Desde la implementación por parte del Gobierno Nacional del Plan Caura en abril de este año, en las zonas auríferas del Estado Bolívar, ha provocado un debate sobre su aplicación y consecuencias; esto a raíz de una medida que desde cualquier punto de vista se evidencia el carácter represivo y sin propuestas; para buscar oportunidades de un desarrollo sustentable sobre la explotación, transformación y comercialización del oro, que de respuesta a los mineros y comunidades; así como también, a la economía subterránea que se genera de tiempos inmemoriales en torno a esta actividad.
Ahora, esta medida nos hace reflexionar a que interés responde esta política improvisada que carece de objetivos específicos y que conlleva un nuevo fracaso, como la Misión Piar; creada el 26 de septiembre de 2005, “para lograr el desarrollo sustentable de las comunidades mineras y así dignificar la calidad de vida de los pequeños mineros” y que abarcaba Eje Upata - Km. 88, Eje Santa Elena de Uairén – Icabaru, Eje La Paragua - Alto Caroní, Eje Río Aro – Guaniamo”.
Como parte de los desaciertos, desde junio de este año, los trabajadores de las transnacionales de los municipios Roscio, El Callao y Sifontes, salieron a las calles en protesta para solicitar se instalen mesas de trabajo en la sede del BCV en Caracas y se pueda modificar la resolución N° 09-06-03 de junio de 2009, y se pueda igualar la paridad 50/50 para las empresas privadas, así como se hace actualmente con las empresas mixtas y del Estado.
Esta resolución contempla que las empresas mineras deberán destinar al mercado interno, al menos el setenta por ciento (70%) del total de su producción aurífera, causada dentro de cada trimestre calendario, dentro del territorio nacional; en tal sentido, un sesenta por ciento (60%) deberá ser ofrecido en venta, obligatoriamente al Banco Central de Venezuela y un diez por ciento (10%) se destinará al sector transformador nacional. Tales porcentajes serán calculados sobre el peso en kilogramos del oro fundido o refinado producido conforme a la normativa que regule la materia.
El instrumento legal también reza que el 30% restante podrá ser exportado, no obstante el BCV podrá autorizar o negar la comercialización hacia el exterior según lo establecido en manuales o la prioridad determinada por el directorio del Instituto.
El "Chino" Khan, Ministro de Industrias Básicas y Minería (Mibam) en visita reciente a El Callao, comentó que el Banco Central de Venezuela estudia la posibilidad de modificar la resolución del Régimen de Comercialización del Oro y sus Aleaciones, dando respuestas a las protestas recientes realizadas, por parte de los trabajadores. Nos preguntamos. ¿A quién beneficia esta medida?; por supuesto a las transnacionales. Estas transnacionales se aprovechan de las necesidades del pueblo trabajador por el empleo y utilizan su capacidad de movilización para defender los intereses del patrono, que solo le interesa el extraer el oro y dejarnos a los pueblos de sur los famosos “espejitos”. En cuanto a los pequeños mineros; la Comisionada Nacional de Minas del (Mibam), Laura Paredes, anunció “que una vez que se comience la segunda fase del Plan Caura a finales del mes de julio, la acción del ente comenzará una labor en otros afluentes y ríos que no afectan directamente a la cuenca en los cuales se verán igualmente desalojados equipos mineros porque no están debidamente legalizados; se renovarán permisos ambientales de la zona de Biscaitarra, Hoja de Lata, Sagrado Corazón de Jesús, La Prueba, Apanao y Las Flores Ocho. El Mibam cuenta con 83.343 hectáreas libres y dispuestas para la pequeña minería.” Nos preguntamos nuevamente. ¿En cuál estudio de impacto ambiental se basan las autoridades para aseverar que renovarán permisos ambientales que no se afecta el ecosistema de selva?...
En definitiva el Gobierno Nacional, carece de una política coherente con la explotación del oro al dejar evidente los arranques y retrocesos, en iniciativas que chocan con la realidad social y ambiental, que está entorno al aprovechamiento de las riquezas de las selvas de Guayana.
Nos permitimos en primer lugar, afirmar que la política minera para el desarrollo equilibrado y sustentable del oro no puede seguir siendo diseñada en cuatro paredes en Caracas y luego venir a ensayar sin criterios; para luego revisar las encuestas de la opinión pública, esta práctica es perjudicial desde cualquier punto de vista; cuando no se toma en cuenta a todos los que habitamos en el Estado Bolívar en participar en la propuesta, planificación, ejecución y control de las políticas públicas que afectan de manera directa el ambiente que nos rodea. Esta participación protagónica debe comenzar por organizar a los mineros en un programa de formación socio-política-productiva, que permita tener una comprensión crítica de la actividad minera y de su participación en el cambio de la realidad.
En segundo lugar tiene que unificar criterios en la elaboración y creación de leyes y normas que regulen la actividad minera; donde prevalezca la asignación de las concesiones de los yacimientos mineros que pertenecen a los venezolanos y que el aprovechamiento tiene por objeto satisfacer las necesidades colectivas de las comunidades; pues hasta ahora sea pretendido es cambiar el modelo y ese es un error reiterativo, hay que cambiar el sistema. Hay que hacer un ejercicio con los mineros, las comunidades aledañas y gobiernos municipales para construir una propuesta socialista.
Es el modo de producción capitalista el que impera en la administración de las concesiones mineras y prueba de ello, es el modelo de los contratos con trasnacionales que poseen la mayoría accionaria y Venezuela es relegada a una participación minoritaria; no es el caso de las concesiones petroleras, hierro, aluminio en donde el Estado en la legislación asume la mayoría de la inversión y en consecuencia, la administración de la producción. Este sería un paso cualitativo a tomar en cuenta en la reforma de la legislación minera del oro; que permitiera dar un cambio a raíz, otorgando al pueblo del estado Bolívar en sus diversas expresiones y utilizando diversos métodos de consulta la construcción de una política minera integral.
De manera de hacer un ensayo de contraloría social nos preguntamos. ¿Quién controla el oro que entra y sale del Banco Central de Venezuela?, ¿Para qué se utiliza el oro que salen de las minas de Guayana y que es de todos los venezolanos? Y por último, ¿Por qué no se incentiva de manera determinante impulsar la orfebrería en todo el sur del estado Bolívar?.
(*) Trabajador de ALCASA
mfiguera77@yahoo.com
