1 Introducción

La estrecha relación entre el petróleo y la política en Venezuela es un hecho harto conocido, así lo han demostrado, desde principios del siglo veinte, la instalación de la feroz dictadura de Juan Vicente Gómez para dar paso al dominio y consolidación de la explotación petrolera en manos de las empresas transnacionales, el derrocamiento de Medina Angarita, luego de la promulgación de la Ley de Hidrocarburos de 1943, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el período de la democracia representativa, la nacionalización de 1975, el derrumbe de la Cuarta República y el advenimiento de la Quinta. Aunque han transcurrido casi cien años del inicio de la explotación comercial del petróleo en nuestro país, debemos afirmar que en el presente esta relación entre política y petróleo, se ha hecho aún más estrecha. El golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y el sabotaje petrolero que se inició en diciembre del mismo año, así lo testifican.

Más aún, me atrevo afirmar que el mismo colapso de la Cuarta República y la profunda crisis en la que sumió al país, está íntimamente relacionado con el petróleo. En efecto, con la Apertura en los años noventa se produjo un verdadero asalto al petróleo venezolano, un asalto coordinado por algunas instituciones internacionales de los países consumidores y las grandes transnacionales de siempre, quienes, en complicidad con la meritocracia petrolera, la oligarquía y sus representantes políticos, conspiraron contra el Estado Venezolano, propiciando su desmoronamiento y la subsiguiente crisis económica y social para nuestro país.

Como veremos no se trató de hechos aislados o fortuitos, por el contrario, se trató de una estrategia desplegada desde la nacionalización misma, orientada, en primera instancia a la captura y control de PDVSA por el interés transnacional, a la minimización de la valoración de nuestro recurso, a la evasión del control por parte del Estado y sus instituciones, hasta la confrontación abierta y directa en contra de la nación y en contra del Estado Venezolano.

Bien planificado y diseñado por lo demás, a Petróleos de Venezuela se le asignó el papel de Caballo de Troya, un papel que una meritocracia transnacionalizada estaba más que dispuesta a asumir. Así, la esencia de la Apertura Petrolera puede resumirse en pocas palabras: La globalización del recurso natural. Éste ya no sería nacional sino que estaría a la libre disposición de los poderosos países consumidores presentándose como los dueños del globo. Con la Apertura Petrolera el capital transnacional pretendía expropiarle al pueblo de Venezuela el manejo y uso soberano de nuestro principal recurso: el petróleo.

De allí el colapso del ingreso petrolero fiscal en los años noventa, sobre el cual volveremos más adelante con más detalles. Fue este colapso el tiro de gracia a la Cuarta República. Malherida ya y en plena decadencia, Petróleos de Venezuela no concurrió a auxiliarla; todo lo contrario, presionaba para barrer con cualquier vestigio de control estatal sobre el petróleo, estaba preparada para entregar nuestros recursos energéticos al capital transnacional y ceder ella misma sus espacios de actuación por la vía de su privatización, todo ello en la vorágine del festín privatizador y globalizador que quisieron imponerle a nuestro país y que el pueblo de Venezuela supo detener, luego del caracazo, las rebeliones militares del año 1992, hasta la abrumadora victoria del Presidente Chávez en diciembre de1998.

La vieja PDVSA, antes de ser anti-chavista, ya se resistía al control del Estado y aunque convivía con sus instituciones y mantenía alianza con sus partidos tradicionales, los despreciaba y propugnaba por desplazarlos. En realidad, la vieja PDVSA era esencialmente antinacional, y este hecho no era un secreto para nadie. El discurso globalizador y antinacional era un discurso público, con claras expresiones políticas y el origen de este discurso se encuentra en el mismo acto de nacionalización y creación de PDVSA.


1.1 La Nacionalización, la Corporación Venezolana de Petróleo y el Ministerio de Energía y Petróleo.

Cabe recordar que antes de PDVSA la operadora del Estado Venezolano era la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP). Ésta se creó en 1960 como Instituto Autónomo con algunos rasgos de compañía comercial. La autoridad máxima de decisión residía en su Consejo Directivo, presidido por el Ministro, entonces de Minas e Hidrocarburos, y a este Consejo Directivo estaba subordinada una Junta Ejecutiva presidida por un Director General. Era éste nuestro esquema nacional de la industria petrolera, y lo fuimos experimentando y desarrollando, exitosamente, a lo largo de los próximos quince años; es éste el esquema de la industria petrolera en todos los países productores de petróleo miembros de la OPEP. Sin embargo, al producirse la nacionalización – la que Juan Pablo Pérez Alfonzo caracterizó acertadamente como “pactada” – se creó una nueva compañía nacional, Petróleos de Venezuela, a la cual se le dio el estatus de una sociedad anónima, disolviéndose la CVP dentro de la nueva estructura de PDVSA. Se impuso así, desde el principio, el esquema transnacional, y se puso a su mando el tren ejecutivo que había servido toda su vida a las transnacionales.

No es de sorprender entonces el discurso que se impuso desde el primer día en esta empresa: Sus ejecutivos se sintieron comprometidos con nada más que, como decían, la maximización del “valor del accionista” y, al igual que cualquier sociedad anónima privada, pretendían que este valor se determinaba después de los impuestos, rentas y regalías. Ignoraban así deliberadamente que el accionista era el Estado, perceptor también de los impuestos generales y, más importante aún, perceptor también de las rentas y regalías generadas no por la iniciativa empresarial, no por la inversión, sino por el carácter de propietario del recurso natural. Ignoraban así deliberadamente la esencia de la nacionalización; la maximización del valor de ese recurso natural: Un recurso natural no renovable, agotable, valioso, y propiedad del pueblo venezolano.

Y como si fuera poco, en realidad, lo de la “maximización del valor del accionista”, al igual como el discurso posterior de la “corporación energética global”, nunca pasó de ser un discurso altisonante y vacío. Revisando todos los supuestos y tan bien publicitados “buenos negocios” de la vieja PDVSA, uno por uno, siempre llegamos a la misma conclusión: No hubo tales “buenos negocios”. Lo que sí hubo, siempre y consistentemente, fue una política de minimizar la contribución fiscal nacional y, por ende, minimizar el valor del recurso natural. La verdad es que la vieja PDVSA prefería pagar impuestos en el exterior antes de pagarlos en Venezuela, con el argumento, producto de concienzudos trabajos de “ingeniería financiera”, de que eran más bajos allá que aquí, actitud ésta explicable en una empresa transnacional extranjera, pero inaceptable en una empresa nacional, del Estado Venezolano.

Así, en PDVSA y sus filiales estaba atrincherada una meritocracia antinacional y perversa, siempre al acecho para atacar cada vez que se le presentaba la oportunidad, sea por que el país atravesaba una coyuntura política difícil, o sea por que el país estaba confrontando una coyuntura económica adversa.

2 La Internacionalización

2.1 Precios de mercado y precios de transferencia

La primera de estas oportunidades se presentó al reducirse la demanda mundial de petróleo, a principio de los años ochenta, como reacción a los altos precios prevalecientes. En efecto, la cesta de crudos y productos venezolanos promedió, en 1981, unos treinta dólares por barril; en dólares de hoy estaríamos hablando de un promedio de 75 $/Bl. Y es entonces que en un esfuerzo de estabilizar el mercado, la OPEP empezó a implantar su sistema de cuotas.

PDVSA, de su lado, aprovechó la oportunidad para iniciar su política de Internacionalización, supuestamente motivada por la necesidad de asegurar mercados para el petróleo venezolano. Ésta se inició en 1983 con una asociación con la Veba Oel (hoy Ruhr Oel) en Alemania. El hecho es que ya en esta primera transacción estaba presente la característica más notoria de toda la política de internacionalización: Se acordaron con la Veba Oel precios con fuertes descuentos. Como lo denunció en aquel entonces Rafael Guevara, en su libro (1983) Petróleo y Ruina: La Verdad sobre el contrato firmado entre PDVSA y la Veba Oel.

Los descuentos eran entonces relativamente fáciles de demostrar ya que todavía el entonces Ministerio de Minas e Hidrocarburos fijaba precios oficiales. Pero dos años más tarde el gobierno, confrontado con un mercado cada vez más difícil a la víspera del colapso de los precios que se iba a producir en 1986, cedió a las presiones de PDVSA de eliminar los precios oficiales. Argüía PDVSA que necesitaba toda la libertad para enfrentar un mercado cada día más competitivo. Pero, el hecho es que no sólo el entonces Ministerio de Minas e Hidrocarburos dejó de fijar precios, sino que se dispuso por Resolución conjunta de este Ministerio y el Ministerio de Hacienda, con vigencia retroactiva al 1º de enero de 1984, que de aquí en adelante se iban a aceptar como buenos el “precio declarado por el contribuyente”, es decir, PDVSA (Gaceta Oficial No. 33.142, del 11 de enero de 1985). En otras palabras, para los próximos quince años no hubo control alguno en cuanto a los precios que se aplicaban para la liquidación de la regalía, para el impuesto sobre la renta, o para cualquier otro fin, era el inicio del desmantelamiento de los mecanismos de control del Estado Venezolano.

PDVSA siguió entonces adelante con su política de internacionalización y de precios descontados los que, de ahora en adelante, iba a ocultar sistemáticamente. Su existencia se rumoreaba, pero la Meritocracia siguió negándolo una y otra vez hasta el final de sus días, a pesar de los sucesivos pedidos de información por parte del Ministerio de Energía y Minas en el año 1999, así como el informe del Lic. Rafael Ramírez Coronado, Comisario Mercantil de PDVSA del año 1999 y 2000; donde ya se denunciaba y se comenzaron a hacer estimaciones en base a las informaciones que estaban disponibles.

Posteriormente, la Internacionalización se concentró en los EEUU, con la adquisición primero de manera parcial y luego total del sistema de refinación de la Citgo. Entre 1986 y 1998, Petróleos de Venezuela adquirió ocho (8) refinerías en los EEUU, con una inversión y aportes de capital que sumaron 4,5 MMM$, una masivas transferencia de capital hacia el exterior precisamente en los momentos en que la economía Venezolana entraba en una de sus mayores crisis producto, entre otras cosas, el colapso de los precios de petróleo de la desinversión, la deuda y la fuga de capitales.

El proceso de Internacionalización se estructuro sobre un sistema complejo de más de 70 empresas, con una estructura organizativa, contable y financiera, que fueron diseñadas para evadir el control del Estado sobre estas inversiones, siendo imposible por parte de éste, siquiera conocer de los estados auditados, manejo de dividendos, pago de impuestos, endeudamientos, gracias a un férreo “Velo Corporativo” que se interpuso entre los negocios internacionales y el control del Estado Venezolano. He aquí la caja negra de PDVSA.

Detrás de ese “Velo Corporativo” sucedieron entre otras, cosas como éstas: descuentos en el precio del petróleo, liquidación de regalías en base a estos precios con descuento, endeudamiento en el exterior, colocando nuestra factura petrolera como colateral de las deudas de Citgo vulnerando de manera evidente nuestra soberanía y violentando el principio de unidad del tesoro. Desde 1989, se aplicó el concepto de “renta mundial”, con lo que por ejemplo, todos los costos financieros de la internacionalización terminaron como costos de PDVSA en Caracas, en detrimento del impuesto sobre la renta.

Ahora bien, y para hacer una larga historia corta, los estudios realizados recientemente por el Ministerio de Energía y Petróleo confirman y precisan los señalamientos del Informe del Comisario del año 1999. Ya con pleno acceso a la información relevante, producto de la recuperación de PDVSA, revelan que en los veinte años que van de 1983 a 2004, los descuentos concedidos por PDVSA a todos sus negocios en el exterior promediaron 1,03 $/Bl, sumando unos 7,5 MMM$. ¡En dólares de hoy, más precisamente de 2004, estos 7,5 MMM$ equivalen a 11,4 MMM$! Estos descuentos favorecieron por igual a los socios privados de PDVSA en CITGO, además de generar obligaciones con el impuesto sobre la renta fuera del territorio nacional. Más aún, la cadena de descuentos no termina en la refinería: CITGO vende la gasolina, en todas partes, a los precios más bajos de la Costa Este de los EEUU.

Otro estudio realizado por el Ministerio de Energía y Petróleo el año pasado, más específicamente sobre el caso de la CITGO, arrojó para el año 2003 las siguientes cifras: Se enviaron 193 MMBls con un descuento promedio de dos dólares por barril, con lo cual los descuentos sumaron 394 MM$. De allí que se produjo una pérdida para el Fisco Nacional, en regalías e impuesto sobre la renta, de 253 MM$. El Fisco estadounidense, en cambio, se benefició en 89 MM$ por concepto de impuesto sobre la renta. Finalmente, el saldo a favor de la “corporación energética global”, por la evasión del pago de impuestos y regalías en Venezuela, sumaba 164 MM$.

La nueva PDVSA, de cuya partida de nacimiento venezolana no cabe duda alguna, le está poniendo fin a esta estructura perversa. Pero hay que tener presente que aún en los casos de las filiales que son 100% de nuestra propiedad, la vieja PDVSA entregó los Convenios de Suministro de Largo Plazo como colaterales a sus deudas, de manera que cambiar sus términos requiere previamente reestructurar dichos Convenios de Suministro. Ello se está haciendo y ya no es más que una cuestión de unos pocos meses. Por otra parte, estamos por terminar un estudio que cuantificará los descuentos concedidos, cargamento por cargamento, desde 1999 al presente. Ello no sólo permitirá al SENIAT formular los reparos fiscales del caso, sino que también abre la posibilidad de que la CITGO recupere, por lo menos en parte, los impuestos pagados en exceso durante los últimos seis años, todo ello de acuerdo con el Tratado de Doble Tributación que existe entre los EEUU y Venezuela.

Por otra parte debemos informar que gracias a las extraordinarias circunstancias actuales del mercado mundial, por primera vez en veinte años estos Convenios de Suministro de Largo Plazo están arrojando resultados favorables a la Nación.

Antes de que termine el año, el Ministerio de Energía y Petróleo estará de nuevo en condición de controlar los precios de exportación. Se implantará un sistema de precios tipo “fórmula”, del todo análogo al sistema utilizado por México y Arabia Saudita, por ejemplo. Este sistema de precios garantiza que PDVSA venderá a todos sus clientes, dentro de la misma área geográfica, afiliados o no, al mismo precio. ¡Y este precio reflejará siempre las mejores condiciones de cada uno de estos mercados! ¡Y estos precios, por lo demás, serán públicos! Arrojaremos así plena luz a los mecanismos para el establecimiento del precio final de ventas que era una de las cajas más negras de la vieja PDVSA. – Y dicho sea de paso, el instrumental que estamos desarrollando en el Ministerio de Energía y Petróleo servirá asimismo al SENIAT para controlar los precios de transferencia de las asociaciones.

2.2 Dividendos

Con el propósito de la vieja PDVSA de minimizar la contribución fiscal en Venezuela iba a la par, logicamente, el propósito de no pagar dividendos. En efecto, ¡por veinte años la Internacionalización simplemente no arrojó dividendo alguno!

Y veamos lo que pasó cuando el Presidente Chávez, en 1999, sí exigió a la Citgo que declarara dividendos para el ejercicio fiscal de 1998. Por fin, era de suponer, se haría justicia y se repatriarían ganancias. ¡Pues no! Ciertamente, Citgo sí declaró 486 MM$ en dividendos – tres veces más que la suma de todos los dividendos que se habían declarado desde 1990, cuando se adquirió el 100% de las acciones de esta empresa – pero, acorde con la estructura montada por los Meritocráticos, declaró dividendos a su casa matriz, PDV América. Ésta, a su vez, declaró dividendos a su casa matriz, PDV Holding, pero redujo el monto de 486 MM$ a 268 MM$. Y PDV Holding redujo este monto aún más: A cero. Todo el dinero fue simplemente reciclado entre los diferentes negocios que tiene PDVSA en los EEUU. Pero ese no fue el fin de la historia, porque PDVSA, desde Caracas, hizo un préstamo interfilial a PDV Holding Inc., por un monto de 40 millones de dólares. Esto quiere decir que el resultado neto de una instrucción por medio de la cual el gobierno esperaba que entraran al gobierno de Venezuela 486 millones de dólares para enfrentar una emergencia económica y financiera aguda, fue que salieran de Venezuela 40 millones de dólares. – El público venezolano, desde luego, sólo se enteraba por la prensa que Citgo, en efecto, había pagado dividendos.

Antes de seguir adelante con nuestra exposición tratando los Convenios Operativos y Negociación, es preciso analizar aunque sea frecuentemente, el desmontaje jurídico de la Nacionalización.

3 Apertura Petrolera y Desmontaje Jurídico de la Nacionalización

3.1 Artículo 3º de la Ley de Hidrocarburos de 1967

En este contexto es oportuno recordarnos de nuevo que, antes de PDVSA, nuestra operadora nacional era la CVP; creada en 1960 como Instituto Autónomo, con un Consejo Directivo presidido por el entonces Ministro de Minas e Hidrocarburos, y una Junta Ejecutiva presidida por un Director General. Era éste nuestro esquema nacional de la industria petrolera el cual se consolidó, jurídicamente, en 1967, con la única reforma sustancial a la Ley de Hidrocarburos de 1943, la cual se concentró en su artículo 3º. – Por cierto, era éste el antecedente inmediato a la Resolución XVI.90 de la OPEP, de 1968; la extraordinaria Declaración sobre Política Petrolera en los Países Miembros.

Aparte de sancionarse con aquella reforma explícitamente la posibilidad de que el Estado podría ejercer todas las actividades del sector petrolero por medio de Institutos Autónomos y Empresas de su exclusiva propiedad, también autorizó a éstos celebrar “convenios y promover empresas mixtas y formar parte de ellas, siempre que los términos y condiciones que se estipulen en cada contrato sean más favorables para la Nación que los previstos para las concesiones en la presente Ley”. De manera que con la CVP se intentó construir, para decirlo de esta manera, sobre el primer piso de las concesiones definidas por la Ley de Hidrocarburos en 1943, un segundo piso, más ventajoso para la Nación.

Pero el soberano Congreso Nacional no se limitó a legislar y establecer esta regla general; tenía toda la intención de supervisar y controlar. De allí que estableció, además, que “las Cámaras en sesión conjunta, debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes, aprobarán las bases de contratación dentro de las condiciones que fijen”. Más aún, prudentemente, en el mismo artículo 3º se definieron a continuación algunas condiciones mínimas de obligatorio cumplimiento para estos convenios y empresas mixtas. Por ejemplo, (i) la duración máxima de los convenios era de 30 años; en cambio, las concesiones duraban 40 años; (ii) los convenios excluían expresamente la posibilidad del arbitraje internacional, al igual como las concesiones, de manera que las partes privadas no podrían menoscabar, aunque sea indirectamente y a través de la CVP, a los derechos soberanos del Estado; y (iii) los convenios se publicarían íntegramente en la Gaceta Oficial.

Cabe señalar que en 1971 la CVP celebró cinco convenios de este nuevo tipo. En lo económico, establecían condiciones significativamente más ventajosas para la Nación que las tradicionales concesiones; sin embargo, nunca llegaron a prosperar debido a la nacionalización de toda la industria que se anunció apenas dos años más tarde.

3.2 Artículo 5º de la Ley de Nacionalización de 1975

Así las cosas, no bastaba con desmontar a la Corporación Venezolana de Petróleo y crear Petróleos de Venezuela como Sociedad Anónima bajo el mando de la gerencia proveniente de las transnacionales; todavía faltaría por desmontar ese artículo 3º de la Ley de Hidrocarburos de 1967. El primer paso en esta dirección se dio mediante una modificación al artículo 5º del Proyecto de Ley que Reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos – popularmente conocida como Ley de Nacionalización – aprobado, casi por unanimidad, por la Comisión Presidencial encargada de su redacción. El único voto salvado provino de Fedecámaras; entre sus miembros se encontraban todas las transnacionales que operaban en nuestro país.

En su formulación original, el artículo 5º rezaba como sigue:

“El Estado ejercerá las actividades señaladas… directamente por el Ejecutivo Nacional o por entes de su propiedad, pudiendo celebrar los convenios operativos necesarios para la mejor realización de sus funciones, sin que en ningún caso estas gestiones afecten la esencia misma de las actividades”.

A este párrafo, sensato, razonable y más bien inocuo, por mandato del Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, se le incorporó un segundo párrafo, redactado por los representantes de Fedecámaras:

“En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los… entes referidos podrán… celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de tales convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes”.

Se mantuvo así la puerta abierta a la inversión privada, aunque sea únicamente en asociación con la empresa petrolera del Estado, una puerta que todas las demás fuerzas políticas querían cerrar. Aún así, podía argüirse que este artículo 5º, como tercer piso montado sobre el artículo 3º de la Ley de Hidrocarburos de 1967, para seguir con el símil, sí reforzaba la presencia de la empresa del Estado, pues ésta iba a tener ahora una participación controladora, y se suponía entonces que ésta consistiría en una participación accionaria mayoritaria. En realidad, la intención de sus autores no era ésta. La verdadera intención de los autores de ese artículo 5º se iba a evidenciar con la Apertura. Pues mientras tanto éste, al igual que el artículo 3º de la Ley de Hidrocarburos de 1967, carecía de relevancia práctica: ya que por los próximos quinquenios no había inversión privada. Pero al promover PDVSA la primera asociación – más precisamente Lagoven, el Proyecto Cristóbal Colón – los socios, es decir, Lagoven, Shell, Exxon y Mitsubishi, acordaron que la primera obtuviera “un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en relación a la supremacía de la Ley de Nacionalización de 1975”.

Y así se hizo. En noviembre de 1990 Lagoven introdujo ante la Corte Suprema de Justicia un Recurso de Interpretación. Éste, así se informó a la opinión pública nacional – más precisamente, así se desinformó a la opinión pública nacional – tenía que ver con unas inconsistencias entre la Ley de Nacionalización del Gas Natural de 1971 y la Ley de Nacionalización del Petróleo de 1975, que era preciso aclarar. En realidad, detrás de esta cortina de humo se escondía el verdadero propósito: Se solicitó, casi de paso, la anulación del artículo 3º de la Ley de Hidrocarburos de 1967. Éste, desde la perspectiva de la vieja PDVSA, era una verdadera camisa de fuerza.

El Magistrado Ponente hizo gala de una diligencia excepcional: Apenas cuatro meses más tarde el veredicto estaba listo y el artículo 3º de la Ley de Hidrocarburos anulado. Todo lo que quedaba ahora era el artículo 5º de la Ley de Nacionalización con su enunciado general y fuera de cualquier contexto. Más, el Magistrado Ponente, aclaró lo que tenía que entenderse por “control del Estado” NO era la mayoría accionaria, sino un supuesto control jurídico, un “Comité de Control” tal como lo iba a proponer PDVSA, sería suficiente; de hecho, tal control no requeriría siquiera participación accionaria alguna.

En base a este veredicto, PDVSA no sólo promovió de aquí en adelante asociaciones en las cuales actuaría de socio minoritario, sino que en todos los contratos de asociación se estipuló, explícitamente, que bajo ninguna circunstancia podría convertirse en socio mayoritario. Esta cláusula, por lo demás, forma parte de todos los “Marcos de Condiciones” que se publicaron en la Gaceta Oficial: Marcos de Condiciones aprobados por un Congreso Nacional en plena decadencia. Invariablemente se estipulaba que “el porcentaje de [Lagoven, Maraven o Corpoven] en el capital social, será en todo caso inferior al 49%”.

Por otra parte, al anular ese Artículo 3º también se había allanado el camino para el arbitraje internacional que formaría parte, igualmente y de la misma manera, de todas las asociaciones: Hecho sin precedente en nuestra historia de país petrolero. ¿Cuál era su importancia? Pues al mismo tiempo en todas las asociaciones se introdujeron unas cláusulas llamadas eufemísticamente de “estabilización”, según la cual PDVSA garantizaría “estabilidad fiscal” a sus socios por toda la duración de la asociación, obligándose a pagar indemnizaciones si fuese necesario (y renunciando, para este propósito, a todo privilegio como empresa del Estado):

“En el Convenio de Asociación serán incluídas previsiones que permitan a [Lagoven, Maraven, Corpoven] compensar, en términos equitativos, a las otras parte, por las consecuencias económicas significativas y adversas derivadas directamente de la adopción de decisiones de autoridades administrativas nacionales, estatales o municipales o de cambios en la legislación…”

La Meritocracia garantizaba así, por que sí, que neutralizaría cualquier decisión contraria del soberano Congreso Nacional en materia fiscal. Pero lo más grave de todo, el Congreso Nacional así lo aprobó como consta en los Marcos de Condiciones publicados en la Gaceta Oficial donde figura el párrafo que acabamos de citar. Abdicó así el Congreso de su soberanía impositiva a favor de aquella Meritocracia: Sólo el mismo Congreso Nacional, no PDVSA, podía dar garantías de esta naturaleza. Aunque fuera por este sólo hecho, absolutamente insólito, el Congreso Nacional y los partidos políticos que lo controlaban estaban condenados desaparecer. Corresponde a la nueva Asamblea Nacional y a las nuevas fuerzas políticas recuperar su poder soberano en esta materia tan elemental.

El Magistrado Ponente, además aclaró, de paso, lo que tenía que entenderse por “convenios operativos”. Aquellos convenios autorizados por el artículo 3º de la Ley de Hidrocarburos de 1967, para los cuales se establecía que “las Cámaras en sesión conjunta, debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes, aprobarán las bases de contratación dentro de las condiciones que fijen”; pues bien este tipo de convenio, de acuerdo al ponente, por no tratarse de convenios de asociación, ya no necesitarían ahora de aprobación alguna y eran de la sola competencia de PDVSA…

De nuevo, el Congreso Nacional terminó por aceptar, los planteamientos de PDVSA, y renunció con respecto a los Convenios Operativos, a sus más elementales deberes en materia de política petrolera.

En consecuencia, las discusiones de política petrolera se convirtieron entonces en un espectáculo secundario, donde una minoría de legisladores revolucionarios se esforzó en vano de resistir al asalto. En realidad, como hemos podido comprobar, todos los documentos relevantes de estos años, ni siquiera fueron redactados por la Comisión de Energía y Minas o el Congreso Nacional; fueron redactados por los Meritocráticos y sus asesores provenientes del ámbito de los países consumidores desarrollados y de las transnacionales. A lo largo de la cadena, desde el Ministerio de Energía y Minas hasta el Congreso Nacional en sesión conjunta, todas las fuerzas gobernantes se limitaron a poner su sello y su firma. El país estaba indefenso.

3.3 Apertura Petrolero y el Ministerio de Energía y Minas

Del Ministerio de Energía e Hidrocarburos de antaño, debilitado por la liquidación de la CVP, ya no quedaba mucho. A la hora de la Apertura las autoridades del Ministerio ni siquiera pudieron prevenir que PDVSA adquiriese “transitoriamente” el 100% de la Citgo y siguiera adelante con los Convenios de Suministro de Largo Plazo a precios descontados. Al final aceptaron lo que, como bien sabían, era un engaño más. En cuanto al Recurso de Interpretación de Lagoven y el veredicto de la Corte Suprema de Justicia, pareciera que ni se enteraron; en el Ministerio no se activó alarma alguna. Asimismo dejaron pasar, y terminaron por apoyar, los Convenios Operativos y los Convenios de Asociación propuestos por PDVSA. Ya, para finales de 1993, el Ministerio se encontraba firmemente bajo control de PDVSA y su Meritocracia.

3.4 Conclusiones

La Meritocracia había cumplido entonces el papel que le habían asignado las instituciones internacionales de los poderosos países consumidores y las transnacionales de siempre. Se había salido definitivamente de las entrañas del Caballo de Troya para ocupar todas las posiciones de poder, en materia petrolera, que podían ocuparse. Vamos ahora a revisar su obra: los Convenios Operativos y los Convenios de Asociación que nos legaron; vamos a juzgarla entonces no por lo que dijeron, sino por lo que hicieron: Tal como nos manda la Biblia.

4 Los Convenios Operativos

A lo largo de los años noventa PDVSA organizó tres rondas de licitación de Convenios Operativos: en 1992, 1993 y 1997; además de una adjudicación directa en 1995 (el Convenio Operativo Boscán). No todos fueron exitosos; en la actualidad el número de Convenios Operativos firmados con inversionistas privado entre 1992 y 1997, asciende a 32.

Como ya hemos visto la figura de los Convenios Operativos estaba contemplada en el articulo 5to de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, la LOREICH, popularmente conocida como la Ley de Nacionalización, señalando de manera taxativa que:

“El Estado ejercerá las actividades señaladas… directamente por el Ejecutivo Nacional o por entes de su propiedad, pudiendo celebrar los convenios operativos necesarios para la mejor realización de sus funciones, sin que en ningún caso estas gestiones afecten la esencia misma de las actividades”.

Es decir se trataba de Contratos de Servicio que no desnaturalizaran la esencia misma de las actividades que estaban siendo reservadas al Estado, que ayudaran para la mejor realización de las funciones del ente contratante, en este caso PDVSA, y no que se hicieran participes, ni que adquiriesen derechos sobre los volúmenes, reservas y precios petroleros, no pueden operar sobre el objeto mismo de la reserva de la Ley. Como ha quedado demostrado en los hechos, con estos Convenios, en realidad, PDVSA simplemente entregó a terceros las actividades de exploración y producción, reservadas por la ley de Nacionalización a las empresas del Estado, o a la figura de Convenio de Asociación con una empresa del Estado.

En lo jurídico, el hecho de que los Convenios Operativos fueran ilegales desde la Primera Ronda, se desprende sin la más mínima duda de un estudio jurídico detallado de todos los Convenios Operativos que realizó el año pasado el Ministerio de Energía y Petróleo. No son, definitivamente, lo que se pretendía, simple empresas de servicio; son productores de petróleo. Tanto es así que muchos de ellos, de hecho, tienen las reservas de hidrocarburos correspondientes en sus libros con la aprobación de la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense.

De este estudio se desprende, además, que con cada nueva ronda o adjudicación directa, los Convenios Operativos se hicieron aún más ilegales. En la Primera Ronda, en 1992, todavía PDVSA se vio forzado de guardar algunas apariencias; en 1997 ya se otorgaron simplemente concesiones, y de las apariencias sólo quedó todavía que PDVSA, por una parte, tenía que aprobar los planes de inversión anuales; en el caso de controversias, sin embargo – me imagino que ya nadie se sorprende – decidiría un arbitraje. Por otra parte, toda la producción se vende a PDVSA. Como ya dijimos, son 32 Convenios Operativos; y me han informado que cada vez que el Congreso Nacional, o la Asamblea Nacional, pedía copias de los mismos, la vieja PDVSA respondió que se trataba de información privilegiada y, por lo tanto, no podrían entregárselos. – Vamos a poner fin a este juego, y aquí les consigno copias de los 32 contratos para los archivos de la Asamblea Nacional.

Los Convenios Operativos se presentaron a la opinión pública como una solución a la producción y el manejo de Campos Marginales. Con la Primera Ronda, así se informó entonces, se entregarían campos marginales abandonados o inactivos; así, en efecto, se hizo. En la Segunda Ronda, ya se trataba de Campos Marginales inactivos y activos. Pero cuando se entregó, por adjudicación directa, el campo Boscán en 1995, éste producía 80 MBD, con lo que difícilmente puede calificarse como campo marginal. Así seguimos a la Tercera Ronda, entregándose oficialmente Campos Marginales en producción.

De esta manera la vieja PDVSA estaba privatizando sus actividades de producción de petróleo, en una política que continuaría desarrollándose con los convenios de asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco, donde como ya veremos también se realizan compromisos volumétricos por la vía de contratos, en detrimento de la participación de PDVSA en la producción nacional. Esta política de privatización de las actividades de producción se extendió a otras actividades denominadas eufemísticamente “no medulares” en el marco de la política de “outsourcing”, jerga esta por cierto muy de la Meritocracia, en el cuyo se vendieron nuestros buques, se entregaron los sistemas informáticos a la SAIC, a través de la tristemente celebre INTESA, se entregaron muelles, sistemas de inyección de gas, sistemas eléctricos y no terminaron de entregar la industria petrolera por el advenimiento de la Quinta República con el ascenso al poder del Presidente Chávez.

En resumen, en el primer trimestre del año en curso los 32 Convenios produjeron 499 MBD, con un valor de mercado de 34,67 $/Bl. Las Contratistas facturaron para sus servicios, en promedio, 18,17 $/Bl, o sea, el equivalente del 52%. (En cambio, los barriles de esfuerzo propio cuestan a PDVSA 4,00 $/Bl). Recordemos que de acuerdo con el artículo 5º de la Ley de Nacionalización, los Convenios Operativos no deberían afectar la esencia de la actividad reservada: ¡Lo que es muy difícil de sostener cuando los supuestos servicios suman 52% del valor de mercado del producto! Más aún, ¡en la Exposición de Motivos de esta Ley se establecía expresamente, que tales Convenios no podrían comprometer un porcentaje significativo de la producción! – Ahora bien, estos son promedios. Veamos ahora ronda por ronda.

Los supuestos “servicios” que cobran las contratistas suman, en el caso de la Primera Ronda – se trata de tres Convenios Operativos – alrededor del 80% del valor de la producción. En otras palabras, produjeron 34 MBD, de un valor promedio de 30,29 $/Bl, y facturaron para sus “servicios” 24,09 $/Bl. Con ello, tomando en cuenta que PDVSA tiene que pagar un 30% de regalía – no la Contratista – y que PDVSA tiene, además, unos gastos de administración que pueden estimarse, muy aproximadamente y en el largo plazo, en 3,33% del precio, PDVSA habría perdido 3,14 $/Bl, siendo el total unos 9,7 MM$. Y decimos “habría”, por que pusimos fin a esta situación absurda mediante un Instructivo emanado del Ministerio de Energía y Petróleo el 12 de abril de 2005, que limita los pagos a dichos Convenios, con efecto inmediato y en cualquier circunstancia, al 66,67% del precio, de manera tal que PDVSA no sufra pérdidas por sus operaciones. (Desde luego, aquí entrego a la Asamblea Nacional copia del mismo.) Tenemos el derecho y el deber de hacerlo, ya que se trata, formalmente, de simples contratos de servicios, y no negociaremos este punto. Es simplemente inaceptable que PDVSA tenga pérdidas por convenio operativo alguno.

En la Segunda Ronda se trata de once Convenios Operativos, y los números son los siguientes. Produjeron unos 192 MBD, de un valor promedio de 37,68 $/Bl, y con una facturación promedia de 24,81 $/Bl, o sea, el 66%. A primera vista lucen entonces algo más ventajosos. Sin embargo, esto es de nuevo el promedio. El hecho es que en algunos de estos Convenios Operativos, la Meritocracia incorporó verdaderos bombas de tiempo, unos incentivos que se activarían una vez que se alcanzaran ciertos volúmenes. Y ello ocurrió básicamente durante los últimos dos años. ¡De allí que hay convenios que facturan hasta el 93% del precio! En ciertos convenios los incentivos facturados suman medio millón de dólares diario; ¡cada dos días un millón de dólares por incentivo para que produzcan petróleo en nuestro país causando pérdidas a PDVSA!¡pero que clase de “buenos negocios” hacia la Meritocracia!. Ahora bien, al aplicarse a todos ellos la limitación de 66,67%, PDVSA y, por ende, la Nación, tiene un ahorro de 78,3 MM$. El promedio efectivamente pagado en esta Ronda baja así de 66% al 54%.

En la Tercera Ronda se trata de 17 Convenios Operativos. Producen unos 162 MBD, con un valor promedio de 35,75 $/Bl, del cual facturan el 53%, o sea, 19,06 $/Bl. Ello luce mucho mejor y, pero bien vale la pena explicar el porqué. En efecto, al firmarse éstos, ya la Meritocracia estaba en campaña de eliminar la regalía por completo. Debemos recordar aquí la fuerte presión y el triste papel que la vieja PDVSA jugó contra la Regalía del 30%, en el seno de la Comisión Presidencial que elaboró el proyecto de la Ley Orgánica de Hidrocarburos hoy vigente. De allí que – así es nuestra convicción – en estos contratos en 1992, se incorporó un mecanismo según la cual se iba a pagarles, partiendo del valor del barril, restando la regalía que pagaría PDVSA. Así, al eliminarse la regalía, se incrementarían los pagos. Pero ocurrió lo contrario: Con la nueva LOH que entró en vigencia en 2002, incrementamos la regalía de un sexto al 30% – del todo acorde con nuestra política de valorizar el recurso natural – y los pagos se redujeron de manera correspondiente. De allí resulta un ahorro, por efecto de la LOH, de unos 69 MM$.

En cuanto al Instructivo, emitido por el Ministerio de Energía y Petróleo, éste previno que PDVSA sufriera pérdidas, en las tres rondas y en este primer trimestre por los Convenios Operativos más onerosos, que hubieran sumado 89 MM$.

Finalmente, he aquí el Convenio Operativo Boscán. En números, a primera vista, luce como el más favorable de todos, pues sólo se paga el equivalente de 34% del precio que fue 29,26 $/Bl. Sin embargo, no sólo se trata de una producción de 111 MBD, sino que se le entregó un campo que producía 80 MBD sin pago inicial alguno. Por tratarse de una adjudicación directa, resulta uno de los casos emblemáticos de la torpeza y mala fe de la Meritocracia.

4.1 El Impuesto sobre la Renta

De lo anterior se desprende que los Convenios Operativos se estructuraron de manera que no pagarían regalía; de ésta se encargaría PDVSA. Al mismo tiempo, se estructuraron para que no pagaran tampoco el impuesto sobre la renta a la tasa petrolera, entonces de 67,7%, sino a la tasa no petrolera de 34% aparentando ser simples compañías de servicio; 499 MBD de petróleo a la misma tasa impositiva que una panadería o una farmacia, aquí existe de manera deliberada una masiva evasión de los impuestos petroleros.

Al mismo tiempo, la Meritocracia se empeñó, exitosamente, en que el Estado no tuviese acceso directo a las contabilidades de la actividad petrolera. Así, la vieja PDVSA se encargo de sacar de sus instalaciones la antigua oficina de la Administración General del Impuesto Sobre la Renta, del entonces Ministerio de Hacienda, restándole su especificidad e importancia a los tributos petroleros. Pero ahora el Ministerio de Finanzas, por intermedio del SENIAT restableció desde el 2003 tal dirección especial para los tributos petroleros. Éste, al estudiar la situación, llegó primero a la conclusión de que la tasa aplicable, en el caso de los Convenios Operativos, sería la tasa petrolera, hoy día de 50%. En efecto, en la Ley de Impuesto sobre la Renta, aquí en Venezuela como en todas partes del mundo, el Fisco se concentra en la esencia económica de la actividad, no en su apariencia jurídica. De manera que si se trata o no de verdaderos Convenios Operativos en el sentido del artículo 5º de la Ley de Nacionalización, no es problema para el SENIAT. El criterio del SENIAT es mucho más simple: Las ganancias de estas compañías varían con la producción y los precios; en consecuencia, para fines del impuesto sobre la renta son productores de petróleo. Se aplica, por lo tanto, la tasa de 67,7% para el año 2001 – el primer año fiscal todavía abierto – y el 50% a partir de 2002, por haberse reformado la Ley de Impuesto sobre la Renta en este sentido.

Pero luego, al revisar las declaraciones de impuesto sobre la renta, el SENIAT se encontró con la sorpresa de que la mayoría de las compañías, y entre ellas las grandes transnacionales, simplemente no pagan impuesto sobre la renta alguno, pues acusan año tras año pérdidas fiscales. No es de mi competencia abundar en muchos detalles del caso, pues le corresponde al SENIAT, pero sí quiero hacer una observación sobre estas pérdidas fiscales. Los Meritocráticos convinieron con las Contratistas que siempre se les pagaría todo en dólares, situación ésta que acabamos de ponerle fin por instrucciones del mismo Presidente de la República y que requiere una acción coordinada con el BCV, ya que existe una clara violación al control de cambios vigente. Ahora bien, a pesar de ello, presentan una contabilidad según la cual operan con préstamos hasta en un 100%. Es decir, su aporte propio de capital es simplemente cero. Luego cargan altos intereses como costos y transfieren así las ganancias al exterior pagando impuestos mínimos, si llegan a pagarlos: Estos préstamos, desde luego, provienen en la mayoría de los casos de sus propias casas matrices. Finalmente, estos préstamos de repente están, digamos, en Euros, y luego se alegan pérdidas multimillonarias por la devaluación del dólar frente al Euro.

Esta es una situación inaceptable, esta es una burla a nuestras instituciones y a nuestras Leyes. Nuestra Ley de Impuesto sobre la Renta será muy flexible, probablemente demasiado flexible en materia petrolera, pero esto es un abuso descarado. Esto no puede permitirse, y estamos seguros que el SENIAT le pondrá fin, para lo cual cuentan con nuestro decidido apoyo técnico y respaldo en su gestión. – Así la situación, el SENIAT tiene entre sus manos reclamos fiscales de miles de millones de dólares; que se están cuantificando.

Nuestras instrucciones a PDVSA de cooperar, sin restricción, con el SENIAT, marca una actitud diametralmente opuesta a la actitud de la vieja PDVSA que permitió que su actividad se convirtiera en una caja negra impenetrable al control del Estado Venezolano. Esta caja negra la estamos desmontando, una a una en sus partes, para transparentar de manera definitiva la gestión de la nueva PDVSA.

4.2 La Migración y la Asamblea Nacional

En total, como ya dijimos, los 32 Convenios Operativos estaban produciendo unos 499 MBD el primer bimestre. Ello es un 5% inferior al promedio del año pasado, lo que se debe a un recorte de un 25% en sus planes de inversión, ordenado por el Ministerio de Energía a Petróleos de Venezuela en su formulación presupuestaria del 2005, como primer paso a la política de migración establecida de todos los Convenios hacia la nueva LOH conforme al Instructivo Ministerial ya citado.

Este proceso de migración puede resumirse de la siguiente manera. Primero, la migración es obligatoria para salir de una situación de ilegalidad y de vicios de todo tipo. Segundo, desde ya, no se siguen reconociendo costos que excedan el 66,67% del valor de mercado del petróleo producido, y es en base a esta regla que se evaluarán los Convenios Operativos, su valor presente neto, para lo que les queda de vigencia formal. Tercero, no le permitiremos migrar a nadie – establecimos un plazo de seis meses – si no se llegó primero a un acuerdo previo con el SENIAT. Cuarto, se instruyó a PDVSA y a la CVP que enderece también algunos entuertos y situaciones irregulares que se señalaron en el Informe del Comisario de 1999 y de 2000, así como por la propia Gerencia de Auditoria de PDVSA; los Meritocráticos, desde luego, hicieron caso omiso de estos señalamientos, así como a las sucesivas instrucciones del accionista al respecto.

Finalmente, la migración debe ser al marco de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, las compañías deben acatar la Ley vigente en Venezuela, ya no cuentan con la complicidad de PDVSA para evadir nuestro marco legal; ésta es la nueva PDVSA.

Las empresas mixtas que se constituyan con una participación mayoritaria del Estado de 51% como mínimo, tal como lo establece la Ley, necesitará de la aprobación de la soberana Asamblea Nacional, de manera que estamos a su disposición para informarles sobre la marcha, sin perjuicio de presentar luego un Informe completo sobre cada caso para su revisión y eventual aprobación.

Quiero concluir este punto anunciándole una meta que nos planteamos, en esta migración así como en todos los nuevos negocios futuros: Implantaremos el principio de que el Estado y, por ende, el pueblo venezolano, obtendrá por cada barril producido, entre la regalía y el impuesto sobre la renta, como mínimo el 50% del valor de mercado. Esta es una nueva visión del histórico “fifty-fifty” que se refería a las ganancias; pero el petróleo se ha venido valorizando cada vez más y hoy por hoy éste tiene que referirse al valor de mercado del barril. Además ese nuevo “fifty-fifty” no más que un piso, es la retribución mínima a la que aspiramos por la explotación de un recurso que es de los Venezolanos. El piso fiscal al que aspiraba aquella Meritocracia, la vieja PDVSA, era cero: Cero regalía, cero impuesto sobre la renta, la estrategia desplegada con el interés transnacional para alcanzar este objetivo de expropiarnos nuestra riqueza petrolera, nos condujo a la profunda crisis económica y social que ha empobrecido de manera sistemática a millones de Venezolanos sin distinción. Por lo demás, más allá de ese piso propiamente fiscal, vienen los dividendos por nuestra participación mayoritaria en todas las empresas mixtas por constituirse.

5 Los Convenios de Asociación

El proyecto antinacional de la Meritocracia avanzaba, a lo largo de los años noventa, por tres vertientes: La Internacionalización, Los Convenios Operativos y los Convenios de Asociación. En cuanto a estos últimos también nos concentraremos en los casos relevantes, relevantes en retrospectiva, así nos concentraremos en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Los cuatro Convenios de Asociación para el Mejoramiento de Crudo Extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco, producen en estos momentos unos 660 MBD de crudo extrapesado, lo que resulta en una producción de unos 600 MBD de crudo mejorado.

Dos de ellas – las que hoy conocemos como Sincor y Petrozuata – fueron autorizadas por el Congreso Nacional en 1993; las otras dos – Ameriven y Cerro Negro – fueron autorizadas en 1997, todas las autorizaciones en el marco de lo establecido en el articulo 5to de la LOREICH, que estaba vigente para la época. En términos generales, observamos la misma tendencia: En lo económico, masivos sacrificios fiscales, 1 % de regalía, 34% de ISLR, aplicando la tasa no petrolera, desde luego, siempre y cuando tuvieran ganancias contables que todavía no ha sido el caso. Sólo han pagado, hasta ahora, sumas irrisorias. Finalmente y en el marco de la interpretación que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 1990 hizo del articulo 5to de la LOREICH, en cuanto al “Control del Estado”, meramente como un control juridico, en todas las Asociaciones PDVSA tiene una participación accionaria minoritaria. Adicional a esto, a las Asociaciones autorizadas en 1997 pero no así en 1993, se les permite una “producción de desarrollo”, es decir, se les autoriza de producir primero y por el tiempo que durara la construcción del mejorador – dos a tres años – crudo extrapesado, no para mejorarlo, obviamente, sino para mezclarlo con crudos más livianos y vender esta mezcla, todo ello con un bajísimo nivel impositivo.

La reducción de la regalía desde 16 2/3% a 1%, se hizo mediante una interpretación a conveniencia del artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos de 1943, donde se establecían reducciones temporales de la regalía para proyectos en desarrollo, que por su grado de madurez así lo requiriesen. Se aplicó esta excepción contemplada en la ley para proyectos maduros, en desarrollo, a unas Asociaciones, que todavía estaban formulados como Proyectos. Por nueve años iba a durar la reducción de la regalía al uno por ciento.

En septiembre del año 2004, dados los extraordinarios resultados financieros de estas Asociaciones, resultados que les han permitido cancelar una deuda cercana a los 9 mil millones de dólares, en apenas, cuatro años, y les ha permitido a las casas matrices de las compañías involucradas reflejar dividendos extraordinarios, nuestro Despacho en aplicación del mismo articulo 41 de la ley del 1943 utilizado para reducir la regalía al 1%, y dado que el mismo establecía en su segundo párrafo que:

“Puede también el Ejecutivo Nacional elevar de nuevo el impuesto ya rebajado hasta restablecer en su monto original, cuando a su juicio hayan cesado las causas que motivaron la rebaja”

El Despacho del Ministerio de Energía y Petróleo propuso el restablecimiento de la tasa de regalía al 16 2/3% que establecía la ley de 1943, así el Presidente Chávez puso fin a esta tasa del 1% en el mismo mes de septiembre del 2004, restituyendo en esta Asociaciones el principio vulnerado de la propiedad del recurso y aumentando la recaudación fiscal en beneficio del pueblo de Venezuela. Cabe destacar que esta medida ha valido, más o menos, en el promedio y al nivel de los precios actuales, unos 2,5 MM$ diarios.

Esta medida, plenamente justificada desde el punto de vista legal y económico, ha sido aceptada por la mayoría de las compañías y sólo una de ellas nos amenazó con un arbitraje internacional, cosa que todavía no nos han notificado oficialmente. Tengan la seguridad de que el gobierno nacional no claudicará en hacer cumplir nuestras leyes y en hacer valer nuestra soberanía, ¡sólo trabajaremos con compañías que respeten estos principios!

Las cuatro asociaciones, y no puede sorprender a nadie, todas tienen sus problemas legales – sin olvidarnos de los Marcos de Condiciones que contienen las cláusulas escandalosas e inaceptables ya citados, según las cuales PDVSA tiene que ser un socio minoritario, aparte de dar una garantía de “estabilidad fiscal” para los 40 a 50 años que durarían (35 años desde el primer cargamento comercial de crudo mejorado, además de los años anteriores de desarrollo del proyecto y las posibles extensiones de otros cinco años en caso de aplicárseles cuotas OPEP).

Pero hay una asociación que merece la especial atención de la Asamblea Nacional, pues las extralimitaciones en este caso son de una naturaleza y de una magnitud que simplemente la pone en una categoría aparte. Es el caso de la asociación Sincor.

5.1 Sincor

En 1993 Maraven presentó dos Proyectos de Asociación para el Mejoramiento de Crudo Extrapesado proveniente de la Faja Petrolífera del Orinoco: Sincor y Petrozuata. En Sincor, el socio principal siempre era la Total (47%); el segundo socio, en la actualidad, es Statoil (15%); PDVSA tiene el restante 38%. En Petrozuata tenemos un solo socio, la ConocoPhillips con 50,1%, y PDVSA retiene el 49,9% restante.

Ahora bien, lo curioso es que cuando recientemente revisamos el caso de Sincor, en relación con las negociaciones planteadas para una posible expansión de la asociación, no encontramos en ninguna parte, ni para el caso de Sincor ni para el caso de Petrozuata, unos documentos fundamentales como son (i) los Proyectos presentados en aquella oportunidad al Congreso Nacional, más precisamente, a la Comisión Bicamaral de Energía y Minas; (ii) el Informe de esta Comisión al Congreso Nacional y, como último, (iii) la documentación del mismo Congreso. El ex-Ministro de Energía y Minas, el Doctor Álvaro Silva Calderón, él mismo miembro de aquella Comisión en 1993, en vano hizo todos los esfuerzos en conseguirlos en los archivos oficiales; lo mismo pasó a los abogados del Ministerio de energía y Petróleo y de PDVSA. Sólo cabía finalmente una conclusión insólita: Alguien se empeño en recogerlos y a desaparecerlos. Las dos compañías nos aseguraron que no sabían de qué estábamos hablando, a pesar de que el Informe de la Comisión, de hecho, lo cita en el primer párrafo de la autorización publicada en la Gaceta Oficial (No. 285.650, del 9 de septiembre de 1993):

“Después de estudiar y discutir en sesión conjunta de las Cámaras Legislativas el Informe presentado por la Comisión Bicamaral para las Asociaciones Estratégicas, acordó con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes, autorizar formalmente la Asociación entre las Empresas MARAVEN, TOTAL…”

En la Gaceta Oficial sólo se publicó, en todos los casos, el Marco de Condiciones, que contenía los aspectos jurídicos, pero no el Proyecto mismo contenido en este Informe. Sin embargo, éste se publica normalmente en la Gaceta del Senado, y así se hizo en los casos de Ameriven y Cerro Negro, pero inexplicablemente no en los dos casos que nos ocupan.

Por nuestra cuenta sí encontramos finalmente una copia del Proyecto Maraven-Conoco y, también, una copia no firmada de aquel Informe de la Comisión. Finalmente también, por nuestra insistencia, la Total sí produjo copias del Informe y de unos papeles más que encontró en sus archivos en París, pero no del Proyecto que, ella insiste, no puede encontrar. Sin embargo, sí tenemos copia del Proyecto Maraven-Conoco, y el Informe nos asegura (pág. 28) que “los dos proyectos son casi idénticos siendo la única diferencia en el proyecto de Maraven-TOTAL…, la instalación de un complejo de hidrodesulfuración en Jose con el objeto de producir un crudo mejorado de mejor calidad.” – Consideramos que es necesario restablecer la memoria de nuestras instituciones y su rol contralor en el caso de las Asociaciones autorizadas por el antiguo Congreso Nacional, en ese sentido entregamos a esta Comisión todos los documentos por nosotros obtenidos para que tengan su asiento en los archivos de la Asamblea Nacional, donde siempre han debido estar.

Ahora bien, estudiando esta documentación, el resultado es realmente sorprendente. En efecto, Maraven-Total presentó en la época un proyecto de producir, aproximadamente, 114 MBD de crudo extrapesado de 8 a 9º API, que se transformarían en 100 MBD de crudo mejorado: Pues bien, la asociación Sincor está produciendo en estos momentos 210 MBD, y planifica expandir a ésta en el futuro cercano a 250 MBD; el mejorador que construyó la Asociación no tiene una capacidad de 100 MBD, sino del doble, de 200 MBD. Asimismo, según el Proyecto, se pidió la autorización para 250 km2 contentivos de 1,5 MMMBls de reservas probadas, justamente lo suficiente para producir esos 114 MBD por 35 años. Pues bien, la asociación Sincor tiene asignada ya un área de 324 km2, contentivas de 2,5 MMMBls de reservas, además de contar con un área reservada de otros 170 km2 que intenta incorporar, definitivamente, el año próximo. Asimismo dispone del gas natural asociado a su sólo arbitrio, cuando simplemente no le corresponde.

De lo que se desprende de lo anterior, es que los asociados actuaron con el más profundo desprecio hacia las decisiones del Congreso Nacional, tomadas en sesión conjunta. ¿Qué más autoridad puede haber? Nada importaba: Con tal que el Congreso Nacional aprobó algún Proyecto, ellos se sentían libre de hacer lo que les complazca. Entre los asociados, desde luego, estaba PDVSA, y todos estos abusos y exabruptos están plasmados en el Convenio de Asociación, además de contar con todos los permisos del caso por parte del Ministerio de Energía y Minas. Eran éstos los años más oscuros de la Apertura Petrolera.

En el Ministerio de Energía y Petróleos tomaremos las medidas más obvias del caso; comenzaremos por cobrarle a la asociación una regalía de 30% por cada barril producido en exceso de los 114 MBD autorizados; medida ésta que ya estamos preparando. Además, les exigiremos a los asociados reducir el área a los 250 km2 autorizados por el entonces Congreso Nacional. Pero todo ello todavía no basta para sanear la situación. Más, por la magnitud del caso, es nuestra convicción, que no le corresponde sólo al Ministerio actuar. Estamos estudiando las opciones, pero todas nos han llevado a una misma conclusión: La Asamblea Nacional tiene que tomar posición frente a este caso escandaloso, pues es ella la que ha sido tratada aquí con un máximo desprecio. Y siendo la Asamblea Nacional en esta materia la depositaría de la soberanía nacional, es nuestra soberanía que ha sido vilmente pisoteada. Asimismo, a nuestro juicio, debe abrirse una investigación y establecer todas las responsabilidades entre las autoridades de entonces.

Como ya dijimos, encontramos irregularidades en todos los casos, pero nada que se parezca al caso de Sincor. Las otras tres asociaciones – aunque todavía en estudio – han respetado por lo menos los volúmenes de producción acordados. De allí pensamos que el Ministerio de Energía y Petróleo sí estará en condiciones por sí solo de enderezar los entuertos y llegar a arreglos ventajosos para la Nación, pero también aceptables para las empresas; no cuestionamos la presencia de las empresas en nuestro país y que la misma obtenga sus respectivas ganancias producto de sus inversiones, pero lo que sí exigimos de manera irreductible es que esta participación se haga en el marco del respeto a nuestra leyes y a nuestra soberanía.

5.2 Conclusiones: La Política de Conservación

Pero hay otro punto de máximo interés, y es que en los dos Proyectos, Sincor y Petrozuata presentados al Congreso Nacional, los asociados se comprometieron a la inyección cíclica de vapor, incrementándose así el factor de recobro de los yacimientos (Documento “Aspectos Técnicos”, proveniente del Congreso Nacional y refiriéndose al caso de Maraven-Total, p.2; idéntico texto se encuentra en el Proyecto Maraven-Conoco):

“Los pozos serán producidos con la asistencia de inyección cíclica de vapor (5 mil toneladas/pozos/ciclo) y serán capaces de producir a tasas iniciales de más de 1200 barriles diarios. Cuando la producción disminuya aproximadamente a 300 barriles diarios, los pozos serán inyectados. Se espera que cada ciclo sea de 16 meses (incluyendo un mes para la inyección de vapor)…”

Ni la asociación Sincor, ni la asociación Petrozuata, jamás inyectó vapor. Se limitó a la producción más barata posible: La producción en frío. Con ella, el factor de recobro escasamente llega al 7%; en otras palabras, el 93% del petróleo in situ se pierde, probablemente para siempre. En una visión transnacional, era hasta lógico decidir por la producción más económica, sacar todo el petróleo posible deteriorando los Yacimientos, ese ha sido el comportamiento tradicional de las transnacionales en los países productores. Pero que la vieja PDVSA se hubiese prestado para ello, demostraba el compromiso ideológico de la Meritocracia con la entrega de nuestros recursos naturales, demostraba el carácter absolutamente antinacional de su accionar; no en balde todos sus cuadros dirigentes provenían de los cuadros gerenciales de las propias transnacionales y su educación transcurría en los grandes centros de estudio de los países consumidores. Aquella Meritocracia le prometió a las Asociaciones más y más tierras, más y más reservas. La Meritocracia, de hecho, por esta vía hasta desincentivó cualquier inversión destinada a la conservación de este recurso natural, no renovable y agotable que es el petróleo. Finalmente, en 1992 a Ameriten y Cerro Negro ya ni siquiera se les exigió inyectar vapor.

Así, las cuatro asociaciones producen en frío, con un factor de recobro del orden de apenas siete por ciento. Ahora bien, al país entero se le informó desde hace muchos años, que las reservas de la Faja ascienden a unos 267 MMMBls. (De hecho, de acuerdo a los Meritocráticos teníamos tanto que ni se justificaba cobrar regalía). Esta estimación parte de dos supuestos: Primero, que el petróleo in situ asciende a 1,2 MMMMBls y, segundo, que se le puede aplicar un factor de recobro del 22%. A los escasos 7% que estamos observando en este momento en la Faja, el resultado es que nuestras reservas se reducen a 84 MMMBls… si no actuamos de inmediato.

Hemos tomado la determinación de no tolerar más la explotación rapaz de la cual está siendo objeto la Faja Petrolífera del Orinoco en este momento. A todas las compañías operando en ella, les exigiremos incrementar, de manera significativa, el factor de recobro ya. Exigimos pues que al recurso natural se le trate con la consideración y el cuidado del caso; que se respeten las reglas de una política conservacionista del recurso natural que incluso es objeto de preocupación a nivel mundial. ¡No autorizaremos un área más de la Faja para aquellas compañías que no cumplan con nuestra disposición de preservar y administrar nuestros recursos!

6 El Régimen Fiscal.

El discurso que se impuso desde el primer día de su fundación en PDVSA era la maximización del “valor del accionista”, entendido al estilo de cualquier sociedad anónima privada: Después de los impuestos. Su tren ejecutivo ignoraba así deliberadamente que el accionista era el Estado, perceptor también de los impuestos generales y, más importante aún, perceptor también de las rentas y regalías generadas no por la iniciativa empresarial, no por la inversión, sino por el recurso natural. Ignoraban así deliberadamente la esencia de la nacionalización, la maximización del valor de ese recurso natural: Un recurso natural no renovable, agotable, valioso, y propiedad del pueblo venezolano.

Lo peor de todo, lo de la “maximización del valor del accionista”, al igual como el discurso posterior de la “corporación energética global”, en realidad nunca pasó de ser un discurso altisonante y vacío. Lo que sí se hizo en serio era minimizar la contribución fiscal nacional y, por ende, minimizar el valor del recurso natural: Al final era Volúmenes vs. Precios. Producir y producir, sin importar los precios, y menos aún la contribución fiscal; producir y producir, no importa quien. Así nos encontramos con el desastroso colapso de los precios en 1998, del cual el principal responsable fue aquella Meritocracia, no sólo por la masiva sobreproducción sino por su negativa de participar en cualquier acción coordinada por la OPEP de volver a estabilizar el mercado. Los precios los recuperamos, ya en el transcurso de 1999, una vez que el gobierno del Presidente Chávez volvió a nuestra política tradicional, como miembro fundador de la OPEP, de considerar siempre los precios como parte íntegra de una política conservacionista.

La recuperación del régimen fiscal, igualmente colapsado, ha sido más difícil y arduo. Los componentes de éste fueron esencialmente cuatro: La regalía, el impuesto sobre la renta, el impuesto de exportación (“precios de referencia fiscal” o “valor fiscal de exportación”), y finalmente los dividendos.

6.1 Impuesto de Exportación

Entre todos ellos, el instrumento fiscal más poderoso fue el impuesto de exportación. Dejando del lado los tecnicismos, éste consistía en que el Ejecutivo Nacional cobraba un determinado porcentaje del precio de exportación: En la práctica, era como un impuesto al valor agregado sobre las exportaciones, a pagar en última instancia por los consumidores extranjeros y no por los consumidores nacionales.

Este porcentaje, desde 1971, lo fijaba unilateralmente el Ejecutivo Nacional, por autorización del Congreso Nacional. Era éste un instrumento extraordinariamente eficaz para ajustar los niveles de imposición al desarrollo coyuntural del mercado. Así, por ejemplo, en 1981, este impuesto de exportación llegó hasta un veinte por ciento del precio de exportación. Sin embargo, ese mismo año el Congreso Nacional legisló para limitarlo a un máximo de 18% para 1982, de 15% para 1983 a 1985, y de 12% de 1986 en adelante. Y en 1993, el Congreso Nacional volvió a legislar, para reducirlo a cero para 1996. Obviamente, el Congreso Nacional le estaba haciendo el juego a la vieja PDVSA.

6.2 Regalía

El segundo instrumento fiscal más poderoso fue la regalía, esta renta minera emblemática. Presente en nuestra legislación desde el mismo decreto del Libertador Simón Bolívar en Quito en el año de 1829 y expresión del derecho que tenemos como propietarios del recurso a percibir una renta por su explotación, más aun cuando se trata de un recurso natural no renovable.

La regalía además tiene una manera muy efectiva de liquidarse, no requiere sino la medición de precios y volúmenes. Ahora bien, antes de la Nacionalización, su tasa mínima fue un sexto. Por medio de licitaciones, sin embargo, se consiguieron tasas de regalía hasta de un tercio; la Sinclair, en efecto, pagó tal tasa por una concesión que adquirió en 1944, hasta el 1976 cuando nacionalizamos. Con la Nacionalización, y sin que el público le prestará atención, estas tasas se nivelaron hacia abajo, a un sexto. Luego el trabajo de PDVSA se centró en debilitar tanto la medición de volúmenes como de los precios. Ya desde 1986, los precios de liquidación de la regalía se basaron, sin control alguno, sobre los precios descontados de la internacionalización, ya el entonces Ministerio de Energía y Minas había abdicado de sus competencias regulatorias y de control. Finalmente, vino el ataque a las tasas de regalía. De repente todos los abogados de PDVSA, al unísono, impusieron como una verdad indiscutible que la tasa de un sexto no era un piso sino un techo.

Así, en cuanto a los Convenios Operativos de la Primera Ronda, la tasa de regalía acordada en la trastienda fue uno porciento; en el Cristóbal Colón, cero por ciento; en las asociaciones de la Faja, 1%, por lo menos por los primeros nueve años de funcionamiento de los mejoradores. En las asociaciones en crudos convencionales, llamadas de “Ganancias Compartidas”, la regalía variaría, sólo hacia abajo, desde luego, en función de la rentabilidad. Finalmente, en 1998, ya PDVSA se dejó de rodeos y anunció que la regalía se eliminaría por completo, y bajo esa orientación llegaron a oponerse abiertamente, hasta participar en la desestabilización, a la promulgación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, por elevar la tasa de regalía al 30%.

Pero poco a poco, con el gobierno del Presidente Chávez, remontamos la cuesta. Primero, en septiembre de 1999, el Ministro Alí Rodríguez dio por terminado los Convenios de Regalía existentes con PDVSA, y exigió que se excluyera aquellos precios de transferencia con descuentos a la hora de calcularse los precios de liquidación de la regalía. Luego, en 2000, la LOH Gaseosos elevó la regalía al 20% como mínimo; y en 2001, siendo Ministro Álvaro Silva Calderón, en la nueva LOH Líquidos se estableció como tasa usual de regalía el 30%. Como ya señalamos, esta Ley que entró en vigencia en 2002, tuvo un efecto inmediato en cuanto a la Tercera Ronda de Convenios Operativos, a parte de sobre PDVSA mismo. Luego, en septiembre del 2004, en el marco de la política de Plena Soberanía Petrolera impulsada por el Presidente Chávez, nuestro Despacho eliminó la tasa de uno por ciento en las asociaciones de la Faja, y se restableció la tasa usual de la vieja Ley que era un sexto. Este año, el Ministerio de Energía y Petróleo también eliminó la tasa variable en las asociaciones de “Ganancias Compartidas”. Finalmente, el 12 de abril del 2005, el Ministerio emitió el Instructivo respecto a los Convenios Operativos con el objetivo de evitar que PDVSA siguiera sufriendo pérdidas y ordenando la migración de tales Convenios al marco de la nueva ley vigente. Definitivamente, en términos económicos, todos los Convenios Operativos generan ahora una regalía de 30%.

6.3 Impuesto Sobre la Renta

Mucho más difícil de cobrar es, sin lugar a duda, el impuesto sobre la renta. Pues no bastan volúmenes y precios; también requiere calcular el costo de producción. Sin embargo el impuesto sobre la renta, con creces, generaba la mayor parte de la participación fiscal petrolera, hasta producirse la Apertura Petrolera. Pero ya en 1989, al adquirir PDVSA finalmente el 100% de la Citgo, esta empresa pasó al concepto de “renta mundial”, con el efecto inmediato de una desplome del ingreso proveniente del impuesto sobre la renta: Pues los daños causados por los precios de transferencia se duplican si se toman en cuenta los daños causados por la “importación de costos”. Por ejemplo, todos los costos financieros de la política de internacionalización se les cargaron al fisco nacional en Venezuela. Sucesivas reformas a la Ley de Impuesto sobre la Renta le dieron cada vez mayor libertad a PDVSA, y a los inversionistas privados, de minimizar sus obligaciones fiscales por este concepto, aparte de que la tasa aplicable para las asociaciones de la Faja se redujo a la tasa no petrolera de 34%. He aquí el resultado: En 1980, el impuesto sobre la renta representaba el 46% del total de la participación fiscal petrolera; para 1993 había bajado al 20%; en la actualidad estará más bien alrededor de 15%, situación que revertiremos dramáticamente con las acciones que se están emprendiendo al respecto y que hemos mencionado anteriormente.

6.4 Dividendos

Si sumamos estos tres instrumentos de la participación fiscal, la situación se presenta así: Entre 1976 y 1993, en promedio, de cada dólar de exportación petrolera, 66 céntimos de dólar iban al Fisco; de 1993 a 2002, el promedio se redujo a la mitad, a 33 céntimos. Es entonces que el gobierno de Caldera, desesperado, recurrió por primera vez a los dividendos. Hasta entonces, el impuesto de exportación había sido el instrumento que se utilizaba para recabar el excedente. Pero los dividendos se pagan el año siguiente y están sujetos a las manipulaciones contables y financieras, con lo que aquella Meritocracia tenía todas las oportunidades de gastar el dinero primero; y así lo hicieron.

Todo lo que se ha logrado por vía de los dividendos, es que esos 33 centavos aumentaron a 45 centavos. El saldo representa una pérdida definitiva en ingresos fiscales de 21 centavos por cada dólar de exportación. En términos absolutos: La baja del ingreso petrolero fiscal para los diez años que van de 1993 a 2002, en comparación con los 17 años que van de 1976 a 1992, fue de 34 MMM$: 3,4 MMM$ anuales. He aquí una de las causas principalísimas del brutal empobrecimiento del país en los noventa.

7 El Sabotaje Petrolero

A la vista de los hechos y demostrado el rol antinacional que jugo la vieja PDVSA y su Meritocracia, no es de extrañar entonces que la afinidad ideológica con el interés transnacional los llevara a confrontarse de manera violenta contra el Estado Venezolano, primero participando activamente en el golpe de estado del 11 de abril del 2002 y luego con su participación activa y militante en el criminal sabotaje a nuestra industria petrolera entre diciembre del 2002 y febrero del 2003.

Cabe recordar un dicho particularmente odioso de la vieja PDVSA: “El problema de PDVSA, se decía, es que somos una compañía del Primer Mundo enclavado en un país del Tercer Mundo”, y ellos, por tanto, decidieron utilizar todo su poder y el dominio que tenían de la dirección de la empresa para atentar contra la Constitución Bolivariana, y en contra de esos millones de pobres que, efectivamente, constituyen la mayoría del Pueblo de Venezuela.

Debemos recordar la ferocidad e irracionalidad del sabotaje petrolero, porque entonces queda en evidencia que, la Internacionalización, la Apertura Petrolera y la privatización de PDVSA eran estrategias muy claras desarrolladas para arrebatarnos de manera definitiva el control y disfrute de nuestro principal recurso natural, el petróleo, y que, ante el firme propósito político del Presidente Chávez y las instituciones del Estado Venezolano de impedir esta expropiación, los intereses transnacionales y sus operadores políticos en el control de la vieja PDVSA, decidieron confrontarse violentamente, el petróleo era para ellos o no era para nadie.

Sólo así puede encontrarse algún tipo de explicación a la actuación de la Meritocracia en contra de su propio país, atentar contra nuestra industria petrolera, no era sólo atentar contra la estabilidad de nuestro gobierno, era fundamentalmente una agresión contra todo nuestro pueblo, contra la patria. Sólo una elite antinacional actuaría como ni siquiera lo hubiese hecho un ejercito de ocupación.

El sabotaje petrolero, hemos estimado con los cierres contables del año 2003, nos produjeron 14.430 MM$ en pérdidas a PDVSA y la nación. Una situación sin precedentes, que sin embargo tiene a sus instigadores y autores materiales claramente identificados y los organismos competentes deberían actuar para sancionar de manera contundente a los responsables de los mismos, de manera que, hechos tan graves como éstos no sigan impunes en nuestro país.

Por cierto que, los mismos medios de comunicación que instigaban de manera diaria y apabullante a la profundización del sabotaje, los mismos medios que prestaban sus espacios de manera permanente para hacerse eco de los llamados al sabotaje y al caos, hoy nos atacan de manera despiadada, les duele que la nueva PDVSA esté en manos del pueblo, les duele que ahora estemos profundizando en el ejercicio de nuestra Plena Soberanía Petrolera, señores de la desinformación, ¡ya nadie les cree!.

Igualmente, existe un conjunto de expertos petroleros, como les gusta hacerse llamar, con profundas vinculaciones a toda la situación que hemos planteado y con el sabotaje petrolero, que hoy se preocupan por los niveles de producción de la nueva PDVSA, pero ¡qué falta de ética y qué falta de moral!, durante la apertura privatizaron nuestra producción petrolera entregándole nuestra participación en la producción nacional a los convenios operativos y a las asociaciones estratégicas, y durante el sabotaje llevaron nuestra producción al colapso de 25 MBD, afectando nuestros yacimientos y paralizando a nuestra industria.

La nueva PDVSA lo que ha hecho es recuperar de manera extraordinaria nuestra producción, la operatividad de nuestras refinerías, nuestros sistemas operativos y de control, nuestros suministros de combustible, nuestro comercio internacional y todas las instalaciones que nos sabotearon!

La realidad es que ahora PDVSA es del Pueblo, está perfectamente alineada con las orientaciones del Estado Venezolano, en manos de su dirección patriota, de sus obreros, de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestro pueblo, siempre atento y vigilantes en la defensa de nuestra principal industria, de nuestra soberanía y de la posibilidad cierta de, ahora si, distribuir la renta petrolera en beneficio de nuestro pueblo, la nueva PDVSA ahora tiene rostro de pueblo y se ha multiplicado en las misiones, la Robinsón, Barrio Adentro, Ribas, Mercal, Misión Milagro y todo el hecho social extraordinario que está recorriendo nuestro país como una espada liberadora al servicio de nuestro pueblo!

La nueva PDVSA ha tenido la suficiente capacidad técnico-operativa para superar el sabotaje y llevar a nuestra principal industria a su operatividad y crecimiento, tenemos además toda la fuerza moral y ética para revisarnos permanentemente, transparentando la gestión de nuestra industria, como lo estamos haciendo ahora y fortaleciéndonos luego de los terribles sucesos y afectaciones del sabotaje petrolero.

Con la derrota del sabotaje el país se libró de una verdadera pesadilla; la vieja PDVSA representaba una carga insoportable para la Nación. Con todos los problemas que debemos confrontar todavía dentro de la nueva PDVSA, éstos no representan ni la sombra de los problemas que confrontamos antes. PDVSA y sus trabajadores ahora es parte integral del país, comprometido con la reconstrucción de la empresa, y comprometido con la construcción de un futuro mejor para toda la Nación. La valorización del recurso natural es su norte, pues esta PDVSA está al servicio del pueblo.

La nueva PDVSA es una compañía venezolana, orgullosamente venezolana, profundamente arraigada en el suelo de la patria.

8 La Distribución Popular de la Renta Petrolera

Esta concepción de la nueva PDVSA va a la par con otra, sobre el destino de la renta petrolera. La Meritocracia y sus seguidores estaban dispuestos a “globalizar” el recurso natural, y conceder libre acceso al mismo a los grandes países consumidores. Bajo el liderazgo del Presidente Chávez el pueblo defendió nuestro principal recurso y lo rescató, para ponerlo al servicio de nuestra Nación.
Bajo esta misma orientación, también será el pueblo el beneficiario de la renta petrolera: Su distribución popular es la dimensión revolucionara de nuestra política petrolera, más allá de su carácter eminentemente nacional. Es, a su vez, una visión popular de la siembra del petróleo. La siembra del petróleo que fracasó, en efecto, en el pasado más reciente fue por su visión elitesca, de una Venezuela excluyente.

Los Meritocráticos, la oligarquía y sus representantes políticos ponen, desde luego, el grito en el cielo. Es ésta la extensión de la misma lucha que se ha librado desde el mismo golpe de Estado del 11 de Abril: La orientación popular y revolucionaria de nuestro Gobierno que ha asumido el compromiso de rescatar y redistribuir la renta petrolera en beneficio del pueblo.

Con la distribución popular de la renta, al invertirla en el bienestar del pueblo, su capitalización humana, su superación social y económica, al invertirla en obras de infraestructura, servicio e inversiones para aumentar la producción nacional, la renta petrolera adquiere entonces una dimensión trasformadora de los terribles desequilibrios y desigualdades sociales que paradójicamente están presentes en uno de los países con mayores riquezas petroleras del planeta.

Pero para la reacción, los factores tradicionales del poder económico, la distribución popular de la renta les parece inaceptable; no así, desde luego, si ésta se canaliza hacia el capital transnacional y hacía las elites económicas que tradicionalmente se han apropiado de la renta petrolera en nuestro país, como ocurrió, con consecuencias nefastas, en la década de los setenta.

Por eso el norte de nuestra política de distribución de la renta petrolera, es disponerla para el Pueblo, para el ser humano, el cual es el centro y la esencia de nuestra revolución.

De esta misión que se nos ha asignado nos sentimos orgullosos, la nueva PDVSA esta concientemente comprometida con el objetivo de cumplir con todos los objetivos técnico-operacionales que nos permitan fortalecernos y transformar nuestro principal recurso energético: el petróleo, en un instrumento transformador.

La nueva PDVSA tiene asignado un rol hermoso: contribuir de manera efectiva, con toda nuestra capacidad, a liberar a nuestro pueblo de las tinieblas de la miseria, de la exclusión. La nueva PDVSA es un instrumento de su pueblo, de su revolución para construir las nuevas relaciones ecónomicas-sociales, que soporten y le den impulso al altísimo nivel de conciencia y movilización que ha obtenido nuestro pueblo a través de todas las batallas que ha dado en defensa de su revolución: la derrota del golpe de Estado, la derrota del sabotaje petrolero, la derrota de la violencia y la desestabilización, la victoria en la batalla de Santa Inés y las muchas batallas que todavía nos faltan librar en pos de la construcción de una patria de hombres libres, donde los principios de la solidaridad y el amor nos conduzcan de manera inexorable a la felicidad de nuestro pueblo, al socialismo.

Rafael Dario Ramírez Carreño
Ministro de Energía y Petróleo
Caracas, 25 de Mayo de 2005