"Cada día debemos ser civiles y militares, más revolucionarios. Hay que revolucionarse por dentro; en los valores espirituales y morales. Un verdadero revolucionario, por ejemplo, no anda buscando beneficio económico alguno ¡no!; un verdadero revolucionario está pendiente del buen vivir del colectivo".

Hugo Rafael Chávez Frías (Valencia, 21 de marzo de 2006)

Siempre hemos reiterado que nos declaramos chavistas, convictos y confesos pero no genuflexos y mucho menos cómplices de quienes utilizan o han utilizado, disfrazados de "rojo rojito", la Revolución Bolivariana para su beneficio personal.

Este principio lo hemos mantenido a lo largo de nuestra vida en nuestras actuaciones personales y en el ejercicio profesional que brindamos a lo largo de 39 años de servicio al Estado venezolano (Inos (9), Cametro (8) y Pdvsa (22)).

Uno de los hechos que hemos tocado en artículos anteriores de opinión, para este portal y otros medios de comunicación del país, es el relacionado con el caso del Fondo de Pensiones de los jubilados de Pdvsa.

Este caso que es público y comunicacional ha trascendido a la opinión pública y sobre todo, porque no ha tenido una respuesta por parte de las autoridades de la industria petrolera y de instituciones del Poder Moral Republicano.

Los reclamos hasta la fecha se han presentado de manera ponderada y basados en los procedimientos que establece un Estado de derecho a los ciudadanos de un país, libre y soberano, a través de las instituciones que deben ser garantes de los derechos humanos.

Es por eso que en este orden de ideas, el colectivo de jubilados de Pdvsa hemos acudido a través de las organizaciones que nos representan como Ajip y otras agrupaciones de carácter reivindicativo (HDR) a las diversas instancias del Poder Moral; Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y Fiscalía General a presentar nuestros reclamos.

Los derechos que trascienden lo moral, lo laboral y lo jurídico han sido expresados en un justo reclamo por la violación a la propiedad individual y colectiva, el cual se expresó en un adefesio jurídico perpetuado durante la administración de Pdvsa y del hoy prófugo de la justicia venezolana, Rafael Ramírez Carreño y su Junta Directiva.

Fue durante su gestión que se efectuó el arrebato de los haberes e intereses del Fondo de Pensiones, al cambiarse los estatutos de dicho Fondo para poder así manejar libremente un capital, expresado en divisas a través de diferentes entes financieros del país y del extranjero.

Los montos que han sido vapuleados y no han ofrecido el debido corte financiero de sus balances, a través de auditorías legalmente establecidas por la Junta Administradora (APJ-PDV), han manejado cifras que superan los 2.750 millones de dólares, lo cual se hizo público durante la gestión de Ramírez Carreño, con un fraude conocido como el "Caso Illaramendi" por unos 350 millones de dólares en los EEUU.

El desespero de los jubilados de Pdvsa se ha hecho público con riesgos de gran envergadura, tal como ocurre hoy con las diversas manifestaciones que el colectivo de jubilados realiza en importantes ciudades del interior del país y en nuestra capital de la República desafiando al Covid- 19.

La situación se ha dejado correr sin que nadie de la industria o de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones (APJ-PDV), hasta la fecha de la cara y garantice el pago de los intereses y haberes al colectivo de jubilados.

Incluso, es grave y debemos señalarlo, el hecho de que en un Estado de Derecho y en plena Revolución Bolivariana, el propio Presidente de la República Nicolás Maduro Moros y el Fiscal General de la República Tarek William Saab, tampoco hayan respondido y sólo han hecho mutis ante el caso.

El hecho es público y comunicacional y ya raya en un presunto fraude, al utilizar el Estado dinero del ahorro de los trabajadores (Fondo Privado) para obras públicas, pero también es ilegal porque ha desconocido - lo que es peor - el pago de los intereses de pagarés - legalmente convenidos - entre la administración del Fondo de los jubilados de Pdvsa y el Estado venezolano.

Las respuestas han quedado en el silencio y la política de desgaste, aplicada por los entes gubernamentales y el Estado para con los jubilados, deja mucho que pensar sobre todo entre quienes creemos en los auténticos valores revolucionarios y democráticos.

Desde luego que el caso ha sido develado y la conducta corrupta de su ejecutor, el virrey "rojo rojito", fue reconocida por el propio Presidente de la República Nicolás Maduro cuando lo calificó como "el capo mayor".

Por eso resulta extraño para el colectivo de jubilados que desde las más altas instancias del Poder Moral, no haya habido una respuesta ejemplarizante.

Los jubilados siempre hemos esperado que se honre la deuda, al menos y se paguen - por ahora - los intereses de los pagarés asumidos por entes públicos como la Misión Vivienda y la Junta Administradora del Fondo de Pensiones (APJ-PDV), cifra que podría superar los 1.700 millones de dólares.

Para recordar los puntos de los reclamos de los jubilados ante el Estado venezolano, los volvemos a señalar públicamente, porque esperan de una digna respuesta y no desafíe la paciencia ya reta hasta el propio Coronavirus.

1.- Modificación de los Estatutos de la APJ-PDV (Junta Administradora del Fondo de Pensiones), quien se atribuyó mediante adefesio jurídico, los haberes y gananciales del colectivo de jubilados de Pdvsa.

2.- Ejecución de los pagos de intereses por parte de Pdvsa-APJ-PDV de 660 dólares por cada jubilado, mensuales, generados por pagarés del Fondo de Pensiones, siendo los jubilados los propietarios legales y únicos.

3.- Establecer las reservas actuariales en relación a la recepción de los estados financieros de la ejecución de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

4.- Cancelación de 140 dólares del recuento de pago acordado con Pdvsa (soportado con recaudos) en mayo de 2019.

5.- Según los jubilados - desde el punto de vista legal - se ha violado la progresividad, la intangibilidad e viabilidad de los derechos laborales del colectivo de jubilados.

6.- Se violaron principios de Constitucionalidad al modificar los estatutos del Fondo de Pensiones de los jubilados de Pdvsa (administración de Rafael Ramírez Carreño).

7.- Igualmente a los jubilados se nos debe reconocer la homologación (LOT) porque según la Constitución de 1999, al jubilarse la pensión debe ser igual al salario que se devengaba al momento de cambiar los estatus de la relación laboral y es igual a la de los trabajadores activos.

8.- Desde hace más de tres décadas – precedente jurídico – Pdvsa ha reconocido el pago a través de la Contratación Colectiva, al igual que la asistencia médica a través de un propio seguro de la empresa, SICOPROSA (desconocido actualmente por la Junta Directiva de la industria y la Junta Interventora Alí Rodríguez Araque).

9.- Existen precedentes jurídicos del TSJ que reconocen caso de los jubilados de Pdvsa desde 1993 en documento constitutivo de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones (APJ-PDV).

10.- En el caso de los jubilados de Pdvsa – que una vez más se hace público – existe una situación jurídica que debe ser solventada al cambiar la Junta directiva de la industria (Administración de Rafael Ramírez y estaba en conocimiento Asdrúbal Chávez) quien cambió con componendas jurídicas (Art. 33 y otros) de los Estatutos del Fondo de Pensiones (APJ-PDV), privando a los jubilados de lo que legalmente les pertenece, al igual que de un servicio vital y vinculado a los Derechos Humanos, como es el Seguro de Hospitalización y Cirugía y pago de medicinas, SICOPROSA.

En mi pueblo dice un refrán que "bueno es culantro pero no tanto" y también otro más acorde con los desafíos en la calle de los jubilados al Covid 19 que dice: "Los jubilados de Pdvsa arrechos, reclaman sus derechos"

¡Amanecerá y veremos!