones asumidas por los rectores de las autónomas. En el marco de un estado madurista en el cual casi todos los poderes públicos (salvo la AN) están bajo control absoluto de la elite PSUV-Militares, la decisión del TSJ debemos verla como expresión directa del gobierno de Nicolás Maduro. Y el gobierno de Maduro durante casi siete años ha tenido una omisión total de políticas universitarias, las cuales han quedado al garete (no sólo las autónomas, nos referimos a todas las universidades públicas incluyendo la UBV). Nunca ha existido por parte del gobierno (tampoco del lado de los rectores) la menor intención de debatir democráticamente la crisis universitaria. Maduro y su gobierno no tiene moral para tomar decisiones unilaterales que afecten la vida de las universidades. Cualquier decisión debería surgir de un consenso logrado mediante escenarios de debate democrático con todos los factores políticos que hacen vida en las instituciones públicas.

3. El sistema electoral que ha "decidido" el TSJ no refleja las inquietudes y propuestas que durante años de debate hemos recogido, por lo menos a nivel de LUZ. Si bien se le otorga voto a empleados y obreros, que es algo que apoyamos desde hace décadas, el considerar a los egresados, a los empleados y los obreros al mismo nivel de incidencia electoral que los profesores y estudiantes es una desproporción en cuanto a la incidencia que cada uno de estos sectores tiene sobre las funciones de las universidades. Las instituciones universitarias producen conocimientos y producen profesionales que llevan esos nuevos conocimientos. Esa tarea es función prácticamente exclusiva del personal docente, con el concurso imprescindible de todo el alumnado de pre y posgrado. Estudiantes y profesores constituyen el corazón de las universidades. Los empleados y los obreros son personal de apoyo, que en una considerable proporción no tienen ninguna incidencia en los procesos de docencia, investigación y extensión. Los egresados, si bien formaron parte de la comunidad universitaria, en su vida profesional están casi todos muy alejados de la cotidianidad académica como para ser considerada con tanto peso su poder de decisión para elegir autoridades.

4. Aunque no tengo una posición definitiva sobre esto, pienso que un sistema electoral donde estudiantes y profesores tuvieran el 80 % del poder de decisión electoral (40% cada uno), los empleados y obreros tuvieran un 10%, y los egresados el restante 10%, sería más ajustado a la realidad de la vida universitaria.

5. Por otra parte, ese sistema electoral del TSJ incluye que los ganadores deben haber vencido por lo menos en tres de los sectores con derecho a voto. Este aspecto es un poco absurdo, e ignoro si pueden existir argumentos serios para justificarlo. Pareciera una "trampita" que incorpora el TSJ para enredar el acto electoral por medios antidemocráticos.

6. Dada la correlación de fuerzas en las universidades y en el país en general, en cuanto a representatividad aparente de los bandos en pugna, este conflicto entre el TSJ y los rectores universitarios se resolverá sin mayores posibilidades de participación democrática de las bases profesorales y estudiantiles de las universidades autónomas. El gobierno va a movilizar a la poca gente que aún conserva dentro de las universidades (y buscará engrosar fuerzas metiendo sus "colectivos" y milicianos); y la oposición pro-Guaidó también buscará movilizar sus menguadas fuerzas. Ambos bandos actuarán sin abrir espacios de debate democrático, pues cada extremo de la polarización presupone que ya todo está dicho y que sólo resta actuar (los unos interviniendo las universidades, y los otros esperando la anhelada "intervención" salvadora de los marines gringos).

7. Por tanto, la propuesta que surge es el que fijemos posición independiente, como universitarios, distanciándonos de ambos bandos con los cuales no tenemos mayores coincidencias políticas ni académicas, y promoviendo espacios de reflexión y movilización al interior de las universidades. La respuesta que encontremos en esta estrategia determinará si podemos ir más allá de una simple declaración.

8. Finalmente, es bueno continuar exigiendo que cualquier proceso de democratización de las universidades debe aplicarse también a la UBV y demás instituciones controladas por el madurismo. Es inaudito permitir que el gobierno hable de democracia en las autónomas cuando en sus universidades no existe ni una pizca de democracia.